El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, cumplirá en mayo un año en el cargo levantando sospechas sobre su desempeño luego de librar al presunto líder del Cartel de Texis, José Adán Salazar, de las investigaciones de lavado de dinero en su contra.
A sólo tres semanas de Delgado asumir sus funciones designadas tras una ceremonia a medianoche e improvisada por la Asamblea Nacional, donde el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele tiene 64 de los 84 diputados, “Chepe Diablo” -como es conocido Salazar- fue exonerado de forma definitiva por la Cámara Segunda de lo Penal de cualquier investigación relacionada con ilícitos financieros y narcotráfico.
La decisión del despacho que depende del fiscal de Bukele frustra las pesquisas de casi dos décadas hechas por la inteligencia policial y la Unidad de Investigación Penal Tributaria del Ministerio de Hacienda que confirmaron “un patrón constante de crecimiento económico no justificado” del patrimonio” de “Chepe Diablo” desde 2010 al pasar de 753,289 dólares a 981,000 en 2011 afirma Infobae.
Además, Hacienda detectó ejercicios financieros irregulares como pagos de deudas inexistentes a varios acreedores, entre ellos, un supuesto préstamo de 350,000 a la transnacional Chevron Caribbean Inc. Según los documentos que Salazar entregó al gobierno, el dinero serviría para financiar la construcción de hoteles, otro rubro donde invertía este aparente empresario, oriundo de Metapán, un municipio fronterizo con Guatemala.
Sin embargo, no registró la transacción y tampoco presentó documentos que lo avalaran. Por ello, los peritos de Hacienda concluyeron que era una de las formas de Salazar blanquear dólares.
Una complicidad con antecedentes
Ninguna de las advertencias de ilícitos logró ni ha logrado pesar contra Salazar. No es casualidad. Hay indicios de favorecimientos por parte del ahora fiscal de Bukele considerando que durante el periodo de las pesquisas -2010 a 2014-, Delgado fungía como titular de la Unidad Especializada de Delitos de Crimen Organizado del Ministerio Público (UDECO) que mantiene vínculos institucionales con la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
“Nunca investigaron por lavado y tenían toda la información que necesitaban” aseguró a Infobae uno de los investigadores salvadoreños que conoció el expediente de Salazar.
La única acusación contra “Chepe Diablo” que prosperó fue la de evasión de 1,3 millones de dólares como persona natural y como parte de su empresa Hotesa, dueña de los hoteles Capital, Tolteka Plaza, San José, Comfort Inn Bahía, Pacific Sunrise y Sevilla.
Un fallo inexpicable
Luego de ocho meses de cárcel en 2017 y pagar una multa de 300 000 dólares recuperó su libertad. Un fallo inesperado e inexplicable cuando su nombre forma parte de la lista Kinhpin Act de Estados Unidos que registra a grandes y peligrosos capos del crimen organizado por liderar el Cartel de Texis (referido a la población Texistepeque, al occidente de El Salvador), que controla el tráfico de cocaína que sale desde el noroccidente salvadoreño hacia México y Estados Unidos en complicidad con el Cartel de Sinaloa, El Golfo y Los Zetas.
La posibilidad de la influencia del fiscal de Bukele en la absolución se vuelve aún más probable ante su indisposición para investigar indicios de corrupción de funcionarios del gabinete presidencial durante la gestión de la pandemia e incluso la participación del presidente en un esquema de lavado internacional de dinero a través de Alba Petróleos, la filial salvadoreña de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) de la que Bukele recibió préstamos por casi dos millones de dólares.