Hoy, 11 de septiembre de 2023, medio siglo después de la muerte de Salvador Allende y la toma del poder por la Junta Militar dirigida por Augusto Pinochet, todo el mundo va a hablar de Chile y de «aquello». Pues bien. Vamos a hablar del 11 de septiembre en Chile, pero hablemos claro y hablemos en serio, no como llevan haciendo medio siglo todos los forjadores de historia de conveniencia. Hablemos de Chile. Pero con la verdad por delante y sin miedo y dejando a un lado con resolución y desprecio los millones de páginas de mentiras y propaganda ideológica y los miles de horas de documentales fatuos con la misma letanía que adoptaron por igual las fuerzas comunistas que sufrieron en aquella fecha una colosal derrota como las democracias cautivas ya desde entonces de la corrección progresista que es un eufemismo para la mentira histórica y la falsificación interesada de los hechos. Hablemos del 11 de septiembre, pero hablemos sobre todo de lo sucedido antes del 11 de septiembre, que de eso les gusta hablar menos.
Hablemos de las muchas razones que llevaron a gran parte del pueblo chileno a aplaudir y celebrar en aquel 11 de septiembre de 1973 un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas para deponer de su cargo al presidente de la República, Salvador Allende Gossens, y a todo su gobierno a la vista de la obstinación de este, pese a reiteradas advertencias de todos los organismos institucionales de la democracia chilena, por incumplir todos los acuerdos aprobados tras las elecciones de 1970 en el Estatuto de Garantías que le llevó a la presidencia por un acuerdo con la Democracia Cristiana. Allende despreció las continuas alarmadas advertencias de que debía poner fin a la política de su gobierno de desmantelamiento de las instituciones democráticas, violación permanente de las reglas constitucionales, destrucción violenta de los derechos de la propiedad con masivas usurpaciones y masiva arbitrariedad y desacato del ejecutivo, y a la creación de un poder paralelo armado para un poder dictatorial con ideología comunista, todo ello con complicidad extranjera, particularmente del Gobierno de Cuba.
Hablemos sobre las causas de que hoy, pese a todas las evidencias nada difíciles de localizar como verán, prevalezcan en la narrativa de la historia chilena la burda manipulación ideológica y la falsedad sentimental de mala fe con la voluntad de engaño por motivos políticos. Sólo así puede concluirse que un régimen como el que preparaba Salvador Allende con Fidel Castro y que habría sido forjado en sangre y represión a semejanza de la dictadura comunista de Cuba, esa que desde hace ahora 63 años somete a brutal miseria, privaciones y tiranía al pueblo cubano, hubiera sido mejor que el surgido de la proclamación de la Junta Militar que, tras poner fin al crimen, el caos y la subversión, reordenar la economía y abrir cauces de libertad, se autodisolvió tras una consulta popular y desembocó en una democracia plena y el periodo de mayor libertad y prosperidad de la historia de Chile. Sin aquel 11 de septiembre es muy posible que Chile aun viviera como vive Cuba bajo la dictadura comunista de algún sicario de Allende, elegido como sucesor suyo, como Díaz Canel lo es en la mafia comunista de los Castro.
Hablemos también sobre el pecado capital de la democracia chilena y los errores de las fuerzas democráticas conservadoras de no haber mantenido vivo el recuerdo de la catástrofe que supuso para la nación chilena el proceso revolucionario desatado por la Unidad Popular en contra de todas las promesas de Allende de respetar el Estatuto de Garantías. Y debatamos, porque es muy importante también para la salud política de otras naciones, sobre la incapacidad de defender y promover la verdad sobre aquellos hechos dentro y fuera de Chile para las nuevas generaciones. Frente a la colosal avalancha de tergiversaciones y propaganda de la internacional comunista como de todas las democracias occidentales, intoxicadas por las mismas mentiras socialdemócratas, que han hecho creer a tantos que Salvador Allende fue un héroe y un santo de la causa de la democracia y la libertad. De la misma grotesca forma en que los mismos y para lo mismo han impuesto esa leyenda siniestra que ha hecho del asesino que fue el Ché Guevara un simpático icono pop.
