US$5.000 millones es mucho dinero.
Sobre todo para un país como Venezuela, sumido desde hace años en una grave crisis económica y social.
Esa es la cantidad que el Fondo Monetario Internacional (FMI) debería entregar al país como parte de los derechos especiales de giro que el Fondo va a destinar los países en desarrollo para ayudarles a aliviar el golpe económico de la pandemia de covid.
Al menos, mientras la oposición y el gobierno, que negocian en México para poner fin a la larga crisis política del país, no se pongan de acuerdo sobre cómo manejar ese dinero y otros activos del Estado venezolano bajo litigio en el exterior desde que, en enero de 2019, el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamara presidente interino del país y obtuviera el reconocimiento de Estados Unidos y la mayoría de países europeos y latinoamericanos.
Las últimas noticias sobre la negociación en México no son alentadoras y los venezolanos siguen pagando los efectos de falta de acuerdo entre los actores políticos de su país.
Qué son los derechos de giro
Los derechos especiales de giro son un sistema creado en 1969 por el FMI para dotar de liquidez a las economías mundiales y poder brindar reservas adicionales a los países miembros en caso de dificultad.
Manuel Sutherland, director del Centro de Investigación e Información Obrera (CIFO) de Caracas, le dijo a BBC Mundo que se trataba «de un anclaje en una cesta de monedas que pudieran ser usadas o intercambiadas como fondo de reserva en situaciones de dificultad económica«.
Cuando estalló la crisis de 2008 fueron utilizados para mantener a flote la economía mundial y en 2020 el Fondo volvió a recurrir a este mecanismo para contrarrestar los efectos del coronavirus en la economía global.
Venezuela debería ser uno de los países más beneficiados por esta posibilidad de financiación en condiciones muy ventajosas, que otros países comenzarán a recibir de manera inminente, pero la disputa internacional sobre quién es su legítimo presidente, las malas relaciones de los sucesivos gobiernos chavistas con el Fondo y los incumplimientos de los requisitos de transparencia que este exige por parte del gobierno de Nicolás Maduro impiden que reciba los fondos.
El FMI acordó esta vez liberar alrededor de US$650.000 millones, la mayor cantidad de su historia.
La negativa de los países miembros que, como Estados Unidos, no reconocen a Maduro bloquea el desembolso de la parte de esa enorme tarta que le correspondería a Venezuela.
Sutherland apunta además que «también hay bastante desconfianza de sectores dentro del país que no quieren que el gobierno de Maduro gestione directamente esa plata».
La oposición venezolana insiste hace años en que Venezuela vive bajo «una dictadura» y el llamado «gobierno interino» de Guaidó ha buscado fórmulas para arrebatarle a Maduro el control de los activos venezolanos en el exterior.
Guaidó asegura que se trata de «proteger» la riqueza de los venezolanos, pero el gobierno de Maduro lo considera «una operación de saqueo y robo del patrimonio nacional».
Ambas partes mantienen litigios abiertos respecto a activos estratégicos venezolanos en el extranjero, como Citgo, filial en Estados Unidos de la estatal Petróleos de Venezuela; la compañía Monómeros, recientemente intervenida por las autoridades colombianas; o los cerca de US$2.000 millones de oro venezolano retenidos por el Banco de Inglaterra y aún pendientes de una resolución definitiva de los tribunales británicos.
Pero los roces del gobierno venezolano con el FMI vienen de tiempo atrás.
El fallecido presidente Hugo Chávez criticó con frecuencia al Fondo, al que consideraba «un instrumento del colonialismo» e incluso promovió organismos internacionales alternativos con el apoyo de gobiernos aliados en la región.
El gobierno venezolano también forzó la salida de los técnicos del FMI en el país y cerró la puerta a las misiones de asesoría y colaboración.
Habitualmente, el Fondo solicita el desarrollo de planes de reformas y supervisar su ejecución a los países a los que concede créditos, pero, como recuerda, Sutherland, «el chavismo se ha negado a ceder lo que llama soberanía económica y a hacer los cambios económicos que le reclaman el FMI y gran parte de la sociedad civil».
La mayoría de los expertos coinciden en que años de una política de intervencionismo estatista de la economía, la corrupción y el despilfarro llevaron a Venezuela a su situación actual, que se ha visto agravada por las sanciones de Estados Unidos y ha empujado a 5,4 millones de personas a dejar el país, de acuerdo con las cifras de Naciones Unidas.
Qué podría hacerse con ese dinero en Venezuela
El economista Sutherland indica que «US$5.000 millones parecería poco para una economía petrolera como la venezolana, que llegó a tener US$80.000 millones de ingreso promedio anual por sus exportaciones».
Pero la caída de las exportaciones petroleras de Venezuela, su principal fuente de ingresos en divisas, ha reducido drásticamente las reservas internacionales de las que dispone, ahora poco más de US$6.300 millones, según el Banco Central de Venezuela.
Ante esa cifra Sutherland estima que los derechos de giro correspondientes podrían representar hasta diez veces la liquidez total con la que ahora cuenta el país.
La ayuda podría servir para aliviar el sufrimiento de los venezolanos cuando uno de cada tres padece inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, y la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida que elaboran expertos de las principales universidades venezolanas calcula que ocho de cada diez hogares viven en la pobreza.
Jorge Rodríguez, jefe de la delegación chavista, anunció que incluirá en ella a Alex Saab, empresario colombiano encarcelado en Cabo Verde a la espera de su extradición a Estados Unidos, que lo reclama por cargos de lavado de activos.
Una investigación del portal Armando.info atribuyó a Saab ser el cerebro de una trama de corrupción masiva vinculada al programa de entrega de comida subsidiada por el gobierno.
El analista venezolano Luis Vicente León cree que el intento de incluir al controvertido Saab como diplomático acreditado refleja «la decisión del gobierno de congelar el proceso de negociación».
Formalmente, las negociaciones continúan. Pero, como muchos otros observadores, Sutherland las ve con escepticismo: «Están discutiendo entre cúpulas de partidos políticos con muy poco arraigo a nivel nacional, y se han olvidado de las cuestiones más urgentes, como la crisis humanitaria y social».
Fuente: El Nacional