La Fiscalía hizo pública esa admisión este 5 de julio por las masacres de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en El Alto, donde una veintena de personas fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas conjuntas de seguridad de policías y militares.
La Fiscalía «confirma al Tribunal Supremo de Justicia que inició fase de acumulación de antecedentes», se señala en la publicación de la entidad en Facebook que está acompañada por la notificación de «inicio de investigaciones».
En el documento se indica específicamente a la ex jefa de Estado interina «por la presunta comisión» de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte en una denuncia interpuesta por los familiares de las víctimas.
Los hechos de Sacaba se registraron el 15 de noviembre de 2019 durante una marcha en la que los manifestantes pedían el respeto a la victoria de Evo Morales en los comicios anulados de ese año.
Cuatro días después pobladores hicieron un bloqueo en inmediaciones de la planta de combustibles de Senkata, en la zona alteña del mismo nombre, y se enfrentaron con las fuerzas militares que buscaban habilitar el paso en el lugar.
La versión del Gobierno interino en ese momento fue que los disparos se produjeron entre los mismos manifestantes y que las fuerzas de seguridad no habían utilizado armamento letal, mientras que algunos organismos como la Defensoría del Pueblo establecieron que hubo un uso desmedido de la fuerza.
La acción de la Fiscalía podría derivar en la entrega de la investigación para que el Parlamento se pronuncie sobre el juicio de responsabilidades contra la exmandataria, quien lleva casi cuatro meses recluida en una cárcel de La Paz por otro proceso en el que se la acusa de terrorismo, sedición y conspiración.
Pelea jurídica por presunta participación en «golpe de Estado»
Esas acusaciones son parte del caso llamado «golpe de Estado» por el que también se procesa a exministros del Gobierno transitorio, además de exjefes policiales y militares.
En el Parlamento boliviano también están otras proposiciones acusatorias contra Áñez por la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aval del Legislativo, la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión y la ampliación de la concesión del Servicio Público de Registro de Comercio.
Esta nueva acción judicial contra la exmandataria se produce unos días después del anuncio de su defensa de pedir la cesación a su detención con base en decenas de nuevas evidencias que, a juicio de los abogados de Áñez, la liberan de toda participación en un supuesto «golpe de Estado».
Fuente: DW