La fuerza de la mentira progresista ha sido inmensa desde hace seis lustros en todo Occidente y las fuerzas que debieran haber defendido la verdad y resistido a la falsedad desde posiciones de firmeza de valores y convicciones conservadoras abdicaron, se replegaron, se disolvieron o claudicaron vergonzosamente, dedicados a otros menesteres más lucrativos que defender los pilares de la civilización occidental, la única que tiene como eje a la libertad y por tanto a la verdad.
No se ha sabido transmitir cuál era el terrible dilema al que se enfrentaban demócratas y Fuerzas Armadas en plena guerra fría frente a un Allende abiertamente abrazado a un proyecto totalitario promovido por Cuba y la URSS. Frente a un individuo que lejos de ser ese héroe y santo era un sórdido personaje de inestabilidad mental y afectiva, especialmente hacia las mujeres, falsario, intrigante y de gran violencia interna, voluntad totalitaria y unas ansias infinitas por destruir todo el orden social establecido. Estaba Allende, y es necio negarlo, decidido a imponer por la fuerza y la amenaza un régimen que habría sido la segunda Cuba de América, la primera entonces en el subcontinente. De no haber sido frustrados sus planes por la Junta Militar, hoy probablemente seguiría siéndolo, con la pobreza, la tiranía y el fracaso total en todos los frentes como Cuba. Y cumpliría su medio siglo de infierno comunista devoravidas como en Cuba ha cumplido sus 63 años.
Hablemos también, claro que sí, sobre los lamentables excesos habidos en la toma del control del país, en la represión de la brutal actividad terrorista con una ofensiva comunista en todos los campos y con fuerzas paramilitares organizadas y armadas con ayuda de Cuba y la URSS. Sobre los excesos y por supuesto también los crímenes que los hubo en este masivo despliegue de fuerza por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. Pero hablemos de ello con rigor y solvencia. No con lirismos de recorrer alamedas y víctimas especiales. Porque fue terrible la muerte de Víctor Jara y tantos otros partidarios de cubanizar Chile. Pero también lo fueron las terribles muertes de militares, policías, funcionarios y civiles asesinados por el terrorismo. Y sin embargo, a muchos que llevan toda su vida oyendo hablar de Allende y Pinochet en absoluta caricatura falsaria les extrañará que el total de los muertos violentos en el Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet se elevó a poco más de 3.000 casos, todos trágicos y lamentables, a lo largo de un periodo de 16 años, una cifra de muertos que nada tiene que ver con las cifras que se barajan en otros dictaduras. Y unas cifras de asesinados que por supuesto las fuerzas comunistas cubanas en La Habana superaban en pocos días en muchos momentos de su frenesí revolucionario en los años sesenta. Los asesinatos y desapariciones en Cuba continuaron hasta hoy mismo y en países que corrieron la suerte que Allende quería deparar a Chile como colonia cubana, pongamos el caso de Venezuela, las víctimas directas de la represión del régimen criminal se van a los muchos cientos de miles y las indirectas son incalculables.
Hablemos ante todo sobre la situación previa al golpe de la Junta Militar bajo el general Augusto Pinochet y lo fácil que le habría sido a Allende evitar el golpe militar con haberse atenido a las leyes. Cuando todas las instancias civiles, todas las instituciones democráticas de Chile habían acudido al presidente Allende a conminarle e incluso suplicarle que pusiera fin a las permanentes violaciones de la ley, el desacato continuo y brutal a la Justicia por parte de fuerzas dependientes del Ejecutivo y la deriva criminal en que habían entrado dichas fuerzas y otras de los partidos revolucionarios con el fin declarado de la destrucción del Estado y la democracia que había emprendido la Unidad Popular.
A finales de agosto de aquel año todos tenían certeza de que Allende y sus fuerzas habían ya dado por finiquitado el periodo de mantener siquiera algunas apariencias de respeto del Estado de derecho y la democracia. Y que ultimaban preparativos para el golpe que impusiera el régimen socialista popular con apoyo de Cuba, el enclave soviético del continente. Los planes para liquidar a los mandos militares y policiales que no se avinieran al cambio de régimen estaban avanzados y los preparativos para su ejecución ya en marcha en ese verano de 1973.
