CIUDAD DE GUATEMALA.- Cientos de manifestantes salieron a las calles de Guatemala para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, así como otros funcionarios del Ministerio Público, a quienes señalan por interferir en el proceso electoral de las elecciones del 25 de junio.
Los asistentes a la marcha remarcaron que «independientemente de quien salió desfavorecido en las elecciones» las autoridades «deben respetar la decisión expresada en las urnas y no intervenir», según informó el periódico guatemalteco Prensa Libre.
La protesta, a la que acudieron organizaciones sociales e indígenas, comenzó frente al Tribunal Supremo de Justicia y concluyó frente a la Fiscalía. Desde los megáfonos, los manifestantes pidieron, además de la renuncia de Porras, la dimisión del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche y la fiscal Cinthia Monterroso.
Tras esta marcha, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que reiteró que es «una institución autónoma que no se encuentra subordinada a ningún ente nacional o internacional, su actuar se desarrolla apegado al principio de legalidad, según su mandato constitucional, por lo que rechaza todo intento de presión y coacción para detener cualquier investigación en curso autorizada».
«El Ministerio Público rechaza las campañas de desinformación que pretenden trasladar a la ciudadanía afirmaciones alejadas de la realidad y que suponen que se ponen en riesgo los resultados del 25 de junio en las elecciones generales y el próximo balotaje del 20 de agosto del presente año», denunció.
El organismo consideró que «estas campañas tienen como único objeto detener las investigaciones en curso», por lo que denunció que «la desinformación y las medidas de hecho para detener las investigaciones, fomenten la impunidad y se alejan del Estado de derecho».
La Fiscalía hizo hincapié en que garantizará el desarrollo de la segunda vuelta electoral, tal y como resolvió la Corte de Constitucionalidad, «y manifiesta al pueblo de Guatemala con contundencia y determinación que siempre será ese bastión de la justicia que velará por todas las víctimas del delito para que obtengan las respuestas a sus demandas, investigando todas las denuncias que se presentan».
El Tribunal Supremo Electoral declaró válidas las elecciones presidenciales del pasado 25 de junio en las que las opciones más votadas fueron las de Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, conservador) y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, de izquierda.
Sin embargo, desde los comicios, la Fiscalía ha tratado de suspender la candidatura electoral del Movimiento Semilla, aunque la Corte de Constitucionalidad amparó al partido y anuló la decisión del fiscal. El Ministerio Público registró tanto la sede de esta formación política como la del Registro de Ciudadanos del TSE, ordenando también la captura de Eleonora Castillo, subdirectora de dicho organismo.
Este domingo se conoció que distintas organizaciones están llamando a manifestaciones masivas en distintos puntos del país. Las protestas, que los organizadores califican de «paro nacional» tienen el objetivo de rechazar las presuntas irregularidades en las elecciones, de cara a la segunda vuelta de agosto.
Ignacio Lejárraga, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), aseguró que no han convocado ningún «paro nacional», informó Prensa Libre.
“El Cacif no ha convocado a ningún paro. Considero que con la comunicación de la CC (Corte de Constitucionalidad) del día de ayer queda claro que su anterior resolución define el marco de acción que los procesos electorales tienen en este momento. Es tarea de las autoridades del país asegurar las condiciones para que las elecciones se celebran libremente y sin presiones. Esto sin perjuicio de que los procesos penales continúen su curso, observando siempre las garantías legales”, mencionó.
Este domingo, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala negó el recurso de amparo presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra ocho instituciones del Estado, incluidas las Fiscalía, varios ministerios, la Policía y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero confirmó el acuerdo por el que se fijaba la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para el 20 de agosto, reseñó Notiamerica.
En el recurso de amparo, el TSE denunció que ocho instituciones del Estado por «la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren el estado democrático de derecho al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, de los órganos electoral temporales y de la ciudadanía en general, para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión, en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales de la ciudadanía y organizaciones políticas».