El Gobierno interino de Bolivia retó este lunes al expresidente Evo Morales a que regrese de Argentina para «arriesgar su vida» en las manifestaciones que está alentando contra el cambio de fecha de las próximas elecciones generales, previstas ahora para el 18 de octubre.
«Le pedimos al expresidente Morales que venga en primera línea a arriesgar su vida, como lo están haciendo estos ciudadanos (a los) que obliga a salir a las calles», dijo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, según recoge la agencia de noticias ABI.
Núñez reprochó al Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales que «esté poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos sacando a la gente a las calles a manifestarse» en plena pandemia de coronavirus. «Está claro que la instrucciones vienen desde Argentina», aseveró, apuntando directamente a Morales, que está asilado en la nación austral.
En la misma línea se expresó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. «Dejen de mandar a la gente a morir sin ningún motivo. Llamarlos a movilizarse es llamarlos a morir», declaró, apostillando que «a los únicos que no va a matar (el virus) es a los cobardes que se esconden detrás del Twitter», en otra alusión a Morales.
Además, Murillo hizo pública una lista de miembros del MAS que habrían enfermado de coronavirus. El ministro de Gobierno afirmó que uno de ellos es el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, y sostuvo que, si no ha trascendido, es porque se trata de «un secreto de Estado», de acuerdo con el diario boliviano ‘La Razón’.
Organizaciones sociales afines al MAS han anunciado movilizaciones contra la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de retrasar las elecciones presidenciales y parlamentarias del 6 de septiembre al 18 de octubre.
Interrogado sobre dichas movilizaciones, el presidente del TSE, Salvador Romero, advertió de que no cambiarán la decisión de la autoridad electoral, aclarando asimismo que hay «plena cohesión» en el TSE, a pesar de que dos vocales «manifestaron una disidencia», algo que ha considerado «normal en un cuerpo colegiado».
Relección indefinida
Por otro lado, el procurador general del Estado, José María Cabrera, informó este lunes de que Bolivia ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que emita «una opinión consultiva» sobre la consideración de la reelección indefinida como un «derecho humano».
Cabrera indicó que la intención del Gobierno boliviano es que la CoIDH determine «los límites permitidos en el ejercicio de los derechos políticos en democracia», en concreto sobre la reelección indefinida, que se ha venido justificando «por la necesidad de conseguir la eficacia en políticas públicas a largo plazo» y «como derecho humano».
El procurador general recordó que «la grave crisis de la democracia boliviana tuvo origen en el desconocimiento y la desobediencia al mandato del pueblo boliviano expresado en el referéndum del 21 de febrero de 2016, que establecía la prohibición de la reelección indefinida».
«La Corte deberá emitir un pronunciamiento (…) de manera que nunca más el Derecho Internacional de los Derechos Humanos pueda ser instrumentalizado por aquellos gobiernos autoritarios que pretenden perpetuarse en el poder desconociendo la normativa que rige a los gobiernos americanos», instó Cabrera.
Crisis política
La actual crisis política en Bolivia estalló con las pasadas elecciones del 20 de octubre. La oposición denunció un fraude electoral por parte de Morales que vino a ser confirmado por la Organización de Estados Americanos (OEA) al detectar «irregularidades».
Morales dimitió y se exilió -primero a México y luego a Argentina-, dando lugar a una ola de disturbios que se saldó con más de 30 muertos en enfrentamientos entre partidarios y detractores suyos y con las fuerzas de seguridad.
Los partidos acordaron repetir las elecciones el 3 de mayo pero tuvieron que ser aplazadas por el coronavirus. Ante la imposibilidad de fijar una nueva fecha, el Congreso -controlado por el MAS- señaló el 6 de septiembre, algo aceptado por el TSE, aunque no tanto por el Gobierno interino de Jeanine Áñez, que insistía en aplazar aún más los comicios.
Tanto el TSE como el Gobierno de Áñez temen que la votación coincida con el «pico» de la pandemia en Bolivia, que se espera en los próximos meses.
Fuente: Diario las Américas
En la misma línea se expresó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. «Dejen de mandar a la gente a morir sin ningún motivo. Llamarlos a movilizarse es llamarlos a morir», declaró, apostillando que «a los únicos que no va a matar (el virus) es a los cobardes que se esconden detrás del Twitter», en otra alusión a Morales.
Además, Murillo hizo pública una lista de miembros del MAS que habrían enfermado de coronavirus. El ministro de Gobierno afirmó que uno de ellos es el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, y sostuvo que, si no ha trascendido, es porque se trata de «un secreto de Estado», de acuerdo con el diario boliviano ‘La Razón’.
Organizaciones sociales afines al MAS han anunciado movilizaciones contra la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de retrasar las elecciones presidenciales y parlamentarias del 6 de septiembre al 18 de octubre.
Interrogado sobre dichas movilizaciones, el presidente del TSE, Salvador Romero, advertió de que no cambiarán la decisión de la autoridad electoral, aclarando asimismo que hay «plena cohesión» en el TSE, a pesar de que dos vocales «manifestaron una disidencia», algo que ha considerado «normal en un cuerpo colegiado».
Relección indefinida
Por otro lado, el procurador general del Estado, José María Cabrera, informó este lunes de que Bolivia ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que emita «una opinión consultiva» sobre la consideración de la reelección indefinida como un «derecho humano».
Cabrera indicó que la intención del Gobierno boliviano es que la CoIDH determine «los límites permitidos en el ejercicio de los derechos políticos en democracia», en concreto sobre la reelección indefinida, que se ha venido justificando «por la necesidad de conseguir la eficacia en políticas públicas a largo plazo» y «como derecho humano».
El procurador general recordó que «la grave crisis de la democracia boliviana tuvo origen en el desconocimiento y la desobediencia al mandato del pueblo boliviano expresado en el referéndum del 21 de febrero de 2016, que establecía la prohibición de la reelección indefinida».
«La Corte deberá emitir un pronunciamiento (…) de manera que nunca más el Derecho Internacional de los Derechos Humanos pueda ser instrumentalizado por aquellos gobiernos autoritarios que pretenden perpetuarse en el poder desconociendo la normativa que rige a los gobiernos americanos», instó Cabrera.
Crisis política
La actual crisis política en Bolivia estalló con las pasadas elecciones del 20 de octubre. La oposición denunció un fraude electoral por parte de Morales que vino a ser confirmado por la Organización de Estados Americanos (OEA) al detectar «irregularidades».
Morales dimitió y se exilió -primero a México y luego a Argentina-, dando lugar a una ola de disturbios que se saldó con más de 30 muertos en enfrentamientos entre partidarios y detractores suyos y con las fuerzas de seguridad.
Los partidos acordaron repetir las elecciones el 3 de mayo pero tuvieron que ser aplazadas por el coronavirus. Ante la imposibilidad de fijar una nueva fecha, el Congreso -controlado por el MAS- señaló el 6 de septiembre, algo aceptado por el TSE, aunque no tanto por el Gobierno interino de Jeanine Áñez, que insistía en aplazar aún más los comicios.
Tanto el TSE como el Gobierno de Áñez temen que la votación coincida con el «pico» de la pandemia en Bolivia, que se espera en los próximos meses.
Fuente: Diario las Américas