MIAMI- El drama de los niños no acompañados en la frontera sur de Estados Unidos parece no tener fin, a no ser que el gobierno estadounidense y el Congreso implementen nuevas leyes para frenar el arribo de decenas de miles de menores.
Las políticas de puertas abiertas implementadas por el gobierno de Barack Obama; las mismas ahora de Joe Biden, han desatado desde el 2014 una crisis crónica de inmigrantes en la que los traficantes de personas, narcotraficantes, pandillas y bandas criminales son los mayores beneficiados.
La desesperación de millones de padres en Centroamérica y Latinoamérica para que sus hijos no sean reclutados o secuestrados desde pequeños por los narcotraficantes o pandillas, unido a la extorsión de dueños de pequeños y medianos negocios, empujan cada año como promedio unos 50.000 menores a la frontera sur de Estados Unidos. Muchos durante el recorrido son violados, maltratados e incluso asesinados, un drama horrendo que los demócratas y la extrema izquierda impulsan desde el segundo período de gobierno de Obama.
Sólo en 2022, más de 7.000 traficantes de adultos, adolescentes y niños «no acompañados», fueron detenidos en el borde entre EEUU y México.
El expresidente Donald Trump frenó la avalancha mediante medidas en la frontera con el propósito de lograr una inmigración responsable y controlada. De ahí surgió la Ley Quédate en México y otras regulaciones.
Republicanos: cifras del caos humanitario
Las fisuras legales de las actuales leyes de inmigración permiten que los delincuentes se aprovechen para explotar una de las mayores fuentes de ingresos provenientes de actos criminales, sin un final cercano ni el interés de los gobiernos de izquierda en Washington.
En estos momentos, los republicanos han emprendido investigaciones sobre la responsabilidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)y de la administración de Joe Biden en el caos fomentado en la frontera durante dos años. Un grupo de conservadores culpa directamente al jefe de Seguridad e Inmigración, Alejandro Mayorkas, y han solicitado su renuncia o destitución.
Los republicanos exigen restablecer el orden y el control en la frontera sur.
Desde que Biden asumió el cargo en enero de 2021 los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) interceptaron a 4,5 millones migrantes en la frontera con México. Sólo en 2022 fueron 2.370.944 y 251.487 en diciembre, o sea un promedio diario de 8.100.
Los republicanos acusan al gobierno del presidente Joe Biden de haber perdido «el control operativo» en la frontera con México y de favorecer la entrada de fentanilo. Así expusieron en un debate este miércoles en el Congreso sobre seguridad y la crisis migratoria.
«Bajo la presidencia de Trump, la frontera era segura», pero «bajo Biden, no hay fronteras y los estadounidenses están pagando el precio», dijo el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan.
«Estos números dejan claro que la administración Biden no tiene el control operativo en la frontera. Un mes tras otro hemos establecido récords de migrantes que entran al país y francamente, creo que es intencional», acusó Jordan. «Parece deliberado. parece premeditado, parece intencional».
Por su parte, uno de los invitados, el sheriff Mark Dannels, que los cárteles cobran a cada migrante un mínimo de 7.000 dólares por cruzar la frontera, algo que calificó la crisis de «una esclavitud moderna».
El congresista republicano Kevin Kiley dijo que estaba harto de «excusas» y sorprendido ante la «falta de compasión «de esta Administración y de quienes la excusan» por «las comunidades y familias que están siendo devastadas por el fentanilo, compasión por quienes son víctimas del horror de la trata de personas y compasión por los propios migrantes», dado que al menos 856 murieron al intentar cruzar la frontera con México en el año fiscal que terminó a finales de septiembre.
Estados demandan al gobierno de Biden
La Casa Blanca enfrenta ahora una demanda presentada por fiscales generales de 20 estados contra un programa especial de 30.000 visas mensuales humanitarias repartidas para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua.
La querella expone que con esta medida – considerada ilegal por el abuso de autoridad del DHS para conceder permisos humanitarios- llegarán cientos de miles de nuevos inmigrantes a zonas del país que ya se encuentran casi colapsadas por el arribo durante dos años de un descomunal flujo de personas, sin precedente en la historia del país.
Florida y Texas integran la lista de estados demandantes junto a Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, South Carolina, Tennessee, Utah, West Virginia, y Wyoming, entre otros.
Los niños, escudo humano de inmigrantes
Entre lo más lamentable de la política migratoria impulsada por los demócratas es que favorece la utilización de los niños como un «escudo humano».
La abogada especialista en Inmigración, María Herrera Mellado, explica algunos de los intríngulis que facilitan la entrada de menores de edad y qué ley aplicaría en caso de que el gobierno quisiera denunciar o incluso detener a los padres de estos menores..
