Un hombre discute con un grupo de jóvenes. Saca un revólver y los balea a mansalva. Uno cae muerto y tres más quedan heridos. Sucedió el 7 de agosto pasado en una transitada vía del barrio Bello Horizonte, en Managua. La escena quedó grabada por cámaras de los negocios vecinos. Más tarde, una vez capturado, el pistolero explicaría ante la Policía que los jóvenes lo habrían asaltado y golpeado horas antes y los estaba buscando para hacer justicia con su mano.
El lunes pasado, en un episodio “a lo Pedro Navaja”, un asaltante tiene un mal día. En su segundo robo del día pretendía arrebatar un teléfono celular a una mujer, pero su víctima le propina un balazo con el revólver que “carga encima pa’ que la libre de todo mal”. El infortunado delincuente intenta huir herido en una moto. El hijo de la víctima lo persigue, lo atropella y lo deja tendido, malherido.
Las secciones de notas rojas han tenido mucho trabajo esto días en Nicaragua. Entre la población se ha instalado la idea de que la violencia se ha disparado. Asaltos armados en tiendas y restaurantes, robos en las calles, asaltos a camiones, asesinatos y femicidios quedan expuestos, más que por los informes de la Policía, por las noticias y los videos virales que circulan en redes sociales. “No se trata nada más de una percepción sino de una realidad que está ocurriendo en el país”, explica Elvira Cuadra, experta en seguridad pública.
“Es real el incremento”, dice. “Y lo reconoce la misma Policía en sus anuarios estadísticos. En sus mismos datos de 2018 y 2019 presenta cómo se han incrementado los delitos violentos. Se puede ver, por ejemplo, que los asesinatos se incrementaron sobre todo a partir del segundo semestre del 2019 y esa tendencia se mantiene durante el primer semestre del 2020”.
La especialista señala que este último semestre, en Nicaragua se produjeron 19 asesinatos por mes en promedio, y al comparar este semestre con el primer semestre del año pasado, se registra un incremento del 338 por ciento en los asesinatos.
Este miércoles el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), mostró su alarma por el incremento de asaltos a camiones repartidores de las empresas privadas. “Esta mañana (del miércoles) fue asaltada una camioneta de distribución de cigarrillos en las Américas (Managua) y hace 10 días esa misma empresa sufrió otro asalto en San Rafael del Norte, también reportes de robos recientemente en Jinotega”, denunció José Adán Aguerri, presidente del Cosep, en una conferencia virtual.
Julián Navarrete, periodista de la revista Domingo, del diario La Prensa, realizó un conteo de las armas que la Policía ha presentado en cada conferencia de prensa este año. “Entre el 5 de enero y el 2 de agosto, el cuerpo de seguridad ha incautado 469 armas de fuego, cuando el promedio de los últimos tres años ha sido de 222. Esto significa un aumento del 111 por ciento, y todavía faltan 22 semanas para que termine el año”, señala.
“El primero es una Policía dedicada a la represión”, dice. “Segundo, la existencia de grupos paramilitares; tercero, mayor presencia de armas de fuego; cuarto, la liberación de una gran cantidad de personas condenadas por delitos comunes; y cinco, el discurso de odio del gobierno.
Para enfrentar la rebelión ciudadana que se produjo en abril de 2018, el régimen de Daniel Ortega organizó, armó y entrenó un ejército de paramilitares compuestos por simpatizantes del gobierno y delincuentes comunes. Dotados de armamento de alto calibre, estos grupos fueron los encargados de desmontar a sangre y fuego las aproximadamente cien barricadas que mantenían paralizado el país. Esta acción se denominó “Operación Limpieza” y dejó más de 300 muertos, principalmente opositores que a lo sumo tenían morteros artesanales para defenderse.
El Cosep pidió “enfoque” a la Policía en su actuación, porque, mientras los camiones repartidores son asaltados en las calles y carreteras, una “comerciante de San Carlos, Río San Juan, fue agredida, humillada y detenida por vender la bandera nacional, la bandera conmemorativa que refleja el amor que le tenemos los nicaragüenses a nuestra bandera, a nuestros símbolos patrios”, dijo José Adán Aguerri.
Al menos ocho policías detienen a una mujer que vendía banderas plásticas patrias, que se han convertido en símbolo de protesta en Nicaragua.
El presidente del Cosep se refiere al caso de la señora Tania González, a quien la Policía detuvo con violencia por vender banderas patrias. Una patrulla, con al menos ocho agentes, algunos de ellos con fusiles de guerra, llegó hasta la ferretería de González, confiscó el rollo de banderas plásticas, la detuvo por unas horas y posteriormente la liberó. “Miren cómo me llevan por vender banderas”, gritó desde la patrulla donde la montaron a la fuerza. “Aquí llevo droga, miren: banderas. ¡Patria Libre!”
“Que se enfoquen en donde se tienen que concentrar que es detener el delito, evitar que siga esta ola de robos que se siguen dando alrededor del país”, apuntó Aguirre.
Para el sociólogo Cirilo Otero, el comportamiento de esta patrulla de policías con una ciudadana que aparentemente no está cometiendo ningún delito, solo se explica por el discurso de odio que se ha propalado desde las altas esferas del gobierno a los mandos y agentes policiales. “El discurso del odio ha calado en la policía y sus dirigentes. ¡Todo les molesta! Una manifestación, un grito, una bandera, un reproche, todo califica como enemigo de la Policía”.
“Yo no creo que la señora (Rosario Murillo, vicepresidenta y principal figura del discurso oficial) haya estado dirigiendo esa operación. Esa es una actitud de Policía, del jefe de la patrulla, que quiere quedar bien con el discurso de odio que tiene la gente de El Carmen (casa de la familia Ortega Murillo)”, dice.
Otero atribuye el aumento en los delitos a “un desorden de autoridad que hay en el país”. Según el sociólogo, “la situación de control ciudadano, control social, control interno y orden interno, está rota en Nicaragua por la política de mentiras y falsificación de las verdades del gobierno. La seguridad ciudadana se le ha salido de control al régimen y a la ciudanía en general. La Policía no se ve con respeto, cuando se ve un policía se siente temor y se sienten ganas de defenderse. Hay un estado de descontrol”.
Para Elvira Cuadra, al contrario, la ola de violencia se debe a que no está en la lista de prioridades del gobierno. “Hay una disposición de dedicarse más a las acciones de represión y a asegurar esa política de represión del gobierno que a cumplir con las funciones de proteger la vida, la integridad física y los bienes de los ciudadanos, que es la misión principal de cualquier cuerpo policial del mundo”.
Señala que los cinco factores que determinan este incremento de la violencia, están en manos del régimen. “Si el gobierno decidiera desactivarlos va a contribuir a mejorar el escenario de seguridad y violencia en el país”, concluye.