FORT PIERCE — La jueza federal que preside el juicio por documentos clasificados contra el expresidente Donald Trump escuchaba argumentos el lunes sobre si debe prohibir al expresidente hacer comentarios públicos que, según los fiscales, podrían poner en «peligro» la vida de los agentes del FBI que trabajan en el caso.
Los argumentos siguen a una disputa turbulenta que tuvo lugar a primera hora del lunes ante la jueza federal de distrito Aileen Cannon en torno a un alegato de los abogados de Trump de que la oficina del fiscal especial Jack Smith, cuyo equipo llevó el caso, está financiada ilegalmente. Pero el equipo de Smith dice que depende de una asignación permanente que el Departamento de Justicia ha utilizado en repetidas ocasiones para financiar a los fiscales especiales, y asegura que «no hay nada impropio en el acuerdo».
El equipo de Smith justifica la censura al expresidente, alega que las restricciones a la libertad de expresión que se debaten este lunes son necesarias a la luz de lo que considera «los falsos comentarios de Trump» de que los agentes del FBI que registraron su finca de Mar-a-Lago en agosto de 2022 en busca de documentos clasificados querían matarle a él y a su familia. Los abogados de Trump dicen que cualquier orden de silencio acallaría indebidamente a Trump en el fragor de una campaña presidencial en la que es el virtual candidato republicano.
¿Por qué los demócratas quieren silencia a Trump?
El juez de Nueva York que preside el juicio de Trump —donde el republicano está acusado de pagar para silenciar denuncias en su contra y en el que fue declarado culpable de 34 delitos graves la semana pasada— le impuso una multa total de 10.000 dólares por violar una orden mordaza que le impuso en la que le prohibía hablar del caso y del jurado electo de manera rápida. Un juez federal de Washington encargado de su caso de subversión electoral le impuso una orden similar el año pasado que un tribunal de apelaciones ratificó posteriormente.
De momento no quedó claro cuándo podría fallar Cannon, una persona designada por Trump cuyo manejo del caso ha sido sometido a un minucioso escrutinio por los demócratas. Los argumentos son parte de una audiencia de tres días que comenzó el viernes para abordar varias de las muchas cuestiones legales sin resolver que se han acumulado en el caso. Cannon aplazó indefinidamente el juicio, y está casi garantizado que no se efectuará antes de las elecciones presidenciales de noviembre.