Hablemos aquí por ejemplo de esta carta que recibió Allende de la Corte Suprema de Chile el 26 de mayo de 1973 y que en absoluto era de nadie que preparara ninguna acción militar contra el gobierno. Se advertía contra el golpe pero no uno de los militares, sino el que estaba dando desde hacía tiempo contra las leyes y el Estado de derecho el gobierno de Allende:
«Al Excmo Presidente de la República
Don Salvador Allende
PRESENTE:
Esta Corte Suprema por resolución unánime adoptada en el día de ayer, acordó dirigir a V.E. en los términos que transcribo a continuación:
El Segundo Juzgado de Rancagua ha comunicado que el proceso por usurpación Nº 11.202 se dio orden a los Carabineros de Machalí para el desalojo de la propiedad usurpada, pero que no se dio cumplimiento a esta orden (…) por haber dispuesto el Intendente de la Provincia de O´Higgins «la suspensión del desalojo» (…).
Esta Corte Suprema debe representar a V.E. por enésima vez la actitud ilegal de la autoridad administrativa en la ilícita intromisión en asuntos judiciales, así como la obstrucción de carabineros en el cumplimiento de órdenes emanadas de un Juzgado del Crimen que de acuerdo con la ley deben ser ejecutadas por dicho cuerpo sin obstáculo alguno: todo lo cual significa una abierta pertinacia en rebelarse contra las resoluciones judiciales, despreciando la alteración que tales actitudes u omisiones producen en el orden jurídico; lo que —además— significa, no ya una crisis del estado de derecho, como se le representó a V.E. en el oficio anterior, sino una perentoria o inminente quiebra de la juridicidad del país.
Para constancia se extiende la presente acta que firman el señor presidente, los señores ministros y el secretario que autoriza. Dios guarde a V.E«.
Hablemos de este oficio de la misma Corte Suprema de la República de Chile al presidente Salvador Allende el 26 de junio de 1973:
«Excmo señor:
Este Tribunal quiere enterar a V.E de que ha entendido su oficio como un intento de someter el libre criterio del Poder Judicial a las necesidades políticas del Gobierno, mediante la búsqueda de interpretaciones forzadas para los preceptos de la Constitución y de las leyes. Mientras el Poder Judicial no sea borrado como tal de la Carta Política jamás será abrogada su independencia.
Quiere también esta Corte expresar con entereza a V.E. que el poder que ella preside merece de los otros Poderes del estado, por deber constitucional, el respeto de que disfruta y lo merece además, por su honradez, ponderación, sentido humano y eficiencia y que ninguna apreciación insidiosa de algún parlamentario innombrable o de sucios periodistas logrará perturbar sobre este particular asunto el criterio de los chilenos.
El Presidente de la República, sin advertirlo o inducido a ello, cometió un error al tomar partido en la sistemática tarea nunca lograda —que algunos sectores del país han desatado en contra de esta Corte—. Lo lamenta este Tribunal hondamente, y lo dice porque si V.E ha invadido en su comunicación un campo jurídico que constitucionalmente le está vedado, este Tribunal puede, a su vez, para restablecer el equilibrio así perturbado, insinuarse en las costumbres administrativas aunque no sea más que para significarle a V.E. la importancia y las consecuencias de su error. La equivocación consistió en cambiar el pedestal del Poder Supremo en que la ciudadanía y, por consiguiente, esta Corte lo tenían colocado, por la precaria posición militante contra el órgano jurisdiccional superior del país que por imperativo del deber tiene que contrariar a veces en sus fallos los deseos más fervientes del Poder Ejecutivo.
Error es el expresado de trascendental gravedad por el Jefe Supremo de la Nación estaba siendo considerado por el ciudadano común y por esta Corte como guardián de la legalidad administrativa del país contra los excesos de algunos subordinados, y es por eso lamentable que se constituya en censor del poder Judicial tomando partido al lado de aquellos a quienes antes daba sus órdenes de cumplir la ley. Los Ministros suscritos experimentamos sorpresa por el cambio y actitud de V.E. porque entendemos que deprime su función constitucional.
