El régimen nicaraguense de Daniel Ortega ha sido acusado en reiteradas ocasiones de manipular las estadísticas concernientes al avance del coronavirus en el país. El Observatorio Ciudadano, una iniciativa de recopilación de datos independiente -y anónima, debido al miedo de sus integrantes a sufrir represalias- reporta con periodicidad semanal cifras que superan con creces a las publicadas por el régimen.
Pero en los últimos días, un grupo de hackers divulgó una serie de documentos que revelan que el mismo ejecutivo maneja estadísticas superiores a las que transmite, y que hasta son más elevadas que las de Observatorio Ciudadano.
En concreto, el grupo Anonymous filtró una base de datos del Ministerio de Salud de Nicaragua y la publicó en una cuenta de Twitter. Los documentos contienen la información sobre el manejo de la pandemia por parte del régimen desde su comienzo en marzo -cuando las autoridades negaban que hubiera llegado al país centroamericano y hasta organizaron una marcha “del amor” contra la enfermedad”- hasta el 10 de agosto.
La información fue confirmada por Álvaro Ramírez, ex director de epidemiólogía del ministerio de Salud nicaraguense. “Desde el primer día (el régimen) informó indebidamente con toda intención los datos sobre el virus”, expresó. Y agregó: “Es una decisión totalmente errática no informar al pueblo de Nicaragua sobre como el Covid-19 se estaba propagando. Usaron la oportunidad para manipular la información y dar la impresión de que estaban controlando la situación”.
Las cifras que corresponden al último día de la filtración -es decir, el 10 de agosto- muestran que las autoridades contaban más de 10.500 casos positivos de Covid-19 en el territorio. Es decir, es más de tres veces superior a los 3.413 contagios que se reportaron al día siguiente.
Y la cifra podría ser ampliamente superior. Las estadísticas de la cartera de Salud muestran que la tasa de positividad entre las personas que fueron testeadas es superior al 50 por ciento, lo que sugiere una cantidad mucho mayor de personas portadoras cuyo contagio no ha sido confirmado. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que estos índices se ubiquen por debajo del 5 por ciento antes de comenzar a levantar medidas de confinamiento.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) espera desde hace un par de meses que el gobierno de Daniel Ortega autorice el ingreso de expertos que puedan evaluar “in situ” la situación del coronavirus en Nicaragua, en vista de la “falta de información oficial transparente” sobre la pandemia.
Esa falta de transparencia se retrotrae hasta marzo, mes en el que la pandemia comenzó a llegar al Hemisferio Occidental. La información muestra que el 24 de marzo, diez días después de realizar la marcha denominada como “amor en tiempos del Covid-19″, el régimen contabilizaba al menos 14 casos positivos.
No obstante, ese mismo día la vicepresidente y esposa de Ortega, Rosario Murillo, dijo en una declaración radial que todas las pruebas realizadas ese día habían resultado negativas. El día siguiente, el titular del ministerio aseguró que había “dos casos positivos, pero ninguno de propagación local”.
Aún quienes acceden a un hisopado se pueden quedar con la duda de si han contraído o no la enfermedad. Una queja recurrente de pacientes y profesionales refiere a la categoría de “indeterminado” que ha establecido el Minsa para algunos casos de Covid-19.
En concreto, se refiere a los casos donde la prueba es positiva pero tiene una carga viral baja. “Desde el punto de vista clínico, la prueba o es positiva o es negativa, y si hay dudas acerca del resultado, lo que se hace es repetir. Pero yo nunca vi que hicieran eso en algún caso”, dijo a Infobae Carlos Quant, especialista en infectología.
Quant, de hecho, había sugerido la posibilidad de que el régimen tuviera información distinta a la reportada. “Yo sé que ellos manejan la información a nivel central, pero pocas personas tienen acceso a estos datos. Ellos tienen un mapa más claro de la situación epidemiológica del país, pero no han tomado ninguna medida de contención. No hacen nada. Lo cual hace más grave la situación porque una cosa es no tener herramientas para poder actuar y otra es tener la evidencia y no hacer nada”.