CARACAS.- En Venezuela los servicios básicos de electricidad y de agua no están garantizados a la población en forma continua desde hace 10 años y, no conforme con eso, serían usados por el régimen de Nicolás Maduro como instrumento de control y opresión en momentos políticos determinados.
Esto significa una grave violación al ejercicio de los derechos humanos en el país, afirman abogados expertos en el tema, con base a registros que ponen en duda las coincidencias.
A un mes y dos días de las elecciones que derivaron en fraude electoral, el 30 de agosto, un apagón masivo de más de 10 horas, seguido de interrupciones eléctricas prolongadas, dejó a la mayor parte del territorio nacional en inquietante incertidumbre, en medio de una represión política sin precedentes.
El régimen de Maduro, enseguida, calificó el evento de “sabotaje eléctrico” y responsabilizó a la oposición. Culpó incluso a la líder María Corina Machado de haber ocasionado la grave falla localizada en una cadena de transmisión de la principal central hidroeléctrica, en el estado Bolívar, de la que solo las empresas del Estado tienen acceso y control.
Ningún funcionario dio una explicación técnica a la población, aunque expertos han advertido de una inexplicable falta de mantenimiento y corrupción en el sistema eléctrico, durante años.
Sin servicios
Días más tarde, una fuente oficiosa de la estatal Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) señaló que falló la protección de una línea de transmisión de 400 kilovoltios “que fue impactada por un rayo”.
Pero desde ese día, los venezolanos siguen padeciendo los constantes “bajones” y cortes eléctricos que hacen más precaria sus vidas. Esto, además de la suspensión del servicio de agua, particularmente en municipios del sureste de Caracas, debido a roturas de tuberías centrales y cuyo restablecimiento del bombeo requeriría de electricidad
El apagón que afectó las comunidades de al menos 24 entidades, incluyendo Caracas, e imposibilitó la conectividad, fue considerado el más largo en el país desde 2019, año de una aguda crisis política, también.
Apagón, violación de derechos
“Cuando ocurren este tipo de interrupciones, sobre todo en contextos políticos como el que vive Venezuela, eso afecta el ejercicio de todos los derechos”, afirma el activista Juan Navarrete, abogado de larga experiencia en derechos humanos.
Y añade que es importante tener claro que “suspender la continuidad, así como la accesibilidad y asequibilidad de los servicios básicos, es una violación de los derechos fundamentales”.
Navarrete explica que al ocurrir la suspensión de suministros esenciales como son el agua, considerada por la ONU un derecho humano; la electricidad, la salubridad y el internet, entre otros, se hace imposible que una población pueda tener una existencia digna y plena.
“No se garantizan los derechos fundamentales, como son la salud, la educación y el trabajo”, señala. Y algunas veces, ni la vida.
Venezuela, sin servicios en 2019
Entre los días 7 y 25 de marzo de 2019, millones de venezolanos de al menos 21 estados del país fueron víctimas de dos grandes apagones de hasta una semana de duración, por fallas localizadas también en la central de Guri.
Los apagones contribuyeron con la muerte de más de 20 pacientes que dependían de equipos eléctricos de emergencia en hospitales, según los reportes médicos. También ocasionaron la suspensión del transporte público, y obstaculizaron la adquisición de alimentos y de agua por problemas con los puntos de venta, lo que propició el uso de dólares, por primera vez, como forma de pago. Tampoco funcionaron los servicios de telefonía residencial, de la móvil y de internet. El país quedó prácticamente paralizado.
El entonces ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez (actual presidente de la Asamblea Nacional), responsabilizó de los eventos a la oposición.
Los apagones sucedieron luego de las irregulares elecciones de 2018 en las que Maduro resultó ganador, sin la participación voluntaria de la oposición, y que generaron una crisis de gobernabilidad que se extendió por varios años.
La falta de servicios fundamentales como la salud y educación, generada por el primer apagón de marzo, fue considerada “una catástrofe” que agravó la emergencia humanitaria declarada en Venezuela desde hace dos años, según el informe del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), ONG especializada en la defensa de derechos humanos.
¿Un asunto político?
En abril de 2013 también se reportaron interrupciones de electricidad, por los cuales el régimen de Maduro declaró “nuevamente” el estado de emergencia del sistema y servicio eléctrico en Venezuela, según el reporte que la ONG publicó en marzo de 2019, con ocasión de los mega-apagones.
“Durante el primer semestre del año 2013 ocurrieron 534 apagones solamente en el estado Zulia, un promedio de dos interrupciones al día”, según el informe que cita un reporte de la ONG zuliana Aula Abierta.
Ese año, el mayor estado petrolero comenzó a atravesar la crisis eléctrica más severa que recuerden sus pobladores y que luego se extendió por Venezuela.
En ese mes de abril se realizaron elecciones presidenciales, tras la muerte de Hugo Chávez, en las que Maduro se hizo presidente. El régimen atribuyó las fallas a un “sabotaje” de la oposición. Y también emprendió la represión, indican publicaciones.
Ingenieros eléctricos que opinaron públicamente sobre las interrupciones de electricidad fueron víctimas de persecución y más de 20 dirigentes sindicales de CORPOELEC fueron despedidos por exigir mejoras salariales para los trabajadores.
Causa de la migración
En esa ocasión, PROVEA, en defensa de los derechos humanos, pidió a Maduro “abrir las fronteras para que las poblaciones de los estados Táchira, Zulia, Apure, Bolívar y Amazonas” pudieran mitigar los efectos del apagón, accediendo a servicios de salud, alimentos, telecomunicaciones, entre otros.
Las interrupciones del servicio eléctrico fueron hace cuatro años una de las principales causas de la migración forzada, según reportes del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos.
En 2020, 23% de los venezolanos afirmaron en una encuesta del Observatorio, que estarían dispuestos a migrar por fallas que experimentaban los sistemas.
En la actualidad, se estima que la cifra aumentará, lo que engrosaría al mayor movimiento migratorio registrado en Latinoamérica.
Pese a ello, el régimen de Maduro no ha mostrado interés en resolver el problema del deterioro, la desinversión y la falta de mantenimiento en las instalaciones que llevan electricidad a los hogares por toda Venezuela, según expertos en el tema.
Esto, a pesar de que la ONG, como muchos sectores productivos del país, ha pedido desde 2019 convocar, “sin discriminación, a especialistas venezolanos y extranjeros que pudiesen coadyuvar en la reparación del sistema eléctrico”.