Ojalá nunca se hubiera creado la Corte Penal Internacional (CPI) porque es un fraude! Una burla a las víctimas de regímenes brutales, incluso, de los genocidas. Si no existiera, se buscarían caminos adecuados para castigar a esos gobernantes, pero la existencia de la CPI los invalida.
La CPI es un simulacro, entiendo ese término al modo de Jean Buadrillard. Es decir, hay una hiperrealidad creada por esa organización. Se “hace” como si se estuviera tomando muy en serio el juzgamiento de los gobernantes criminales pero en los hechos, se refuerza a la impunidad.
Lo que no es una “hiperrealidad” sino una realidad bien concreta y tangible, son los suculentos salarios y emolumentos que mes a mes reciben los burócratas de ese organismo internacional.
Un lamentable escenario que es análogo a la que sucede en tantos otros organismos internacionales como por ejemplo la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que parece un chiste macabro, dado que entre sus miembros está Venezuela.
Precisamente, el trato que Fatou Bensouda, la fiscal de la CPI, le está dando a las abundantes y documentadas denuncias sobre lo que está aconteciendo en Venezuela, hace recordar las palabras de Shakespeare: “Algo huele mal en Dinamarca”.
La razón de ello es que desde hace 16 años la CPI ha venido recibiendo denuncias, informes y casos documentados sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela por parte de los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y sin embargo, no pasa nada. Entre las denuncias sobresalen:
– La Organización de Estados Americanos (OEA) le hizo llegar en 2018 un documento elaborado por un panel de juristas. El resultado de la investigación fue que el régimen de Maduro cometió crímenes de lesa humanidad, “ataques generalizados y sistemáticos a la población civil”, abusos de todo tipo, que incluyen más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales desde 2015, torturas y violaciones.
– La OEA acaba de presentar un nuevo informe actualizado en el que denuncia más de 18.000 asesinatos perpetrados entre 2014 y 2020 por las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares del régimen venezolano, incluidas ejecuciones extrajudiciales y matanza de manifestantes.
- La OEA señala que hay 653 casos de tortura documentados, aunque “la cifra es mucho mayor, ya que informes confiables destacan que muchas de las miles de personas detenidas han sido víctimas de torturas y malos tratos”.
- Se estima que hubo unas 15.501 detenciones arbitrarias y 724 desapariciones forzadas entre 2018 y 2019.
- “Desde enero de 2020 el número total de muertes por operaciones de seguridad del Estado ha superado 2.000”.
– El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU presentó también en 2018, el informe (A/HRC/41/18) en el cual se denuncian y documentan reiterados delitos de lesa humanidad bajo el régimen de Maduro:
- Malos tratos, detenciones arbitrarias, torturas y asesinato de opositores —principalmente de los sectores más humildes— utilizando escuadrones de la muerte. Casi 7.000 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en el último año y medio. Expresa que la mayoría de esas muertes fueron perpetradas por las fuerzas de seguridad (FAES), lo que constituye una cifra “sorprendentemente elevada”.
- “Hay una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno […] los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como ‘colectivos’ han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”.
- Se comprobó que hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad.
- Achaca a las autoridades cometer violencia sexual y de género a las mujeres detenidas, o cuando van a visitar a sus familiares o amigos detenidos.
– En setiembre de 2020 se actualizó el informe de los enviados de la ONU. La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela “reportó que tanto el gobierno, como los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos han cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos en ese país. El informe del grupo de expertos indica que el Presidente Maduro y los ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes”.
– En 2018 fue presentada otra denuncia ante la CPI de seis países americanos (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá) en contra del régimen venezolano.
– En total, se han presentado más de 120 denuncias.
Sin embargo, los casos parecen no avanzar y Bensouda, ha pedido tiempo para conocer los expedientes recibidos sin que exista hasta ahora un claro proceso investigativo.
Los dedos acusadores ante esa desidia apuntan hacia Bensouda dado que el reglamento de la CPI establece que solo a través del fiscal se puede iniciar un proceso.
La actitud de Bensouda ha despertado una serie de interrogantes sobre la causa de su proceder. Por ejemplo Jared Genser —asesor especial de la OEA sobre la Responsabilidad de Proteger— criticó que Bensouda, aún no haya abierto una investigación sobre estos presuntos delitos en Venezuela, y que haya tardado tres años en completar dos de las cuatro etapas de su “examen preliminar”.
En 2019 Walter Márquez —presidente de la ONG “el Amparo de tus derechos” y representante del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN)— presentó denuncias contra Bensouda ante la CPI. Tuvo una reunión con el Mecanismo de Supervisión Independiente de la CPI para hablar sobre las dos quejas que ha interpuesto contra Bensouda, la primera de las cuales ya había sido admitida a trámite.
Márquez afirmó que «allí ha habido omisión, negligencia y una cantidad de circunstancias que hacen pensar que hay un retardo doloso del proceso […] Si el retardo es doloso tiene que ser sancionado como lo establecen el Estatuto de Roma y las reglas del procedimiento y pruebas y eso es lo que se persigue con estas denuncias que se acaban de presentar”.
Y recientemente, en octubre de 2020, presentó una nueva denuncia ante el juez de la CPI, O-Gon Kwon, presidente de la Mesa de Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma en La Haya. Allí se señala las trabas, el retardo de que han sido objeto las denuncias introducidas en el caso venezolano; así como la ausencia de imparcialidad. También solicitan que se investiguen las faltas de la fiscal Bensouda.
Dicho documento fue el resultado de una investigación coordinada por Márquez y un grupo de abogados, quienes recabaron pruebas que, a su juicio, “comprometen a la fiscal Bensouda; además de plantear su complicidad con el régimen de Nicolás Maduro, en la tramitación y resolución de al menos 120 denuncias que se han presentado”.
Entre los hechos que denuncian, es una aparente cercanía de amistad con Haifa el Aissami, hermana de Tarek el Aissami, uno de los máximos jerarcas en el gobierno de Maduro y por tanto cómplice del chavismo. Esta mujer fue enviada en 2010 como embajadora de Venezuela en los Países Bajos por Chávez, y se dice que frecuenta los mismos círculos sociales que Bensouda. Lo concreto es que Haifa el Aissami ha tenido frecuentes contactos con la fiscal de la CPI.
En consecuencia, Bensouda pasó de ser “fiscal” a quedar sentada en el banquillo de los acusados.
Posiblemente presionada por esos factores y porque el año que viene deja el cargo y no quiere que nada “manche” su carrera” (¿y su jubilación?), Bensouda ha “simulado” avanzar en el trámite. Hace pocos días hizo saber que la Fiscalía de la CPI ha determinado que existen «fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte».
A pesar de las expectativas que podría causar dicha confesión, nada va a cambiar en lo inmediato para los venezolanos que reclaman justicia ni se va a juzgar a los culpables de crímenes aberrantes. Se trata únicamente de iniciar la fase tres del examen preliminar según marca el Estatuto de Roma, que se «centrará en la admisibilidad de posibles casos en términos de complementariedad y gravedad».
Esperemos que el proceso de juzgamiento de la conducta de Bensouda avance de manera más ágil. De lo contrario, ¿qué sentido tiene la CPI?
Fuente: Panampost