MIAMI — Un hombre de Utah que estuvo encarcelado durante casi dos años en Venezuela demandó al dictador Nicolás Maduro, acusándolo de encabezar una “empresa criminal” que secuestra, tortura y encarcela injustamente a ciudadanos estadounidenses.
La denuncia presentada el jueves en el tribunal federal de Miami por Joshua Holt es la última de una serie de demandas de estadounidenses contra el régimen de Maduro por sus presuntos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, que Estados Unidos ha designado grupo terrorista.
Pide compensación por los daños que Holt y su familia dijeron haber sufrido en virtud de una ley federal poco utilizada, la Ley Antiterrorista, que permite a las víctimas estadounidenses de grupos terroristas extranjeros confiscar los activos de sus victimarios.
Holt, que entonces tenía veintitantos años, viajó a Venezuela en 2016 para casarse con un compañero mormón que conoció en Internet mientras practicaba español. Poco después, la pareja fue arrestada en el departamento de la familia de ella en un complejo de viviendas públicas durante una redada de las fuerzas de seguridad que dijeron que lo encontraron almacenando un arma de asalto y granadas.
Unos días más tarde, altos funcionarios aparecieron en la televisión estatal acusando a Holt de ser un «terrorista de la CIA» enviado para derrocar a Maduro.
Holt, en su denuncia de 99 páginas, detalla cómo después de ser arrestado lo llevaron a un sitio de construcción abandonado donde lo alinearon contra una pared mientras lo que parecía un pelotón de fusilamiento le apuntaban con sus armas y disparaban.
“Fue un simulacro de ejecución: las armas no estaban cargadas”, según la denuncia. “Josh pensó ‘este es el punto en el que voy a morir, uno de estos policías va a recibir una bala’. «
Holt perdió 60 libras en los primeros seis meses de su encarcelamiento. Y casi sin tratamiento médico, soportó cálculos renales, bronquitis y una dolorosa fractura en un diente mientras estaba recluido en una pequeña celda llena de hedor y sin baño.
Su esposa, Thamy Holt, también fue encarcelada y presionada repetidamente para que firmara una confesión de que su marido era parte de un complot de la CIA, algo que ella nunca aceptó hacer.
Finalmente, en 2018, Holt sería liberado como resultado de negociaciones clandestinas dirigidas por un miembro del personal del senador Bob Corker, un republicano de Tennessee que presidió el Comité de Relaciones Exteriores del Senado antes de jubilarse en 2019. Según la denuncia, el carcelero de Holt , Gustavo González López, entonces jefe de la policía de inteligencia del SEBIN, reconoció la naturaleza falsa de los cargos tras la liberación del estadounidense.
«Lamento que hayas tenido que pasar por esto», dijo González López, según la denuncia, a Holt mientras escoltaba personalmente al estadounidense desde la cárcel hasta un avión que lo esperaba que llevaría a Holt a la libertad y a una cita inmediata en la Casa Blanca con el entonces Presidente Donald J. Trump.
La demanda busca daños y perjuicios por el trauma que los Holt dicen que ellos y sus seres queridos siguen sufriendo, incluidos trastornos de ansiedad, insomnio y depresión.
Laurie Holt, quien lideró la campaña por la liberación de su hijo, murió en 2019 a los 50 años de una enfermedad cardíaca que su familia cree fue causada por el largo encarcelamiento.
«Desafortunadamente, la fuga de los Holt de Venezuela no fue el final de la terrible experiencia de la familia Holt», dice la denuncia.
Otros estadounidenses encarcelados en Venezuela han logrado obtener sentencias importantes contra Maduro y su círculo íntimo por motivos legales similares.
En 2022, un juez federal de Miami otorgó 73 millones de dólares en daños y perjuicios a la familia de un destacado opositor de Maduro que murió mientras estaba bajo custodia tras caer inexplicablemente desde el décimo piso de un edificio perteneciente a la policía del SEBIN.
Y el año pasado, un abogado venezolano exiliado ganó 153 millones de dólares después de que el secuestro de su padre lo atrajera a regresar a su país, sólo para terminar encarcelado bajo cargos falsos de trabajar como «terrorista financiero» que socavaba el régimen de Maduro.
Como en casos anteriores, Holt en su demanda acusó a Maduro de controlar el “Cártel de los Soles”, una supuesta red de contrabando de drogas que involucra a altos funcionarios venezolanos y guerrilleros de las FARC y que supuestamente envía 200 toneladas métricas de cocaína desde Venezuela a Estados Unidos. cada año.
Pero recolectar esas grandes recompensas ha resultado desalentador. No se sabe que Maduro ni ninguno de sus colaboradores cercanos tengan propiedades o cuentas bancarias en Estados Unidos a su nombre. Es más probable que cualquier riqueza que los funcionarios hayan robado esté en manos de una miríada de testaferros cuyos activos son difíciles de rastrear y confiscar.
«Estos países aliados que participan en empresas criminales masivas son cinturones negros en ocultar su dinero», dijo Sam Dubbin, un abogado de Miami que ha representado a médicos cubanos que buscan justicia por trabajos forzados por parte del régimen comunista de la isla.
Uno de los testaferros de Maduro, el empresario colombiano Álex Saab, es acusado en la demanda de Holt. Según la denuncia, el arresto de Saab en 2020 en Cabo Verde por una orden estadounidense por lavado de dinero llevó a la “empresa criminal de Maduro” a comenzar una campaña de arresto de aún más estadounidenses para utilizarlos como “moneda de cambio” para negociar su liberación.
El año pasado, Biden concedió el indulto a Saab como parte de un canje por 10 estadounidenses y un contratista fugitivo del Pentágono encarcelado en Venezuela. Maduro insiste en que Saab era un diplomático venezolano detenido ilegalmente durante una escala de combustible en ruta a Irán para comprar alimentos y medicinas que escaseaban bajo las sanciones de Estados Unidos.
Entre los otros seis leales a Maduro señalados como presuntos responsables del encarcelamiento de Holt se encuentran el fiscal jefe de Venezuela, el comandante de las fuerzas armadas y el presidente de la Corte Suprema.