Hasta aquí esta Corte había dirigido al Jefe Supremo de la nación parcas comunicaciones destinadas a lograr por su intermedio la cesación en la resistencia de algunos funcionarios administrativos al cumplimiento de las resoluciones judiciales y en varios casos lo había obtenido. Desde ahora en adelante no podrá ya hacerlo porque LAS ATRIBUCIONES DEL PODER JUDICIAL ESTÁN SIENDO DESCONOCIDAS POR V.E. COHONESTANDO ASÍ LA REBELDÍA DE LA ADMINISTRACIÓN.
La prescindencia del Jefe Supremo de la Nación significaba una garantía, siquiera fuera relativa y aparente, del funcionamiento correcto de la institucionalidad judicial, pero la garantía se ha desvanecido ahora cuando el Presidente acogió las erróneas insinuaciones de sus presuntos colaboradores y asumió plena militancia partidaria en la ofensiva desencadenada contra un poder que, sin desvirtuar su oficio, no puede someterse a las exigencias o deseos de cualquier otro de los Poderes del Estado».
Hablemos también de esta declaración conjunta del presidente del Senado Eduardo Frei y del presidente de la Cámara de Diputados, Luís Pareto del 8 de Julio de 1973 que les reproduzco íntegra porque creo no tiene frase que sobre para explicar la situación institucional de Chile cuatro semanas antes de la fecha del pronunciamiento y toma de poder por la Junta Militar:
«Ningún chileno ni chilena a través del territorio de la República ignora que el país se encuentra en una situación de extrema gravedad.
En estas circunstancias como Presidentes del Senado y la Cámara de Diputados y representantes de las mayorías de ambas ramas del Congreso, creemos un deber expresar nuestra opinión ante el país.
Es un hecho que Chile atraviesa por una de las más graves crisis en el orden político, económico, social y moral, que ha conocido en su historia.
Se ha querido imponer por una minoría un esquema ideológico y programático que la mayoría del país rechaza.
Las consecuencias están en la vía de una inflación desatada hasta limites intolerables; una moneda que se derrumba de manera dramática; escasez de productos esenciales, mercado negro, destrucción del aparado productivo, carencia de inversiones, desaliento y disminución del ritmo de trabajo en todas las esferas de la actividad nacional.
Todo ello provoca una profunda angustia que se agudiza y se extiende a todos los sectores del pueblo y es la causa fundamental en que están sumidos tantos chilenos.
Por otra parte el país está perdiendo una proporción considerable de su capital humano. Profesionales, técnicos y obreros especializados están saliendo a buscar trabajo y horizontes en otros países pues no lo encuentran en su propia patria.
A esto se agrega un proceso organizado de odio y violencia que divide al país. La injuria a las personas que no pertenecen a los sectores de Gobierno es sistemática. Se recurre a las falsedades más desvergonzadas para tratar de incitar en su contra a los grupos extremos, con propósitos evidentes. Particularmente se vilipendia con un lenguaje procaz a los otros poderes públicos como la Magistratura, la Contraloría y el Congreso Nacional.
Las instituciones y las leyes no son respetadas y éstas se burlan en forma ya desembozada. Este proceso se ha agudizado hasta el extremo limite en los últimos días.
Con motivo de una irresponsable acción reprimida por las propias Fuerzas Armadas y con la cual ninguno de los sectores democráticos tuvo, por supuesto, participación alguna, se ha ordenado la ocupación de fábricas y predios rurales, se han reforzado los cordones industriales con los que se pretende cercar la ciudad y, lo que es más grave, existe la certeza de que se reparten armas, y se adoptan disposiciones estratégicas y se lanzan instructivos como si Chile estuviera al borde de una guerra interior.
Los sectores democráticos que representamos no están armados. Ellos han confiado en que la seguridad interna de Chile está en manos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, conforme a lo dispuesto en la Carta Fundamental y a una tradición nunca quebrantada.
Esta situación es aún más incomprensible si se considera que el Gobierno asegura contar con la lealtad de esos Institutos y que el país está tranquilo y que él controla la situación. Si de por sí el conjunto de estos hechos es de extrema importancia, debemos señalar que se habla abiertamente por los más altos representantes del Ejecutivo de la Constitución de un Poder Popular.
