La periodista y vicepresidenta del diario La Prensa, Cristiana Chamorro aspira a la candidatura presidencial en las elecciones de noviembre para competir en la arena política contra el candidato único que siempre ha tenido el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el gobernante Daniel Ortega.
Chamorro ha dicho durante sus distintas comparecencias a los medios de comunicación que esta “lista para servir” a Nicaragua y que trabaja en función de lograr un consenso ante una oposición dividida que hasta ahora ya tiene ocho precandidatos que han anunciado su postulación.
La precandidata es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en enero de 1978, un crimen atribuido a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. 18 meses más tarde de ese crimen el FSLN arribó al poder a través de las armas, así Nicaragua cayó en manos de una segunda dictadura, la sandinista, dirigida y asesorada desde Cuba (1979-1990).
DIARIO LAS AMÉRICAS solicitó una entrevista a Chamorro para conocer sus planes como candidata presidencial, pero no obtuvimos respuesta.
Tres años después de la rebelión de abril, en la que el régimen que encabeza Ortega asesinó a más de 300 nicaragüenses, hecho calificado como crimen de lesa humanidad por organismos de derechos humanos; más de 700 personas fueron encarceladas y más de 100.000 partieron al exilio; sin embargo, la oposición se organiza para participar en los comicios argumentando que es la vía cívica la única forma de salir de Ortega.
El gobernante nicaragüense que permanece en el cargo a partir de modificaciones implementadas en la carta magna de la nación, cumplió el 10 de enero 14 años consecutivos en el poder, sin incluir los 10 años de la primera dictadura sandinista [1979-1990], cinco al frente de la Junta de Reconstrucción Nacional y cinco como gobernante.
Candidata independiente
Y aunque no tiene partido político aún para postularse oficialmente como candidata, Chamorro considera tiene “un liderazgo propio que puede hacer ganar a cualquier partido y estoy posicionada en las encuestas un poco más allá que propias las organizaciones políticas, tengo la habilidad de abrir espacios, de abrir consenso, de tender puentes y de atraer la inversión nacional y extranjera para reconstruir Nicaragua”, dijo.
Las encuestas la ubican como una de las favoritas, según uno de los sondeos de opinión más creíbles como el de CID Gallup, que la sitúa con un 13.3% sin haber iniciado oficialmente su campaña.
Todo indica que competirá en el proceso de elección [primarias] del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), que tiene personería jurídica y es parte de la Alianza Ciudadana que también integran la Alianza Cívica, surgida tras las protestas de abril de 2018, y otras agrupaciones políticas.
Chamorro avaló la casilla de CxL argumentando que es «clave» para participar en el proceso electoral.
Reformas electorales
Algunos sectores de la oposición como CxL han manifestado que su participación en los comicios de noviembre dependerá del cumplimiento de las reformas electorales, un compromiso asumido por el régimen.
Ortega acordó con la Organización de Estados Americanos (OEA) el 20 de enero de 2017, realizar reformas electorales.
Mientras, la Asamblea General de la OEA aprobó el 21 de octubre de 2020 la “Resolución restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas”, en la que pide a Ortega reestructurar el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el oficialismo, permitir la entrada de observadores internacionales para que se realice un examen “técnico independiente” del proceso electoral “no más tarde de mayo del 2021”.
El objetivo persigue la garantía de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. Pero todo indica que en la “reforma” solo participa el régimen. La OEA guarda silencio sobre si existe avance sobre el proceso de reformas electorales.
Experiencia
Chamorro formó parte del gobierno de su madre, que tuvo a cargo la pacificación del país tras dos cruentas guerras, una contra la dictadura de Somoza y posteriormente contra la dictadura sandinista, que concluyó con los acuerdos de paz y la realización de elecciones en 1990, que le dio el triunfo a Violeta Barrios.
Se desempeñó en el área de comunicación y relaciones públicas nacionales e internacionales, y su esposo Antonio Lacayo Oyanguren, quien falleció en 2015 en un accidente aéreo, fue el ministro de la presidencia durante la administración de su suegra, Violeta Chamorro y terminó apoyando la candidatura de Daniel Ortega en las elecciones que 2001 que ganó Enrique Bolaños.
