El Gobierno de Honduras ha decretado a partir de la noche del martes un estado de excepción que se prolongará al menos durante los próximos 30 días, en un intento por contener los altos índices de criminalidad, en especial en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Las autoridades han puesto el foco en algunos de los barrios más conflictivos de las dos principales ciudades hondureñas, en donde las pandillas han estado intensificando sus actividades criminales, como robos y el cobro de extorsiones.
Centenares de policías han estado desde entonces llevando a cabo registros y detenciones en algunas de estas áreas controladas por las pandillas de la Mara-18 y la Mara Salvatrucha, principales objetivos de este operativo, según ha manifestado el director de la Policía Nacional de Honduras, Gustavo Sánchez.
El jueves de la semana pasada, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció la puesta en marcha de un estado de excepción que se prolongaría al menos hasta el próximo 6 de enero debido a la «emergencia nacional» a la que se enfrentaba el país por el aumento de la delincuencia.