Esto significa de hecho crear un Ejército paralelo, en el cual están interviniendo numerosos extranjeros, lo que resulta a todas luces intolerable. El llamado Poder Popular no es el pueblo de Chile. Son grupos políticos que se autocalifican como el pueblo y que pretenden someter por la fuerza a otros trabajadores sin titubear ante ningún medio para conseguirlo.
El presidente de la CUT designado Ministro del Trabajo dio la orden de ocupar las fábricas y establecimientos y dirigentes autorizados de los partidos de Gobierno y del MIR cuya participación es manifiesta y decisiva, han declarado abiertamente su propósito e intención de imponerse por la fuerza sin respeto alguno por la institucionalidad y han llegado a expresar desembozadamente que se suprimió el Estado de Emergencia para facilitar sus objetivos.
No somos enemigos de las transformaciones que son necesarias para que nuestro país avance hacia nuevas formas de vida y de organización social y económica. Pero rechazamos categóricamente que se quieran realizar fuera de la ley y por medio de la violencia.
Los que durante meses han lanzado una gran campaña publicitaria contra el peligro de una Guerra Civil son los que hoy reparten armas y están de hecho arrastrando al país a un enfrentamiento que amenaza a todos los chilenos.
Quien tiene la mayor responsabilidad de esta crítica situación es el Gobierno. Está en sus manos y es de su responsabilidad poner término a una situación cuyos peligros extremos es imposible ocultar. La única forma de terminar, ahora, con estos riesgos es que el Gobierno se decida a normalizar la vida del país.
Para ello nos parece fundamental entre otras medidas que se promulgue en su totalidad la Reforma Constitucional despachada por el Congreso, avalada por un dictamen claro y preciso de la Contraloría General de la República y previo un fallo del Tribunal Constitucional que acogió la tesis del Parlamento. Su no promulgación contravendría expresamente la Constitución Política del Estado.
Es asimismo indispensable que se ponga término a las ocupaciones ilegales y a los grupos armados que constituyen una amenaza para el resto de la población y un poder paralelo a las Fuerzas Armadas y Carabineros que tienen el deber irrenunciable de garantizar la seguridad interna.
No queremos un conflicto irremediable. Queremos que se normalice la vida del país, que se respeten la ley y la decisión de los poderes del Estado. Por eso denunciamos en la forma más enérgica esta situación que resulta insostenible. Ningún pueblo puede resistir la tensión que crea la inseguridad permanente de los ciudadanos ante la impúdica acción de grupos armados que cuentan con amparo oficial.
El Gobierno tiene antecedentes suficientes para saber dónde están las armas y dónde se han repartido. Resulta impostergable que esos armamentos sean requisados y controlados por las Fuerzas Armadas y sancionados quienes desafían a la ley.
Nuestra responsabilidad patriótica de mantener la paz entre los chilenos y de asegurar la mantención de nuestra institucionalidad democrática nos lleva a hacer este llamado solemne ante el pueblo y ante la historia para que se restablezca la legalidad y se asegure la paz antes de que sea demasiado tarde.
Nos anima sólo el propósito de defender la libertad, la justicia y la paz entre los chilenos».
Los presidentes de las dos cámaras del parlamento chileno acusan ya abierta y directamente a Salvador Allende y su gobierno de estar creando las condiciones para la guerra civil y de haber anulado de facto leyes y justicia en Chile. Nadie cree que por parte del presidente Allende ni del gobierno se intentó paliar la tensión ni enmendar las causas de este brutal enfrentamiento entre instituciones que habían hecho ya colapsar de hecho la democracia chilena.
Si para ese verano la legitimidad del gobierno era ya nula por la constante violación de leyes, desacato permanente de sentencias y órdenes judiciales y el masivo uso de la violencia por parte de las fuerzas gubernamentales contra la oposición, contra la propiedad y los derechos de los chilenos, el Informe de la Comisión Investigadora designada por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica deja claro que la legitimidad venía falseada. Así concluye el informe sobre las elecciones del 4 de marzo:
«En este informe que ahora concluimos hemos dado a conocer a la opinión pública ciertos hechos de los cuales surge, en forma inequívoca, la afirmación de que en las últimas elecciones parlamentarias verificadas en marzo recién pasado, se ha cometido un fraude electoral de proporciones mayúsculas.
