Guatemala concluyó este miércoles (10.03.2021) con la elección de los diez magistrados para el período 2021-2026 del máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, en una polémica designación que enfrentó al presidente de la nación, Alejandro Giammattei, con su vicepresidente, Guillermo Castillo.
El Organismo Ejecutivo, al mando de Giammattei, y el Organismo Judicial mediante la Corte Suprema de Justicia, oficializaron este miércoles sus respectivas designaciones, un magistrado titular y uno suplente por cada ente, completando así el listado final de diez nuevos miembros de la Corte de la Corte de Constitucionalidad.
Anteriormente ya habían efectuado sus dos designaciones el Congreso guatemalteco, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos (estatal), para sellar así la nómina de 10 magistrados del máximo tribunal del país por los próximos cinco años.
La designación de la nueva Corte de Constitucionalidad ha estado bajo la lupa de funcionarios de Estados Unidos en las últimas semanas y de acuerdo a expertos, la elección de los magistrados es clave para la lucha anticorrupción en Guatemala.
El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, eligió en Consejo de Ministros a los abogados Leyla Lemus Arriaga y Juan Samayoa Villatoro como sus dos designados para la Corte de Constitucionalidad, titular y suplente, respectivamente.
El proceso de nombramiento ya había sido criticado en los días previos por el vicepresidente guatemalteco, Guillermo Castillo, quien exigió transparencia en la designación y quien finalmente se opuso a la elección de Lemus y Samayoa.
Durante el Consejo de Ministros en el que se llevó a cabo la designación, Giammattei y Castillo intercambiaron algunas palabras discutiendo con respecto a la elección.
«El proceso me parece poco transparente», llegó a indicar Castillo durante el encuentro, divulgado públicamente en vivo vía telemática. .
«Con mucho gusto, señor vicepresidente, lo invito de una vez a que haga la propuesta al cambio de la constitución», replicó Giammattei, quien recalcó que «estamos cumpliendo al pie de la letra» con lo establecido por la ley.
Giammattei, médico y cirujano retirado, puso como ejemplo la elección anterior de magistrados a la Corte de Constitucionalidad «hace cinco años», pero el vicepresidente, abogado de profesión, lo interrumpió para enfatizar que «el error no es fuente de derecho, presidente».
Castillo continuó su respuesta al respecto argumentando que «la poca transparencia tampoco legitima procesos anteriores. Hemos hablado de un país distinto que usted debe abanderar, siendo transparente, rindiendo cuentas y no comprometiendo al Consejo de Ministros a hacer votos que deberían estar mejor fundamentados, con todo respeto señor presidente».
La magistrada titular electa por Giammattei, Leyla Lemus Arriaga, de 47 años, es la secretaria general de la Presidencia y conoció al gobernante en 2006, según sus propias palabras a medios locales.
«Pacto de corruptos»
Juan Samayoa Villatoro, por su parte, llega a la Corte de Constitucionalidad como magistrado suplente tras varios períodos como funcionario en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Agricultura y en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.
La Corte Suprema de Justicia eligió este mismo miércoles al abogado Roberto Molina Barreto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad y a Wálter Jiménez como el suplente.
Anteriormente, el Congreso había designado a Dina Ochoa y Luis Rosales como magistrados titular y suplente, respectivamente, mientras que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala había hecho lo propio con Néster Vásquez y Claudia Paniagua.
Por su parte, el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos días atrás también oficializó a Gloria Porras y Rony López como titular y suplente para el período 2021-2026 del máximo tribunal del país.
En opinión del diputado independiente Aldo Dávila, la designación de los magistrados «consolida» a las mafias en el país, identificadas como «el pacto de corruptos», nombre con el que se le ha bautizado a un grupo de políticos y jueces que buscan cooptar la Justicia para evitar ser procesados por corrupción.
«Hoy es un día muy preocupante y muy frustrante», explicó Dávila en sus redes sociales.
El legislador denunció que la abogada Leyla Lemus Arriaga «ha estado muy ligada» en la lucha para expulsar del país a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente que entre 2014 y 2019 imputó a más de 200 personas por corrupción entre ministros, funcionarios y empresarios.
Dávila también recordó que Luis Rosales fue abogado del dictador y golpista guatemalteco Efraín Ríos Montt (1982-1983), acusado por el genocidio de indígenas durante el conflicto armado interno entre 1960 y 1996.
Además, Luis Rosales «pertenece» al partido Valor, de la hija de Ríos Montt, Zury Ríos Sosa, recalcó Dávila, y también rememoró que el nuevo magistrado Roberto Molina Barreto formó parte de la misma agrupación política llegando a intentar ser candidato presidencial.
La Corte de Constitucionalidad le ha vedado participar en el pasado en las elecciones presidenciales a Zury Ríos Sosa por la vinculación sanguínea con su padre, prohibida en la Constitución.
Sin embargo, aseguró el diputado Dávila, con los nuevos nombramientos seguramente se abrirá una puerta para que le permitan participar a Ríos Sosa en las elecciones de 2023.
El legislador explicó por último que el nuevo magistrado Néster Vásquez es investigado actualmente por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) por el caso denominado «Comisiones Paralelas», en el que se documentan los intentos de varios políticos y jueces por cooptar las elecciones de 200 magistrados del Organismo Judicial entre 2019 y 2020.
Los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad tomarán su cargo en abril y dejarán su puesto en el mismo mes de 2026.
Fuente: DW