CARACAS.- En Venezuela, desde 1998 no ha habido elección presidencial -o de otro cargo del Estado- que no haya estado bajo el escrutinio popular por ser blanco de argucias legales, trabas en el sistema electoral y principalmente de sospechas o signos de fraude, en busca de la desconfianza y el desaliento de la población votante a favor del chavismo.
Como en las siete elecciones presidenciales desde que ganó por primera vez Hugo Chávez, además del consultivo de 2004, en la del domingo 28 de julio no escapa de esa posibilidad, según coinciden analistas políticos.
“Existen ya varios escenarios adversos al momento electoral” que podrían configurar un fraude, a pesar de que “la determinación de si hay o no, solo lo sabremos el 28 de julio durante la votación y los resultados que se anuncien”, considera Oswaldo Ramírez, experto en estrategia, riesgo político y campañas electorales.
Muchas de estos escenarios, dijo el consultor, se procuraron evitar con la firma del Acuerdo de Barbados suscrito en 2023 y que establecía la garantía de elecciones libres, pero en el contexto de ventajismo electoral del oficialismo no se ha respetado. Un ejemplo, el desconocimiento del acceso de los candidatos a condiciones de igualdad, con el hostigamiento y más de un centenar de detenciones vinculadas con los comicios.
No obstante, las sospechas de fraude no serían tan fáciles de consumar, indicaron los analistas. Aunque el deseo de cambio siempre ha estado presente en toda elección, lo novedoso en esta ocasión es “la amplia brecha” de 47 puntos porcentuales a favor del abanderado opositor Edmundo González por encima de Nicolás Maduro, candidato a la reelección, según los últimos sondeos. “Esto nunca había ocurrido en 25 años”, advirtió Ramírez quien es director de la empresa que realizó el sondeo, ORC Consultores.
“Y en la medida en que la gente salga a votar en forma masiva, no hay forma de que con esas artimañas se voltee la voluntad popular”, precisó.
¿Es posible un fraude a la voluntad popular?
Aunque expertos consideran que “un sistema electrónico es vulnerable”, en la actualidad se insiste en un proceso “infranqueable” que va desde la colocación de la huella, hasta el depósito de la papeleta que expide la máquina de votación y que debe reflejar la voluntad del elector.
Pero en el referéndum revocatorio presidencial de Chávez en 2004 hubo “un punto de inflexión” que apuntó al fraude, según registros de la fecha.
La oposición que aparecía ganando las encuestas con el “No” perdió la consulta que relegitimó el mandato de Chávez. “Allí se generó una desconfianza absoluta en el sistema electoral, además, se comenzaron a erosionar las condiciones pasando a tener un autoritarismo electoral”, explicó Ramírez.
El experto Guillermo Salas, miembro de la ONG electoral EsData, señaló algo más. “El fraude en el voto electrónico fue demasiado burdo. Mientras las encuestas reflejaban 70% de rechazo al gobierno, los oficialistas registraron en Miami la compañía North American Opinions Research, de grandes contratistas de la PDVSA chavista, que cambió la percepción. Esto lo registró una de las revistas de estadística más importantes del mundo”, afirmó.
Resintió que “bajo la narrativa de evitar la abstención se ha permitido todo tipo de arbitrariedades”.
Riesgos en elecciones del domingo
Tras insistir en que el fraude debe probarse, Ramírez identifica siete artimañas electorales en los últimos ocho meses, antes de la publicación de la elección en marzo y a los cuales la población electoral debe estar atenta.
*Confusión al elector: el régimen cambió los nombres de los colegios que son centros de votación, alegando que son nombres de la colonia o imperialistas, con lo cual el elector confundido busca un centro que es el mismo. “Esto pasó con 6.500 escuelas, en su mayoría centros de votación”.
*Nuevos centros: se crearon centros electorales con el propósito de reducir la nueva base de electores que hay en cada mesa y hacer supuestamente el proceso más fluido. “Pero el hallazgo es que esos centros, que son el 9% o 10% de los actuales, van a cruzarse contra base de sus seguidores: pesuvistas, milicianos, misiones, empleados públicos, eso lleva a configurar una base activa de beneficiarios y unos resultados con alta probabilidad de que sean a favor del oficialismo”.
*Desinformación a falta de medios: el proceso de judicialización de partidos políticos a los que secuestraron sus tarjetas incide en la confusión y desinformación del elector, en ausencia de medios de comunicación. “En 2021, por ejemplo, en la elección de gobernadores y alcaldes al menos 20% del voto opositor se equivocó porque no tenían la información de los partidos que estaban intervenidos. Pero un caso clásico es el de AD en Caracas: la propaganda no habla del candidato sino del partido, por lo que el candidato opositor puede perder votos efectivos”.
*Centros electorales rurales: se trata de un elemento complejo, en el que el comportamiento puede ser, por ejemplo, que en estos centros votaron el 100% de electores, pero en realidad votó solo 50%, además aparece que sufragó un 95% de electores por el oficialismo. “Es un patrón anormal que conduce a pensar que se evidenciaría un fraude manual, si se hace una auditoria y si hubo testigos de la oposición en esos centros”.
*Asedio de grupos violentos: la intervención de grupos armados vinculados al oficialismo es, según Ramírez, uno de los riesgos actuales más complejos que busca impedir el ejercicio del voto. “Estos buscarían ahuyentar la gente en las colas, que entren al centro, que voten”.
*Voto asistido: a pesar de ser una práctica necesaria a favor de las personas con discapacidad o de la tercera edad, el oficialismo podría activar a milicianos que acompañarían a la gente hasta la máquina, pero la obligarían a votar por el oficialismo. “Podrían pasar por el punto rojo para informar que votaron y le piden la foto del comprobante, aunque eso es ilegal”.
*Operación morrocoy: se tardan en conformar las mesas, se va de pronto la energía eléctrica o se daña una máquina y tardan más de cinco horas en reponerla. También incluye el cierre del centro electoral antes de la hora o la actuación repentina de algún funcionario del Plan República para impedir el ingreso al centro.
“Aquí puede comenzar una cantidad hechos que pretenden impedir el ejercicio del voto y constituyen elementos que pueden entrar en la categoría de fraude, porque no se permite el sufragio del modo como debe hacerse”, cerró Ramírez.
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