Su magnitud aparece afectando, hasta el momento, a aproximadamente entre 200 y 300 mil sufragios ilícitamente emitidos, lo que no se puede precisar en forma definitiva mientras no se terminen nuestras investigaciones. Al mismo tiempo, de los mismos hechos emana una segunda afirmación incuestionable, en el sentido de que el sector beneficiado es la Unidad Popular, base política del actual Gobierno de la nación, sobre quien recae en definitiva la responsabilidad de todos estos sucesos.
Podemos sostener entonces que nuestra democracia está hoy quebrada. Nuestro régimen electoral ha permitido un fraude gigantesco y no da garantías de que en futuras elecciones no se vuelva a repetir. Al mismo tiempo deja abierta una sombra de sospechas respecto de anteriores elecciones que se han verificado en estos últimos años bajo el mismo régimen. No nos corresponde a nosotros enjuiciar a los responsables de este quiebre. El país y sus Tribunales de Justicia tienen la palabra. Pero es evidente que en una coyuntura de esta naturaleza, el pueblo chileno se enfrente con una tarea de gran envergadura y que ya no puede eludir. Esta es la de reconstruir la democracia creando la nueva institucionalidad que la garantice eficazmente», concluye el informe de la Universidad Católica de Santiago.
Acuerdo de la Cámara de Diputados
Quizás una de las exposiciones más claras de la situación insostenible al final del verano y que desmiente de forma tajante y definitiva todas las leyendas sobre la democracia progresista e impecable brutalmente asaltada por el Ejército la da el acuerdo adoptado por la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1972. Incluyo algunas partes del mismo. Es absolutamente demoledor y clave para entender los acontecimientos.
*4°: Que el actual Presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno previo acuerdo en torno a un Estatuto de Garantías Democráticas incorporado a la Constitución Política que tuvo un preciso objeto de asegurar el sometimiento de la acción de su Gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho, que él solemnemente se comprometió a respetar. Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece.
6°: Que, para lograr ese fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, de violar habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y de permitir y amparar la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen gravísimo peligro para la nación: con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho.
7°: Que, en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario del Poder Legislativo, el Gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos:
a) Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en
«resquicios legales»; siendo de notar que todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar las estructuras del país, reconocidas por la legislación vigente, por la sola voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad del legislador;
b) Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional, al privar de todo efecto real a la atribución que a éste compete para destituir a los Ministros de Estado que violan la Constitución o la Ley o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental
c) Y lo que tiene la más extraordinaria gravedad ha hecho tabla rasa de la alta función que el Congreso tiene como Poder Constituyente, al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental.
8°: Que por lo que concierne al Poder Judicial, ha incurrido en los siguientes desmanes:
a) Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su independencia ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la Excma. Corte Suprema y ha amparado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces;
b) Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del Gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención:
c) Violando leyes expresas y haciendo tabla rasa del principio de separación de los Poderes, ha dejado sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios; y, frente a las denuncias que al respecto ha formulado la Excma. Corte Suprema, el Presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis de derecho de hacer un «juicio de méritos» a los fallos judiciales y de determinar cuándo éstos deben ser cumplidos.
9º: Que, en lo que se refiere a la Contraloría General de la República —un organismo autónomo esencial para el mantenimiento de la juridicidad administrativa— el Gobierno ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de él.
