El Gobierno de Chile negó este miércoles que haya existido por parte del cuerpo policial de Carabineros una política premeditada de reprimir a los manifestantes durante las protestas sociales que comenzaron en el país el 18 de octubre del año pasado, tal como denunció un informe de Amnistía Internacional (AI) esta misma jornada.
«El Gobierno reitera con fuerza que no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes, como supone el informe en base a antecedentes de limitado alcance», expresó en un comunicado difundido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El texto también hace presente que AI no se refiere en profundidad en su informe a los más de 5.000 agentes policiales que resultaron lesionados durante las protestas a lo largo más de 2.800 eventos graves que ocurrieron en el país.
A cinco días del primer aniversario del llamado estallido social, AI denunció que los altos mandos de Carabineros permitieron que se cometieran violaciones a los derechos humanos y que «lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social».
En su respuesta, el Ministerio de Justicia afirmó que «ante todas las denuncias que se han presentado, el Gobierno de Chile ha apoyado permanentemente que estas sean debidamente investigadas, sancionadas y reparadas».
«Esto es lo que corresponde por parte de las instituciones en un Estado de Derecho democrático, pues ante violaciones de derechos humanos no puede haber impunidad para quienes cometieron o cometan delitos que así sean considerados por los tribunales de justicia», reza el comunicado.
En ese sentido, el Ejecutivo que preside Sebastián Piñera lamentó que el informe de AI «realice aseveraciones sobre hechos e informaciones que requieren ser actualizadas» por cuanto se encuentran actualmente siendo investigadas por la Fiscalía y en sede judicial.
El Gobierno indicó también que AI no recoge en su informe el trabajo ya realizado para la implementación de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.
Estas recomendaciones, según el comunicado oficial, se podrían agrupar en tres líneas de acción, según el comunicado: avanzar en una reforma «institucional integral» en Carabineros, mejorar la regulación del derecho a reunión pacífica y oortalecer el deber de investigar, sancionar y reparar vulneraciones a DD.HH.
En este sentido, presidente chileno convocó la semana pasada una comisión especial integrada por expertos independientes, que en un plazo de 90 días deberán presentar una propuesta de reforma estructural del denostado cuerpo policial.
El pasado 18 de octubre de 2019 estalló en Chile la ola de protestas más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con saqueos e incendios.
Las imágenes de jóvenes con los ojos ensangrentados tras recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en el rostro dieron la vuelta al mundo y provocaron también críticas de la ONU.
De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas resultaron con traumas oculares, de las que dos quedaron totalmente ciegas.
Fuente: La Vanguardia
Gobierno de Chile responde a AI: No hay una política premeditada de represión