La candidata asegura tener 35 años en el servicio cívico, pero antes fue periodista, “seguidamente estuve al lado del gobierno de mi madre y de mi esposo Antonio y desde ahí supimos lo que es ser estadista y poner en primer lugar los principios de Nicaragua, quiero ofrecerle que le digo sí a Nicaragua porque respondo a esas necesidades del pueblo”.
Por casi dos décadas dirigió la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización sin fines de lucro dedicada a promover el periodismo, a la que renunció el 11 de enero, un día antes de anunciar su disposición de “contribuir” a un cambio político en el país.
Criticas
Pese a puntear en las encuestas, Chamorro ha recibido críticas debido a algunos mensajes que posteriormente ha tenido que salir a aclarar. En febrero de este año propuso a la nueva administración estadounidense iniciar un «diálogo» con el régimen sandinista de Daniel Ortega con el fin de restablecer la democracia en el país, durante un conversatorio con Diálogo Interamericano con sede en Washington, un diálogo en el que considera debe participar la Organización de Estados Americanos (OEA).
El pasado 18 de marzo dijo que fue parte del equipo que reconstruyó Nicaragua. “Le pudimos dar al adversario una salida digna como lo volveríamos a hacer en este momento y espero que este llamado la Alianza Ciudadana incluso a la Coalición Nacional sirva para que todos nos podamos unir en una casilla y que todos podamos asumir juntos el reto de nuestra responsabilidad de ganar para Nicaragua en unidad nacional”, manifestó Chamorro.
Las criticas en las redes no se hicieron esperar, los nicaragüenses demandan que esta vez haya justicia debido a que los crímenes y robos de mansiones y propiedades cometidos durante la primer primera dictadura sandinista permanecen en la impunidad.
El régimen sandinista se aprobó en 1990 una Ley de Amnistía y las leyes que legitimaron el robo de propiedades durante el periodo de transición, a pocas semanas de entregar el poder. El gobierno de Barrios de Chamorro no revirtió esas leyes. Los contribuyentes han pagado más de $1.300 millones por las propiedades robadas, una deuda que aún no ha sido cancelada. Los protagonistas de esos crímenes permanecen activos en la política nacional.
Chamorro salió al paso a las criticas a través de su cuenta en Twitter.
“Dignidad no significa impunidad, nosotros no podemos actuar como Ortega porque si lo hacemos, nos convertimos en él. Estoy segura de que lograremos la unidad y la victoria en favor de la verdad y la justicia”, escribió en su cuenta.
Fuente: Diario las Américas
DIARIO LAS AMÉRICAS solicitó una entrevista a Chamorro para conocer sus planes como candidata presidencial, pero no obtuvimos respuesta.
Tres años después de la rebelión de abril, en la que el régimen que encabeza Ortega asesinó a más de 300 nicaragüenses, hecho calificado como crimen de lesa humanidad por organismos de derechos humanos; más de 700 personas fueron encarceladas y más de 100.000 partieron al exilio; sin embargo, la oposición se organiza para participar en los comicios argumentando que es la vía cívica la única forma de salir de Ortega.
El gobernante nicaragüense que permanece en el cargo a partir de modificaciones implementadas en la carta magna de la nación, cumplió el 10 de enero 14 años consecutivos en el poder, sin incluir los 10 años de la primera dictadura sandinista [1979-1990], cinco al frente de la Junta de Reconstrucción Nacional y cinco como gobernante.
Candidata independiente
Y aunque no tiene partido político aún para postularse oficialmente como candidata, Chamorro considera tiene “un liderazgo propio que puede hacer ganar a cualquier partido y estoy posicionada en las encuestas un poco más allá que propias las organizaciones políticas, tengo la habilidad de abrir espacios, de abrir consenso, de tender puentes y de atraer la inversión nacional y extranjera para reconstruir Nicaragua”, dijo.
Las encuestas la ubican como una de las favoritas, según uno de los sondeos de opinión más creíbles como el de CID Gallup, que la sitúa con un 13.3% sin haber iniciado oficialmente su campaña.
Todo indica que competirá en el proceso de elección [primarias] del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), que tiene personería jurídica y es parte de la Alianza Ciudadana que también integran la Alianza Cívica, surgida tras las protestas de abril de 2018, y otras agrupaciones políticas.