«El Acuerdo Flores -que data de 1997- especifica que el gobierno de Estados Unidos (Inmigración y otras agencias federales) no pueden deportar a los menores que llegan a la frontera sur, sino que deberán darles acogida y respetar su derecho al debido proceso. Es decir, ser presentados ante un juez que es quien determina si los regresan o les permiten permanecer en el país, bajo custodia del gobierno o finalmente bajo el amparo de familiares residentes en Estados Unidos.
«Por su parte, en México rige otra ley y otro ordenamiento diferente por lo que el gobierno sí puede deportar de inmediato a menores no acompañados».
«Por la Ley de Responsabilidad Civil No Contractual, se podría demandar a los padres que envíen a los niños solos para la entrada ilegal en Norteamérica, pero se tendría que hacer en el país de origen, puesto que es donde mayoritariamente se encuentran y residen. Además, se procedería mediante las leyes de ese país».
«Como no existe una voluntad política real en estos momentos y estos niños son objeto de contrabando y tráfico de menores, desde el 2014 hasta 2023 entran a Estados Unidos anualmente -como promedio- unos 50.000 menores sin acompañamiento».
«En el caso de que los padres se encuentren en Estados Unidos sean detectados por las autoridades, pueden enfrentar un caso criminal federal por tráfico de personas que conlleva a una condena en prisión y luego la deportación».
«En muchas ocasiones, los padres acompañan a sus hijos y al llegar desaparecen para que sean declaran abandonados, maltratados o descuidados. En este caso los pequeños o adolescentes menores de 21 años tienen derecho a solicitar el Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes (SIJS, por sus siglas en inglés)», un decreto que abre las puertas a la masiva emigración de menores, porque finalmente permite solicitar la residencia legal permanente en EEUU.
«Las cortes federales de Inmigración típicamente no se involucran en casos de familia, de manera que dependen de que una Corte estatal decida si el menor ha sido maltratado, descuidado o abandonado. Para poder solicitar el SIJS, el caso debe tener una orden de una Corte estatal», explica la abogada.
«La Corte del estado tiene que hacer una determinación de algún tipo de custodia de los menores, ya sea dándole custodia a la corte, a una agencia, o a una persona privada o familiar».
«Una vez que le dan este estado de protección, los refieren a los tribunales de inmigración para pedir el estatus de protección y de ahí -si se lo otorgan- califican automáticamente para la residencia. Después… a los años “aparecen los padres”, puntualiza la especialista en Inmigración, María Herrera.
Según el Departamento de Seguridad Nacional del año fiscal 2020, sólo el 4,3% de los menores no acompañados que entraron al país entre el 2014 y 2019, fueron devueltos a sus países de origen. El resto de los 290.000 infantes (95,7%) aún permanecía en suelo estadounidense.
Sin embargo, apenas el 28% de ellos se le había otorgado algún alivio o estatus legal.
DeSantis pide investigar a padres que ponen en peligro a sus hijos
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, pidió a la Corte Suprema del estado el permiso para crear un Gran Jurado e investigar y condenar a padres que han negociado con bandas criminales y cárteles de la droga para entrar a sus hijos a EEUU.
Estos padres -en opinión del DeSantis- han puesto en un grave peligro la vida y la salud mental de sus hijos. La petición fue aceptada por el Máximo Tribunal estatal.
La cantidad de niños extranjeros no acompañados que ingresaron a Estados Unidos y fueron puesto bajo custodia de un familiar o patrocinador es asombrosa: en el año fiscal 2021, la cifra llegó a 107,686 y de ellos, más de 11.000 terminaron en Florida. En el 2022 las estadísticas rondaron casi sobre el mismo nivel.
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, está de acuerdo con DeSantis. “Como madre, proteger a los niños está en mi corazón. No podemos hacernos de la vista gorda ante los traficantes y contrabandistas que explotan la crisis fronteriza para someter a los niños a abusos y a condiciones extremadamente peligrosas”.
Sin un acuerdo bipartidista contra el problema, los niños y adolescentes sin acompañamiento que lleguen a la frontera sur del país, deberán ser recibidos. Los costos pasan directamente a los contribuyentes estadounidenses, pero el trágico drama que sufren miles de niños antes de pisar terreno estadounidense es la mayor razón para que los políticos en el Congreso se enfoquen en una solución real, lejos de intereses partidistas de uno u otro bando.
«Lo que debemos hacer (…) es adoptar cambios de política para garantizar que podamos gestionar el flujo respetando nuestras leyes acerca del asilo», afirmó el representante republicano Chip Roy.
«Todos queremos orden en la frontera», reiteró la legisladora demócrata Zoe Lofgren, quien también insistió en la importancia de contribuir a la estabilidad de los países de Centroamérica y América Latina de donde proceden los migrantes, la mayoría de ellos pobres.