La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España solicitó que se archive la investigación que se sigue por la presunta financiación del partido político Podemos con fondos llegados de Venezuela, según confirman a Europa Press fuentes fiscales. La causa, que se cerró en 2016 fue reabierta en octubre de 2021 al calor de la documentación que aportó el exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo «El Pollo» Carvajal.
Fue en marzo cuando se produjo el último movimiento en este asunto, que permanece secreto, cuando el juez Manuel García Castellón solicitó a la Fiscalía que se pronunciara sobre el relato ofrecido por «El Pollo» Carvajal y los testigos protegidos, designados por éste último, en el marco de las investigaciones sobre la presunta financiación ilegal de Podemos.
Previamente, la Sala de lo Penal admitió el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra las diligencias que el juez de refuerzo de dicho juzgado, Joaquín Gadea, encargó el pasado mes de noviembre a la UDEF para que indagara en dos hechos: las supuestas transferencias por valor de 142.000 euros (lo equivalente a 154.000 dólares) que los fundadores de Podemos Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez habrían recibido de Venezuela, y la presencia de Juan Carlos Monedero en la nación caribeña.
El Ministerio Público vio en estas diligencias una investigación prospectiva en torno a la formación «morada», pidiendo limitar el trabajo de la UDEF a investigar los hechos en general, sin entrar en personas concretas. La Sala de lo Penal dio la razón a Fiscalía, frenando así las averiguaciones en torno a los cuatro fundadores de Podemos.
Se da la paradoja de que la unidad policial ya había enviado al instructor un primer informe donde daba credibilidad al relato efectuado por «El Pollo» Carvajal sobre las relaciones entre miembros del régimen venezolano y fundadores de Podemos, un «dossier» que no fue impugnado por el Ministerio Público y sobre el que la Sala de lo Penal no se pronunció, por lo que sigue unido a la causa, de acuerdo con dichas fuentes.
Informe «PISA»
Esta investigación judicial se cerró en 2016, cuando solo se apoyaba en el denominado «Informe PISA», pero se reabrió el año pasado a raíz de la información aportada por «El Pollo» como parte del «proceso de colaboración» con la Justicia española que inició cuando fue detenido para su extradición después de pasar casi dos años prófugo.
Las diligencias encargadas inicialmente a la UDEF iban destinadas a corroborar lo reflejado en algunos de los documentos entregados por Carvajal. Entre ellos, una orden de pago que habría girado el dictador venezolano Nicolás Maduro en 2013 para abonar 142.000 dólares a Bescansa, Jerez y Lago por el encargo que les habría hecho el régimen venezolano para idear el «diseño político comunicacional» del ‘stand’ de la petrolera estatal PDVSA en el Congreso Mundial de Petróleo celebrado en 2014 en Moscú.
También aportó otra orden de pago que habría dictado el propio Hugo Chávez en 2008 para pagar 6,7 millones de dólares a la Fundación CEPS, vinculada a Podemos, para «propiciar un cambio político aún más afín al Gobierno bolivariano». En este documento, que fue revelado en 2016 por distintos medios, se citaría expresamente a Pablo Iglesias, Jorge Vestrynge y Monedero como «destacados profesores» a los que definiría como «aliados naturales de la revolución bolivariana».
Además, en un escrito incluido en este bloque documental, el exjefe de Inteligencia indicó que Monedero habría recogido en mano en un hotel de Caracas 600.000 euros (lo equivalente a 650.000 dólares) que habrían salido de la Embajada de Cuba en Venezuela.
Detención de «El Pollo» Carvajal
En estos momentos, Carvajal está pendiente de su proceso de extradición a EEUU, que se reactivó el pasado 9 de septiembre, cuando fue detenido por la Policía Nacional, durante un operativo conjunto con la DEA estadounidense, en un piso de Madrid donde vivía «totalmente enclaustrado», conforme describió entonces el cuerpo de seguridad.
Después de varias idas y venidas, su extradición a EEUU continúa paralizada porque presentó una nueva petición de asilo en la que apela, precisamente, a ese «proceso de colaboración» con los tribunales españoles para no ser enviado a Washington.
El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con Chávez y Maduro está perseguido en Washington por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado «Cártel de los Soles», una organización criminal supuestamente gestionada por cargos ‘chavistas’ que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en EEUU.
Fuente: Diario Las Americas