Chamorro avaló la casilla de CxL argumentando que es «clave» para participar en el proceso electoral.
Reformas electorales
Algunos sectores de la oposición como CxL han manifestado que su participación en los comicios de noviembre dependerá del cumplimiento de las reformas electorales, un compromiso asumido por el régimen.
Ortega acordó con la Organización de Estados Americanos (OEA) el 20 de enero de 2017, realizar reformas electorales.
Mientras, la Asamblea General de la OEA aprobó el 21 de octubre de 2020 la “Resolución restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas”, en la que pide a Ortega reestructurar el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el oficialismo, permitir la entrada de observadores internacionales para que se realice un examen “técnico independiente” del proceso electoral “no más tarde de mayo del 2021”.
El objetivo persigue la garantía de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. Pero todo indica que en la “reforma” solo participa el régimen. La OEA guarda silencio sobre si existe avance sobre el proceso de reformas electorales.
Experiencia
Chamorro formó parte del gobierno de su madre, que tuvo a cargo la pacificación del país tras dos cruentas guerras, una contra la dictadura de Somoza y posteriormente contra la dictadura sandinista, que concluyó con los acuerdos de paz y la realización de elecciones en 1990, que le dio el triunfo a Violeta Barrios.
Se desempeñó en el área de comunicación y relaciones públicas nacionales e internacionales, y su esposo Antonio Lacayo Oyanguren, quien falleció en 2015 en un accidente aéreo, fue el ministro de la presidencia durante la administración de su suegra, Violeta Chamorro y terminó apoyando la candidatura de Daniel Ortega en las elecciones que 2001 que ganó Enrique Bolaños.
La candidata asegura tener 35 años en el servicio cívico, pero antes fue periodista, “seguidamente estuve al lado del gobierno de mi madre y de mi esposo Antonio y desde ahí supimos lo que es ser estadista y poner en primer lugar los principios de Nicaragua, quiero ofrecerle que le digo sí a Nicaragua porque respondo a esas necesidades del pueblo”.
Por casi dos décadas dirigió la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización sin fines de lucro dedicada a promover el periodismo, a la que renunció el 11 de enero, un día antes de anunciar su disposición de “contribuir” a un cambio político en el país.
Criticas
Pese a puntear en las encuestas, Chamorro ha recibido críticas debido a algunos mensajes que posteriormente ha tenido que salir a aclarar. En febrero de este año propuso a la nueva administración estadounidense iniciar un «diálogo» con el régimen sandinista de Daniel Ortega con el fin de restablecer la democracia en el país, durante un conversatorio con Diálogo Interamericano con sede en Washington, un diálogo en el que considera debe participar la Organización de Estados Americanos (OEA).
El pasado 18 de marzo dijo que fue parte del equipo que reconstruyó Nicaragua. “Le pudimos dar al adversario una salida digna como lo volveríamos a hacer en este momento y espero que este llamado la Alianza Ciudadana incluso a la Coalición Nacional sirva para que todos nos podamos unir en una casilla y que todos podamos asumir juntos el reto de nuestra responsabilidad de ganar para Nicaragua en unidad nacional”, manifestó Chamorro.
Las criticas en las redes no se hicieron esperar, los nicaragüenses demandan que esta vez haya justicia debido a que los crímenes y robos de mansiones y propiedades cometidos durante la primer primera dictadura sandinista permanecen en la impunidad.
El régimen sandinista se aprobó en 1990 una Ley de Amnistía y las leyes que legitimaron el robo de propiedades durante el periodo de transición, a pocas semanas de entregar el poder. El gobierno de Barrios de Chamorro no revirtió esas leyes. Los contribuyentes han pagado más de $1.300 millones por las propiedades robadas, una deuda que aún no ha sido cancelada. Los protagonistas de esos crímenes permanecen activos en la política nacional.
Chamorro salió al paso a las criticas a través de su cuenta en Twitter.
“Dignidad no significa impunidad, nosotros no podemos actuar como Ortega porque si lo hacemos, nos convertimos en él. Estoy segura de que lograremos la unidad y la victoria en favor de la verdad y la justicia”, escribió en su cuenta.
Fuente: Diario las Américas