El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue declarado persona no grata por un grupo de exiliados venezolanos residenciados en Estados Unidos. El motivo de ello se centra en el papel que ha tenido el exguerrillero del M-19 en favor del régimen que encabeza Nicolás Maduro, quien en esta oportunidad busca abogar por el levantamiento de sanciones que la administración de Joe Biden en contra de la cúpula chavista.
A través de un comunicado, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), cuya sede se encuentra en Miami, que reseñó El Nuevo Herald, se indicó que «quienes apoyan al régimen de Maduro y buscan levantar las sanciones le están dando la espalda al pueblo venezolano que dentro y fuera del país es víctima de la tiranía».
Las acciones de Petro le han ganado esta declaración de parte de los venezolanos, debido a que recientemente se reunió en la nación norteamericana con congresistas, representantes de países miembros de la OEA y con su par estadounidense, Joe Biden, para hablar sobre un posible levantamiento de las sanciones a Venezuela.
Durante su visita a Estados Unidos, Petro aseveró que busca abogar por «una desactivación paulatina y progresiva de sanciones, de tal manera que llegáramos a una meta que al final es que el pueblo decida libremente, sin sanciones, sin presiones, su propio destino». Sin embargo, Veppex insistió en que la postura de Petro es la de apoyo a un dictador.
En su lugar, Veppex consideró que si Petro quería abogar por Venezuela debió hablar sobre «los presos políticos venezolanos» y de la «forma reiterativa como el régimen viola los derechos humanos y persigue a quienes no están de acuerdo, ni apoyan a su revolución».
Cumbre Internacional sobre Venezuela
Como parte del plan de Petro, este martes 25 de abril se llevará a cabo en Bogotá, Colombia, una Conferencia Internacional sobre Venezuela para buscar reiniciar el diálogo entre la oposición y el régimen de Maduro, con la asistencia de unos 15 países.
Según indicó el mandatario, la idea es abordar acuerdos relacionados al establecimiento de un cronograma electoral venezolano con garantías, la entrada de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una desactivación paulatina y progresiva de sanciones.