Haber sugerido que el petróleo y el gas son “más venenosos para el ser humano” que la cocaína mientras proponía acabar con la “irracional” guerra contra las drogas fue el preámbulo de la política antidrogas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante su debut en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2022. Desde entonces, no solo se ha visto una drástica reducción en la erradicación manual de cultivos de coca en el país, sino que además la exportación de cocaína se acerca a superar los dividendos que genera la venta de petróleo. Por este razón, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos debaten reducir a la mitad los recursos destinados a la lucha contra narcóticos en Colombia, alegando que las políticas del gobierno actual van en contra de los intereses económicos y de seguridad de EE. UU.
De acuerdo con la propuesta de la mayoría republicana en la Cámara baja, el presupuesto para el combate a las drogas en Colombia para el año fiscal 2025 sería de 208 millones de dólares, es decir, 202 millones menos de lo aprobado en el presupuesto fiscal de 2024, cuando el monto se fijó en 410 millones, lo que se traduce en un drástico recorte de casi 50 %.
El proyecto precisa que para asistencia al desarrollo del programa antinarcóticos en Colombia por parte de Estados Unidos se destinarían 38 millones de dólares, para el fondo de ayuda económica 64 millones, para el control internacional de estupefacientes y aplicación de la ley 68 millones y para el programa de financiación militar extranjera 38 millones 525 mil dólares, lo que hace un total de 208 millones 525 mil dólares.
Erradicación manual de cultivos de coca se ha reducido 73 %
Luego de la aprobación en la Cámara de Representantes, donde los republicanos son mayoría, el proyecto debe recibir el visto bueno del Senado, controlado por una ajustada mayoría demócrata, lo que amerita una negociación entre ambos partidos que asoma posibles modificaciones al texto final; sin embargo, esto no implica que Colombia se salve de un recorte en este presupuesto, pues ya a los recursos del año fiscal en curso se aplicó una reducción de 10 % en comparación con los 456 millones asignados en 2023, pese al compromiso firmado por Joe Biden y Gustavo Petro el año pasado de avanzar en una lucha antinarcóticos conjunta, que incluyó el “Memorándum sobre la Continuación de la Asistencia de Interdicción de Drogas de EE. UU. al Gobierno de Colombia”.
Pero los congresistas republicanos que proponen este drástico recorte no confían en la política antidrogas del presidente colombiano Gustavo Petro, que apuesta por un enfoque de “salud pública” menos represivo, el cual demuestra no haber dado resultados. Así lo confirman las cifras. Y es que según revela el propio Ministerio de Defensa de Colombia, la erradicación manual de cultivos de coca se ha reducido 73 % en los primeros cuatro meses de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023, al pasar de 3965 hectáreas erradicadas a tan solo 1069, lo que va en línea con la política antidrogas de Petro, quien asegura que la erradicación forzada de cultivos ilícitos y las aspersiones aéreas no son efectivas.
Más drogas y menos petróleo con las políticas de Petro
La efectividad del enfoque del presidente colombiano la disfrutan sin duda los narcotraficantes, considerando que la exportación de cocaína se encamina a sustituir al petróleo como la actividad que genera más dividendos a Colombia, puesto que la comercialización de esta droga generó 18.200 millones de dólares al cierre de 2022, según estimaciones de Bloomberg Economics, mientras los barriles de crudo que salieron del país se tradujeron en 19.100 millones de dólares durante el mismo periodo.
Esa disminución de 73 % en la erradicación manual en los primeros cuatro meses de este año y los números publicados el año pasado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que identificó un “máximo histórico” de 230.000 hectáreas cultivadas de coca en Colombia, indican que si bien el monto al que hace referencia Bloomberg se generó durante el año en que Petro llegó al poder, con las cifras que van en dirección contraria a una efectiva política antidrogas, los dividendos por esta actividad ilícita, sin duda, también van en aumento.