QUITO. Para el diputado y expresidente de Ecuador Lucio Gutiérrez, la institucionalidad democrática “colapsó” y en consecuencia la crisis política se agudiza, impera el descontento social y la ola de protestas, mientras la Asamblea Nacional se encuentra fragmentada por lo que tiene pocas posibilidades de generar soluciones.
El diputado Gutiérrez hizo estas afirmaciones a través de su cuenta de la red social X, antes Twitter, refiriéndose al panorama político, económico y social que reina en el país.
De acuerdo con los analistas, la corrupción, la falta de transparencia y la impunidad generan desconfianza de la población en las instituciones públicas. Por otra parte, el poder judicial se encuentra bajo presión política, mientras que la independencia de la prensa y la libertad de expresión están siendo amenazadas.
La sociedad ecuatoriana se encuentra profundamente dividida entre oficialistas y opositores, lo que dificulta el diálogo y la búsqueda de consensos. El desempleo, la pobreza y la desigualdad social están aumentando, lo que genera un caldo de cultivo para el descontento social.
El futuro de la democracia en Ecuador es incierto. Algunos analistas advierten sobre el riesgo de un retroceso autoritario, mientras que otros apuestan por la capacidad de la sociedad civil para defender las instituciones democráticas.
Consulta popular en Ecuador
En ese sentido, el diputado Gutiérrez considera que el próximo presidente del país a elegirse en febrero de 2025 debe convocar una consulta popular para refundar a Ecuador a través de una nueva Constitución que sea aprobada con el voto popular y no por una Asamblea Nacional Constituyente, porque a su juicio, la nueva Carta Magna sería favorable a la “narcodelincuencia y a la impunidad”.
“La Nueva Constitución, el Nuevo Código Penal con Cadena Perpetua y Código de la Democracia, deben ser aprobados por el pueblo en Referéndum y Consulta”, dijo recientemente en su cuenta de la red social X.
Reitera la necesidad de aprobar la nueva Constitución y los mencionados proyectos legales, que permitan reformas para combatir la corrupción, aumentar la transparencia y fortalecer la independencia de las instituciones.
Por otra parte, es necesario también la búsqueda de consensos entre los diferentes actores políticos para encontrar soluciones a los problemas del país. Así como la participación ciudadana para defender la democracia y exigir cambios a las autoridades.
El futuro de Ecuador está en juego. Es necesario que todos los actores del país se unan para encontrar una salida a la crisis y fortalecer la institucionalidad democrática.
Reforma del COIP
En febrero el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional ecuatoriana admitió el Proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que implementa la cadena perpetua en Ecuador, para los políticos corruptos que se roben el dinero de los ecuatorianos, a los jueces y fiscales corruptos, que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes.
Esta reforma legal condena además con la misma pena perpetua a los sicarios, violadores y los que cometen crímenes de femicidio.
La propuesta fue presentada por el diputado Lucio Gutiérrez y aprobada el pasado 30 de enero por la mesa legislativa.
Tipificación de nuevos delitos
En el Proyecto de reforma COIP fueron incluidos artículos referidos a la propagación de enfermedades infecciosas, la intención es sancionar a quienes intencionalmente propaguen enfermedades contagiosas, poniendo en riesgo la salud pública.
También fue incluido el feminicidio, se tipifica como un delito autónomo el asesinato de mujeres por razones de género, con penas más severas que el homicidio simple.
El delito contra la flora y fauna: se endurecen las penas para delitos como la tala ilegal, la caza furtiva y el tráfico de especies.
Aumento de penas para delitos existentes
Se propone aumentar la pena máxima para el delito de sicariato de 34 a 40 años de cárcel.
Para el delito de secuestro, de 26 a 34 años; por secuestro extorsivo, de 35 a 40 años; por extorsión sexual, de 13 a 17 años de cárcel. En cuanto al tráfico de drogas endurecen las penas, especialmente para quienes trafican con grandes cantidades de droga.
En cuanto al proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, en sus objetivos plantea prevenir la violencia política contra las mujeres y asegurar proporcionalidad entre las infracciones electorales y las sanciones.
Reforma del método de asignación de escaños que favorecerá la participación y representatividad de las mujeres en la política, con lo que se espera superar las limitaciones que afrontan en la actualidad con el método vigente.
Garantizar el principio constitucional de proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones: Según esta propuesta, las infracciones leves serán sancionadas con multas de entre uno y cinco salarios básicos unificados.
Las infracciones graves, en cambio, serán sancionadas con multas desde cinco hasta 10 salarios básicos unificados, así como con la destitución y/o la suspensión de los derechos de participación hasta seis meses.
Es importante mencionar que estas reformas aún están en debate y no se han aprobado. La Asamblea Nacional tiene previsto continuar con la discusión en las próximas semanas.