El pasado 1 de octubre, una caravana de unos 4.000 migrantes hondureños ingresó a territorio guatemalteco tras romper un cerco militar en la frontera terrestre de Corinto, unos 295 km al noreste de la capital.
En los días siguientes, autoridades guatemaltecas detuvieron y deportaron a los hondureños, que buscaban emigrar a Estados Unidos para escapar de la pobreza y violencia en su país, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.
Autoridades de los dos países se encontraron en el caribeño Puerto Barrios, epicentro de la movilización masiva del pasado 1 de octubre.
Según la nota, en la cita se «intercambiaron experiencias sobre caravanas anteriores y presentaron propuestas para la atención futura de las mismas».
Posteriormente realizaron una visita al Puesto Fronterizo Integrado de Corinto en donde «analizaron y evaluaron las medidas a implementar para tener una migración, regular, ordenada y segura en la región».
Los funcionarios abordaron también la seguridad sanitaria debido a que Guatemala teme una segunda ola de COVID-19, según el Ministerio de Salud.
Guatemala abrió el 18 de septiembre las fronteras marítimas, terrestres y aéreas después de seis meses de cierre por la pandemia, y estableció que los extranjeros deben aportar pruebas de que no son portadores del COVID-19 para ingresar al país.
En 2018 y 2019 se registraron caravanas masivas de migrantes, y en respuesta el presidente estadounidense, Donald Trump, militarizó la frontera sur de su país para impedir el ingreso de los centroamericanos ante el masivo éxodo de migrantes.
Fuente: Diario las Américas