Ante el reciente hallazgo de los cadáveres de 19 venezolanos en el mar, luego de que intentaran llegar hacia la isla de Trinidad y Tobago, diputados de la Asamblea Nacional (AN) continúan recabando información sobre lo ocurrido y se evalúan acciones ante organismos internacionales de derechos humanos.
El diputado del estado Sucre, Robert Alcalá, alertó en rueda de prensa que si bien se trata del hecho más reciente, lamentablemente no es el primero y se teme que no sea el último, por la enorme corrupción que rodea los zarpes ilegales con migrantes desde las costas de Sucre, Falcón y Delta Amacuro. Alerta que desde hace más de un año se viene denunciando la situación que ha traído como consecuencia la desaparición de 102 venezolanos en el mar.
“Mafias con y sin uniforme”
También rechazaron que se le pretenda atribuir la responsabilidad, acusándolo de tráfico ilegal de personas, al dueño del peñero, identificado como Luis Martínez, quien permanece detenido en la delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó este lunes que las investigaciones por este caso, son adelantadas por la Fiscalía 3° con competencia plena con sede en Güiria y la Fiscalía Nacional 66° con competencia plena adscrita a la Dirección General de Protección a la Familia y la Mujer, por los delitos de tráfico y trata de personas. Dijo que la cifra de muertes por el naufragio pudiera ser de al menos 20 personas.
“No todas las personas que trasladan venezolanos desde Güiria hacia Trinidad y Tobago pertenecen a mafias, hay muchos venezolanos con años en esa isla y en diciembre quieren reunirse con su familia, entonces organizan viajes en peñeros con allegados. Es verdad que hay mafias porque se trata de un territorio sin ley, el acceso al combustible solo los tienen personas con poder. Al señor no se le puede culpar de todo”, advirtió Valero.
Alcalá fustigó que la ministra del Interior y Justicia del gobierno de Nicolás Maduro, Carmen Meléndez y el Ministerio Público anuncien investigaciones y hablen de mafias, sin mencionar la presunta complicidad de funcionarios civiles y militares que estarían cobrando por permitir la salida de los peñeros sin las mínimas condiciones de seguridad.
“Ellos saben que en los puertos hay presencia policial, militar y del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (Inea). Desde los muelles se hacen estos zarpes ilegales, lo que tienen que detener es el cobro de dólares, eso está contaminado por las mafias con y sin uniforme”, instó Alcalá.
Botes que siguen sin aparecer
Recordó que los botes Ana María con 33 personas a bordo que salió de Güiria el 16 de mayo de 2019 y Jhonnaly José que zarpó el 20 de febrero de este año con más de 40 tripulantes que se dirigían a Trinidad y Tobago y Curazao, siguen desaparecidos. Al respecto, Saab aseguró este lunes 14 de diciembre, que por ambos casos el MP privó de libertad a 17 personas, procesadas por los delitos de trata de personas y asociación, contemplados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Describió que los zarpes ilegales se hacen en embarcaciones de fibra de vidrio, madera o aluminio sin techo que se usan para la pesca artesanal, pero que no están diseñados para emprender una travesía de ese tipo. Aunado a ello, apunta, salen al mar de madrugada, no llevan combustible suficiente que les permita llegar y regresar cuando son devueltos de inmediato por las autoridades trinitenses y la mayoría de los tripulantes no llevan salvavidas.
“Esa isla del tercer mundo tiene una mejor economía que Venezuela, imagínense la necesidad para que la gente se vea impulsada a viajar hasta allá, hay muchas más que las detienen y las devuelven en la misma embarcación, no les importa la hora, si tienen gasolina para regresar, si tienen niños, los echan a su suerte sin importar lo que les pase y pese a los peligros que revierte el mar por sus condiciones naturales”, subrayó el parlamentario oriental.
Instan a familiares a acudir a la Cidh
Valero indicó que se está tratando de que las familias de desaparecidos y detenidos ofrezcan sus testimonios y accedan a denunciar los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Está previsto que en la sesión ordinaria de la AN de esta semana se apruebe un acuerdo, en el que se solicitará a organismos como la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y a la Agencia para los Refugiados (Acnur) mayor presión para que el gobierno de Trinidad y Tobago respete los tratados internacionales que protegen a los refugiados y especialmente el principio de la no devolución.
Acusó al gobierno de Maduro de privilegiar las relaciones con la isla caribeña por encima de la vida de venezolanos que huyen de la crisis humanitaria que él mismo creó. Rechazó que luego de que el canciller Jorge Arreaza se reuniera el mes pasado con el primer ministro trinitense Keith Rowley, el resultado fueron más deportaciones y que continuara la detención de los adultos y niños de la embarcación detectada a finales de noviembre con personas, 16 infantes, entre ellas, que fue expulsada de la isla y devuelta por orden de un juzgado de ese país.
Aseguró hay venezolanos encarcelados en jaulas para perros sin haber cometido delito alguno y que los menores de edad no han sido reunidos con sus padres.
Por último ambos diputados hablaron de adelantar una intensa campaña para que los venezolanos no se vayan para Trinidad y Tobago, en vista del trato violatorio de los DDHH que están recibiendo quienes se arriesgan a viajar, por parte del gobierno de ese país, ante la indiferencia del Estado Venezolano.
Fuente: Efecto Cocuyo