Los expresidente de Estado y de Gobierno agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas expresaron su grave preocupación por la destitución de los jueces de la Sala Constitucional de El Salvador, ejecutada por la Asamblea Legislativa recién electa en comicios populares y de mayoría calificada afín al gobierno del presidente Nayib Bukele.
«Hemos constatado que dicho proceso se realizó sobre valoraciones políticas, al margen de las previsiones constitucionales, sin que se haya adelantado algún antejuicio por eventuales delitos, sin que medie ley que fije las causas de destitución, sin mediar previo ni debido proceso ni derecho a la defensa, y sin que a los jueces supremos señalados les hubiese fenecido el período de sus ejercicios» indican en una comunicado hecho publico este jueves.
Destacan que son conscientes de que la situación política en El Salvador y el desarrollo de su experiencia democrática han estado condicionadas por los Acuerdos de Paz concluidos hace casi tres décadas. Resaltan que se trata, además, de un largo período signado a su final por cambios profundos en el orden regional latinoamericano, de reclamos por una mejor calidad de democracia y demandas de bienestar que, en el caso salvadoreño, le encuentra en un tránsito cuya deuda pública se aproxima al nivel del producto interno bruto.
«Debemos hacer presente que el acceso y el ejercicio del poder en toda democracia ha de estar sujeto a un celoso respeto del Estado de Derecho y de las garantías institucionales de los derechos humanos y las libertades, sin que puedan verse relajados por el voto de las mayorías, menos para atropellar a las minorías. Y ello sólo es posible asegurándose la separación e independencia de los poderes públicos. No hay bienestar sostenible al margen de los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia, como lo demuestra la historia de América Latina».
Por lo antes expuesto, instan a que se reviertan los efectos de esta manifiesta violación de la Carta Democrática Interamericana, y pedimos de las autoridades de la OEA para que hagan una apreciación de lo ocurrido y determinen las medidas necesarias para la preservación y fortalecimiento de la democracia salvadoreña.
Fuente: Diario las Américas