WASHINGTON- Más de 100 de las mayores empresas de Estados Unidos deberán pagar ahora un impuesto adicional de 15% para financiar el «plan climático» de Joe Biden y Kamala Harris que forma parte -de forma edulcorada y en la versión norteamericana- de la famosa y altamente cuestionada Agenda Globalista 2030 del denominado Foro de Davos.
El Departamento del Tesoro publicó este jueves un texto preliminar de aplicación de la normativa de la actual administración.
Apple, Microsoft, Walmart, Target, SpaceX, Tesla, Meta, Ford, General Motors, Stellantis, Boeing y muchas otras serán obligadas a pagar el nuevo impuesto adicional del 15%.
Lo anterior forma parte del «plan económico» de la candidata Kamala Harris en sus reales intentos de controlar y atacar las grandes empresas privadas en EEUU para luego repartir más dinero con fines políticos y de campañas de tendencia socialista en proyectos sociales irrentables: mantener al pobre para que continúe siendo pobre con el dinero de los ricos. En síntesis, el odio a la riqueza, pero a la «ajena»…
La Agenda 2030 es un acuerdo del Foro Económico Mundial de Davos, impulsado por la extrema izquierda o socialismo del siglo XXI, una definida intención de un Nuevo Orden Mundial y que otorga el máximo poder de control de los gobiernos sobre la empresa privada. Su objetivo es exprimirla con altas tarifas fiscales para llenar las arcas de los gobiernos y que cada vez más personas y entidades sean dependientes de los subsidios gubernamentales. Esta agenda ha sido definida por economistas honestos y renombrados en el mundo como el gatillo para la debacle de la economía capitalista mundial.
Mayores precios para el consumidor
La medida le quitará -en principio- a las empresas estadounidenses más de 250.000 millones de dólares en 10 años en tributos, de los cuales 20.000 millones se recaudarán en 2025.
El acuerdo en el marco de la OCDE introduce una tasa mínima mundial de impuestos sobre las ganancias de las multinacionales de 15%, con el objetivo de terminar con la carrera por dar ventajas fiscales para captar inversiones.
En Estados Unidos el Congreso se opuso a este pacto, pero ahora se impone en EEUU como «algo diferente», cuando en realidad es lo mismo.
A partir de este jueves se abre un período de comentarios públicos hasta el 12 de diciembre, y está prevista una audiencia pública sobre la nueva legislación estadounidense para el 16 de enero.
La normativa concierne a empresas que ganan 1.000 millones de dólares al año o más.
Pero el dinero que estas corporaciones paguen adicional en impuestos lo trasladarán al costo de producción y de venta de muchos productos de alto valor como los automóviles, equipos electrodomésticos, teléfonos, computadoras, etc.
Entre esas grandes empresas que deben pagar esta nueva tarifa fiscal se encuentran los fabricantes de autos, de teléfonos y computadoras (Apple, Microsoft), y de otras industrias indispensables para el consumo.
Según el gobierno de Biden-Harris, se trata de impedir que las empresas utilicen estratagemas fiscales que le permiten pagar mucho menos que la tasa estándar. Pero en realidad es un ataque a las ganancias de las grandes empresas estadounidenses para financiar objetivos partidistas de la izquierda y la extrema izquierda no solo en EEUU, sino en el mundo.
El texto de 600 páginas establece los detalles de aplicación de esta iniciativa aprobada hace dos años por el Congreso.
El gran pretexto de la evasión fiscal
Es «una etapa importante hacia la concreción de los esfuerzos del Congreso para luchar contra la evasión fiscal de las empresas estadounidenses y garantizar que se evite que las firmas más grandes y rentables del país paguen pocos o nulos impuestos», describió la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.
De acuerdo con el informe del Tesoro, «algunas de las corporaciones más rentables del país reportan ganancias récord a los accionistas mientras usan complejas estrategias tributarias para pagar pocos o nulos impuestos, muchas veces pagando menos que enfermeras, bomberos, oficiales de policía o profesores», añadió el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.
«La posibilidad de apelar a contadores y abogados para reducir las tasas impositivas a cero, da a las corporaciones multimillonarias una ventaja competitiva sobre los pequeños negocios», dijo a reporteros antes de que el instructivo fuera publicado.
Según el Tesoro, sin esta medida, estas compañías habrían tenido «una tasa de imposición federal efectiva de 2,6% en promedio», incluso por debajo de 1% en el caso del 60% del centenar de empresas concernidas.