La acusación se entregó ante un juzgado que preside el magistrado Víctor Zuñiga, quien notificará a la candidata que dispondrá de 10 días para observar la denuncia, indicaron a la AFP fuentes judiciales.
El juicio no tiene aún fecha pues solo se podrá anunciar cuando se hayan agotado los recursos legales contra la fiscalía.
Se estima sin embargo que la primera audiencia se hará en abril, cuando Perú acude a las urnas el 11 de ese mes para elegir Presidente y Congreso.
Entre los incriminados figuran asesores y altos exdirigentes de Fuerza Popular, como Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama y José Chlimper.
Las penas solicitadas para Keiko y la plana mayor del partido son de 30 años y 10 meses de prisión, mientras que para otros 33 acusados se pide de seis a 22 años de cárcel.
La candidata, que marcha en tercer lugar en algunos sondeos, reiteró que es víctima de una persecución política.
«Por más que un fiscal quiera ahora meterse en la recta final de la primera vuelta, yo seguiré enfrentando esta persecución y avanzando con energía para que juntos podamos superar esta emergencia sanitaria y económica”, escribió en Twitter.
La investigación del caso arrancó el 19 de octubre de 2018 y concluyó este 11 de marzo, con indagaciones en Perú y Brasil.
La fiscalía obtuvo a fines de 2019 una declaración de un exejecutivo de Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha Soares, quien habría confirmado el aporte de un millón de dólares de la empresa para solventar la campaña de la líder de Fuerza Popular en 2011.
Según la fiscalía, los aportes presuntamente irregulares fueron para la campaña presidencial de 2011 y 2016, donde Keiko perdió la elección en el balotaje.
Keiko, de 45 años y madre de dos hijas menores, estuvo 13 meses en prisión preventiva por el mismo caso desde octubre de 2018. Salió en libertad el 29 de noviembre de 2019, luego que el Tribunal Constitucional aceptara un habeas corpus.
Fuente: Diario las Américas