Durante el balance del programa Empleo Hay, en Zona Franca (Bogotá), el presidente Gustavo Petro anunció que 100.000 jóvenes serán nombrados como gestores de paz y que recibirán un millón de pesos mensuales para que inviertan en sus estudios.
“Eso vale un poco de plata. Solo calcúlenlo: si hablamos de un millón mensual son 12 millones al año, por 10.000 jóvenes, vale un billón 200.000 anual, si mis matemáticas no me fallan”, dijo el mandatario.
El decreto 2422 para otorgar la libertad a varios de los jóvenes capturados durante las protestas sociales en 2021, que incluye también a los miembros de la denominada Primera Línea para nombrarlos como gestores de paz, fue firmado por Petro el pasado 9 de diciembre.
Este decreto establece la creación de una comisión intersectorial para promover la reconciliación y la participación ciudadana, en la que participará el ministro del Interior (Alfonso Prada), el ministro de Justicia (Néstor Osuna), el ministro de Defensa (Iván Velásquez) y el director del Dapre (Mauricio Lizcano); todos ellos podrán designar delegados.
La Comisión tendrá entre sus funciones “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″.
Además, deberá definir su propio reglamento y “definir los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″.
Según el decreto, la Comisión deberá reunirse regularmente por lo menos una vez trimestralmente y podrá hacerlo de forma extraordinaria si alguno de sus integrantes lo requiere. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz estará a cargo de la secretaría técnica y las decisiones del órgano se tomarán con la mitad más uno de los asistentes.
Artículo que deja en liberad a los jóvenes de la Primera Línea para convertirlos en gestores de paz fue demandado
La determinación del Gobierno nacional ha sido resaltada por sectores oficialistas y ampliamente criticada por parte de la oposición, pero se conoció oficialmente que ya está ante la Corte Constitucional una demanda en contra de aquel artículo de la ley de paz total.
Precisamente el artículo cuestionado es el quinto, en donde se indica que: “a quienes el presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”.
Pues bien, lo argumentado en la demanda es que el artículo señala que el presidente tendrá la capacidad para elegir quién conformará las filas de los gestores de paz en los eventuales procesos, sin importar que los seleccionados tengan procesos judiciales.
Aquí radica el cuestionamiento dado que señala la demanda que la decisión tendría que ser tomada por un juez y no un presidente ya que las personas que tengan antecedentes con la ley o procesos judiciales deben estar bajo la rama judicial y no legislativa, por lo que se argumenta que sí alguien debería levantar las órdenes de captura y procesos judiciales tendría que ser un juez y el mismo ente investigador.
En el marco de que el Gobierno reglamentará las reglas y la forma en que los jóvenes integrantes de la llamada ‘Primera Línea’ que participaron en protestas podrán ser nombrados gestores de paz.