Grupos armados pertenecientes a los Comandos de la Frontera del Ejército Bolivariano (CDF-EB) que integran exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) convierten a Perú en su nuevo centro de operaciones para el tráfico de armas, minería ilegal, al igual que de narcotráfico hacia México y Brasil,.
Informes de inteligencia de Colombia, Ecuador y Perú confirman la presencia de la guerrilla en las inmediaciones de El Putumayo, un largo río amazónico que nace en Colombia, desemboca en Brasil y forma una frontera natural que divide a Colombia de Ecuador y luego de Perú.
Al ser parte de la geografía de cuatro países, el Putumayo es un punto estratégico para el traslado de la droga. A esta zona llegan por “largas temporadas” los insurgentes para promover el cultivo de hoja de coca, así como la producción de pasta básica y cocaína, con fines de ventas a las organizaciones internacionales.
Los documentos divulgados por La República precisan que “el cultivo de coca en la frontera Perú-Colombia está identificada en las zonas del Putumayo y Bajo Amazona”, donde “existe escasa población, vegetación agreste, escaso tránsito de embarcaciones y limitada presencia del Estado que contribuye a la presencia de organizaciones criminales”, señala el reporte que tienen en sus manos los Comandos Conjuntos de las Fuerzas Armadas de ambos países.
La información que comparten los jefes militares en los encuentros que realizan desde 2019 hasta la fecha, advierte que quienes conforman los grupos armados tienen doble nacionalidad, lo cual dificulta su identificación y facilita la evasión del control fronterizo.
Rivalidad criminal
Los tentáculos del Comandos de la Frontera del Ejército Bolivariano (CDF-EB) no es la única evidencia de la guerrilla en Perú. También el Frente Carolina Ramírez comenzó a conquistar territorio inca no sólo para actividades vinculadas al tráfico de pasta base de coca y clorhidrato de cocaína sino también para extorsiones a ganaderos, comerciantes, conductores y campesinos”.
Ambas organizaciones ya protagonizan enfrentamientos armados por el control del Bajo Putumayo que antes de la firma del acuerdo de paz en Colombia estaba dominado por el Bloque Sur de las FARC.
Un reporte de Mongabay indican que los cultivos ilícitos aumentaron 31.4 % en los últimos dos años al pasar de 1597 hectáreas a 2193 hectáreas que afectan a nueve comunidades del pueblo Huitoto en el Medio Putumayo: Soledad, Puerto Limón, Ere, San Francisco, Santa Lucía, Siete de Mayo, Puerto Elvira, Puerto Aurora y Maridicai.
Tanto el Frente Carolina Ramírez y el Comando Frontera negocian la droga que con rumbo a Brasil con la Familia del Norte, el Primer Comando y Comando Vermelho y la que se destina a México y Estados Unidos con los carteles Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y los Zetas.
Comunidades con temor
Las poblaciones de la provincia del Putumayo reconocen el reclutamiento de jóvenes por parte del CDF-EB y del Frente Carolina Ramírez. Bajo amenaza también las comunidades indígenas de los Secoya son víctimas del del trabajo forzoso que imponen las organizaciones irregulares, que implica penas de cárcel de entre seis y 12 años de prisión, así lo señaló el jefe del Comando de Inteligencia Militar Conjunto de Ecuador, Juan López al director de Inteligencia del Ejército peruano, Neil Guerrero tras el acuerdo de intercambio de información sobre los Grupos Armados Irregulares (GIA),
El panorama en Putumayo, la utopista fluvial que comparten Perú y Colombia- se repite pero a menor escala en Ucayali y en el Marañón. Impedir la expansión requiere un gasto de 72 millones de dólares anuales por parte de la administración del izquierdista, Pedro Castillo más otros 50 millones de dólares de cooperación internacional.
Sin embargo, los montos son insuficientes para neutralizar a corto plazos el avance de la guerrilla en Perú cuando una operación de inteligencia o militar en Putumayo cuesta tres veces más en presupuesto que en la selva baja y el presupuesto de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) para el 2023 cuenta con 287 millones de soles que equivalen a 70 millones de dólares.
Pensar o creer que el gobierno de Gustavo Petro hará algo es iluso cuando el mandatario se declaró en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como el gran defensor de la cocaína. El problema es denso. De hecho, Ecuador asegura que las municiones y armamentos, de origen peruano, lleguen hasta las FARC y otros grupos armados colombianos.