10°: Que entre los constantes atropellos del Gobierno a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución pueden destacarse los siguientes:
a) Ha violado el principio de igualdad ante la ley, mediante discriminaciones sectarias y odiosas en la protección que la autoridad debe prestar a las personas. los derechos y los bienes de todos los habitantes de la República, en el ejercicio de las facultades que dicen relación con la alimentación y subsistencia v. en numerosos otros aspectos: siendo de notar que el propio Presidente de la República ha erigido estas discriminaciones en norma fundamental de su Gobierno, al proclamar desde el principio que él no se considera Presidente de todos los chilenos.
b) Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales del Gobierno: clausurando ilegalmente diarios y radios: imponiendo a estas últimas cadenas ilegales; encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición: recurriendo a maniobras arteras para adquirir el monopolio del papel de imprenta, y violando abiertamente las disposiciones legales a que debe sujetarse el Canal Nacional de Televisión, al entregarlo a la dirección superior de un funcionario que no ha sido nombrado con acuerdo del Senado, como lo exige la ley, y al convertirlo en instrumento de propaganda sectaria y de difamación de los adversarios políticos;
c) Ha violado el principio de autonomía universitaria y el derecho que la Constitución reconoce a las Universidades para establecer y mantener estaciones de televisión, al amparar la usurpación del Canal 9 de la Universidad de Chile, al atentar por la violencia y las detenciones ilegales contra el nuevo Canal 6 de esa Universidad, y al obstaculizar la extensión a provincias del Canal de la Universidad Católica de Chile.
d) Ha estorbado, impedido y, a veces, reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión por parte de los ciudadanos que no son adictos al régimen, mientras ha permitido constantemente que grupos, a menudo armados, se reúnan sin sujeción a los reglamentos pertinentes y se apoderen de calles y caminos para amedrentar a la población.
e) Ha atentado contra la libertad de enseñanza. poniendo en aplicación en forma ilegal y subrepticia, a través del llamado Decreto de Democratización de la Enseñanza, un plan educacional que persigue como finalidad la concientización marxista.
f) Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad al permitir y amparar más de 1.500 «tomas ilegales, de predios agrícolas y al promover centenares de «tomas» de establecimientos industriales y comerciales para luego requisarlos o intervenirlos ilegalmente y constituir así, por la vía del despojo, el área estatal de la economía; sistema que ha sido una de las causas determinantes de la insólita disminución de la producción, del desabastecimiento, el mercado negro y el alza asfixiante del costo de la vida, de la ruina del erario nacional y, en general, de la crisis económica que azota al país y que amenaza el bienestar mínimo de los hogares y compromete gravemente la seguridad
nacional.
g) Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas.
h) Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales, sometiéndolos, como en el caso de El Teniente o de los transportistas, a medios ilegales de represión.
i) Ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores injustamente perseguidos como los de Sumar. Helvetia. Banco Central, El Teniente y Chuquicamata; ha seguido una arbitraria política de imposición de las haciendas estatales a los campesinos, contraviniendo expresamente la Ley de Reforma Agraria: ha negado la participación real de los trabajadores de acuerdo a la Reforma Constitucional que les reconoce dicho derecho; ha impulsado el fin de la libertad sindical mediante el paralelismo político en las organizaciones de los trabajadores.
j) Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país. estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla.
11°: Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, la formación y mantenimiento bajo el estímulo y la protección del Gobierno, de una serie de organismos que son sediciosos, porque ejercen una autoridad que ni la Constitución ni la Ley les otorgan, con manifiesta violación de lo dispuesto en el Art. 10, N° 16 de la Carta Fundamental, como por ejemplo los Comandos Comunales, los Consejos Campe sinos. los Comités de Vigilancia, las JAP. etc.; destinados todos a crear el mal llamado «Poder Popular» cuyo fin es sustituir a los poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria, hechos que han sido públicamente reconocidos por el Presidente de la República en su último Mensaje Presidencial y por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas.
12º: Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo, bajo el amparo del Gobierno, de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos, y contra la paz interna de la nación; están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas; como también tiene especial gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros ejercer sus importantísimas funciones frente a las asonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al Gobierno. No pueden silenciarse, por su alta gravedad, los públicos y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar políticamente sus cuadros.
13º: Que al constituirse el actual Ministerio, con participación de altos miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el señor Presidente de la República lo denominó «de seguridad nacional» y le señaló como tareas fundamentales las de «imponer el orden político» e «imponer el orden económico, lo que sólo es concebible sobre la base del pleno restablecimiento y vigencia de las normas constitucionales y legales que configuran el orden institucional de la República.
