No solo atraviesa la mayor desaprobación para un presidente peruano en 20 años, Pedro Castillo también padece un torbellino negativo de credibilidad dado su defectuoso manejo de la política y los turbios negocios atribuidos a él y a sus allegados. Las investigaciones por el caso Puente Tarata – Provías Descentralizado llevaron al Ministerio Público a pedir al Poder Judicial la prohibición de salida del país para su exministro de Transportes, Juan Silva Villegas.
La solicitud establece un periodo de 36 meses sin salir de Perú debido a las averiguaciones por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal. Para otros seis congresistas el organismo pide nueve meses, mientras son investigados por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.
Fue el testimonio filtrado de la lobista Karelim López el que ha dado a conocer cómo funcionaba una organización criminal supuestamente encabezada por el mandatario izquierdista con el objetivo de “encontrar proveedores para favorecerlos”. Varios de sus sobrinos también están ligados al caso que incluye dudosos nexos con empresas chinas.
Ya lo había dicho López en su testimonio ante la justicia: “Hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva, las empresas chinas Consorcio Conservación Vial Mazocruz (China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú) y otras”.
Fuente: Panampost