La ansiedad del régimen de Nicolás Maduro que desató la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) en su contra, a causa de la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, llevó al chavismo a presentar una impugnación al proceso cuando aún no hay un fallo sobre la averiguación. La jugada salió mal. El ente judicial rechazó su planteamiento.
Según Infobae, la resolución preliminar del 2 de julio difundida recientemente estará completa a partir del próximo 21 del mismo mes. Ese día vence el plazo que tiene el régimen chavista de presentar sus alegatos para completar el fallo y avanzar en la acusación formal de los esbirros del chavismo.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) evaluó el documento consignado por Miraflores y decidió desestimar el “recurso” de control judicial. La razón, plenamente justificada, se centró en su “improcedencia y por ser abiertamente prematuro”. Le tocará a la magistrada chavista Gladys Gutiérrez retomar la defensa en La Haya.
Nuevas manos
Desde ahora, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tendrá hasta el 23 de julio para completar el escrito que le corresponde con la información editada, donde se resguardará la identidad de víctimas y testigos.
En junio, la saliente fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, declaró que había tenido la intención de pedir la apertura de una investigación formal sobre los supuestos crímenes cometidos por las fuerzas gubernamentales en Venezuela, pero que se le impidió hacerlo en el último minuto, tras una intervención del régimen chavista pidiendo a los jueces que se encargaran del caso.
Ahora le corresponderá al nuevo fiscal a cargo, Karim Khan, decidir si una vez terminado el proceso de la impugnación venezolana solicita la apertura del juicio, considerando que Bensouda concluyó en noviembre del año pasado que existen “fundamentos razonables para creer” que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En su último informe hecho público, mencionó posibles delitos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos.
Esa investigación ya pasó por la recepción y recopilación de información (Fase 1) y por la determinación de la existencia de delitos que son competencia de la Corte (Fase 2) en el período de Bensouda. Corresponde al nuevo titular, la deliberación de la Fase 3 referida a la admisibilidad, en términos de gravedad y complementariedad, y la Fase 4, referida a si es en interés de la Justicia o no presentar el caso ante la Corte.
Sobre esas dos etapas claves decidirá Khan. Su criterio determinará la presentación del caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares y la solicitud de órdenes de arresto o congelamiento de activos para aquellos que la Fiscalía determine que son los presuntos máximos responsables por los delitos que están indagando.
Fuente: PanamPost