14º: Que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros son y deben ser, por su propia naturaleza, garantía para todos los chilenos y no sólo para un sector de la nación o para una combinación política. Por consiguiente, su presencia en el Gobierno no puede prestarse para que cubran con su aval determinada política partidista y minoritaria, sino que debe encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes y de convivencia democrática indispensables para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil, seguridad y desarrollo.
Como ven, la Cámara de Diputados tenía una visión de la situación en Chile y de la conducta del presidente Allende y sus fuerzas políticas y mandos muy distinta a la que ha quedado después para la historia con tanta película, tanto librillo y tantísimo profesor universitario «antifascista» que se han encargado de extender una versión que es, a nadie extrañe, radicalmente falsa.
Hay sin duda paralelismos entre el mito del gobierno de la Unidad Popular en Chile y la gran farsa de la II República Española impecable, democrática y protegida por un Frente Popular progresista. Lo cierto es que cuando llegaron los generales a enterrar la democracia en España como en Chile, esta era ya un cadáver en muy avanzada descomposición.
Las alamedas estaban ya en terrible estado de sangrienta inmundicia bajo un gobierno de Allende que se había encargado en tres años de extender el terror y la mentira por todo Chile, aplastar libertades, perseguir periodistas, encarcelar a inocentes por defender sus propiedades, usurpar patrimonio, destruir toda seguridad jurídica y la justicia misma. Fue entonces cuando los militares decidieron que era su deber constitucional defender la Constitución brutalmente violada a diario por el poder socialista y comunista.
En tres lustros, antes de que el general Pinochet se autocancelara en un referéndum y dejara el poder de forma pacífica, Chile pasó de la destrucción total a la economía más ordenada y prospera de América y ha sido una sociedad envidiada desde entonces hasta que los amigos de Allende por medio de la violencia en 2018 han vuelto para intentar, una vez más, el camino de la catástrofe asegurada, por mucho que hoy el apoyo soviético de entonces haya sido sustituido por el más eficaz del narcocomunismo continental.
La constante ayer y hoy es Cuba, ahí está el foco del veneno de tantas inmensas tragedias en toda Iberoamérica. Cuba con sus actividades y promociones de terroristas y agentes ha sido responsable de prácticamente todos los golpes militares habidos desde los sesenta. Unos perpetrados por sus amigos, otros por ejércitos que reaccionaban a su constante provocación y subversión sangrienta. En pocos casos está tan claro como en Chile que la intervención militar se produce para frenar un proyecto totalitario comunista, plenamente asumido y dirigido por Salvador Allende con directa y muy pública participación de Fidel Castro.
Que el 11 de septiembre ya había acabado con la democracia chilena como perfectamente se deduce de los textos aquí incluidos. Sin entrar en la personalidad del general Augusto Pinochet ni sus responsabilidades en los abusos y crímenes producidos en la represión del golpe comunista, lo cierto es que el trato que recibió cuando ya estaba encauzada la vía de la democracia y consolidada la prosperidad sin igual, ha tenido serias consecuencias en la región. Que las democracias occidentales asumieran sin matices la versión de la historia militante y fabulada del sectarismo comunista, el ensalzamiento de Allende y la demonización, acoso y hostigamiento hasta la muerte de Pinochet, ha llevado a las Fuerzas Armadas a desentenderse por completo de la defensa de la Constitución y la democracia en toda Iberoamérica. Y así ha sido fácil para fuerzas comunistas, socialistas, guerrilleroterroristas y narcotraficantes vaciar las democracias por dentro y destruirlas sin temer nunca frenos internos por parte de otros poderes del Estado.
Cuando el elemento corrector del patriotismo y el deber ya no funciona en las Fuerzas Armadas y se han plegado antes todos los demás —políticos, medios, judicatura—, al miedo, la conveniencia, la complicidad y la corrupción. El resultado es ese mapa rojo en el que salvo honrosas excepciones, el cinismo y la complicidad de todos los poderes del Estado forman esas narcodictaduras, amigas todas ellas por supuesto del Gobierno español de Pedro Sánchez, ese que homenajea a Allende como a Petro, a Lula como a Maduro. Todos cabalgando sobre la mentira de Allende, aquel enemigo de la verdad y la libertad. Como todos ellos.