Fiscales de Estados Unidos presentaron cargos por lavado de dinero contra un exministro de Economía de Guatemala que supuestamente participó en una red de sobornos a políticos de la nación centroamericana con fondos del narcotráfico, dijo el miércoles el Departamento de Justicia estadounidense.
El funcionario, Acisclo Valladares Urruela, del gabinete de Jimmy Morales (2016-2020), es acusado en su país por el mismo delito y por asociación delictuosa, y permanece prófugo de la justicia pese a que en enero, al llegar al poder el presidente Alejandro Giammattei, hubo varios operativos para capturarlo.
La fiscal Ariana Fajardo, del distrito sur de Florida, y representantes de la oficina federal de investigación, FBI, y la agencia antidrogas, DEA, hicieron pública la imputación contra Valladares, al que acusan de conspirar para lavar 10 millones de dólares en efectivo no rastreable entre 2014 y 2018.
La red del exministro, de 44 años y cuyo padre, Acisclo Valladares Molina, es el embajador de Guatemala en el Reino Unido, incluyó a «un importante traficante de drogas, un político corrupto guatemalteco y un empleado bancario deshonesto», dijo en un comunicado el Departamento de Justicia, que no dio la identidad de esas tres personas.
El padre del exministro dijo que las acusaciones eran una venganza del narcotráfico al combate que él emprendió en contra de los cárteles de la droga cuando fue jefe del ministerio Público y procurador general de Guatemala, ambos cargos en la década de 1990.
«Estoy seguro que eso se va a esclarecer de inmediato», dijo Valladares Molina a Reuters, y añadió que su hijo se presentará cuando sea citado en Estados Unidos.
El abogado del exfuncionario, contra el que pesa una orden de captura de Interpol, no estuvo disponible de inmediato para realizar comentarios.
El esquema delictivo se basó en el manejo de dinero procedente del narcotráfico para realizar «transacciones espejo» que no dejaban rastro en papel e inversiones fraudulentas que producían falsas ganancias financieras. Además, implicaba intercambios de divisas con otros países.
«Esto permitió a los delincuentes disfrutar de su dinero de manera abierta y pública, así como mover fondos a otros lugares en secreto, incluso a diferentes puntos de América del Sur», a través de bancos de Estados Unidos, con la coordinación de al menos dos empresas con sede en Miami, añadió la fiscal.