NUEVA YORK.- La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció la «represión brutal» en Venezuela a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados aliados del régimen de Nicolás Maduro que ha dado pie a todo tipo de violaciones de derechos humanos y, en ese sentido, pidió a la comunidad internacional una respuesta «urgente».
«La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea respetado», pidió la directora para las Américas en HRW, Juanita Goebertus, en relación a la represión ejercida por el régimen de Maduro desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
HRW denunció la ocurrencia de asesinatos, detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin las garantías, acoso a disidentes, entre otras violaciones de los derechos humanos, llevadas a cabo por el régimen de Maduro luego que la oposición denunciara como fraudulentos los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron ganador a Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La noche de ese día, el CNE anunció que Maduro había obtenido el 51% de los votos frente al 43% de Edmundo González Urrutia, pero lo hizo en un boletín con resultados parciales y sin mostrar las actas de escrutinio que sustenten ese resultado. En tanto, la oposición dijo que González Urrutia es el presidente electo de Venezuela y publicó las actas electorales en una página web de acceso público.
La oposición y la comunidad internacional exigen a Maduro que muestre las actas, lo que hasta ahora no ha ocurrido. En cambio, el régimen desató una fuerte represión a la población que desde el día siguiente de los comicios salió a protestar en las calles para exigir que se respete su voluntad. Los países latinoamericanos -con excepción de Nicaragua, Cuba y Bolivia- no han reconocido hasta ahora a Maduro y exigen la presentación de las actas, al igual que EEUU, Canadá, la Unión Europea (UE) y organismos internacionales como la OEA y la ONU.
El último capítulo de la represión por parte del régimen fue la emisión de una orden de arresto en contra de González Urrutia el lunes pasado, a quien la Fiscalía General, que responde al chavismo, acusa de delitos de usurpación de funciones, conspiración, terrorismo, entre otros, por la publicación de las actas en un sitio web. González Urrutia se encuentra en la clandestinidad, al igual que la líder María Corina Machado, quien lo acompañó durante toda la campaña electoral.
En respuesta, EEUU condenó la orden de arresto y afirmó que sopesa «una serie de opciones» para demostrar a Maduro que sus actos «tienen consecuencias».
«En coordinación con nuestros socios, estamos considerando una serie de opciones para demostrarle a Maduro y a sus representantes que sus acciones ilegítimas y represivas en Venezuela tienen consecuencias», dijo el martes el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller, en lo que puede interpretarse como un preludio de la imposición de sanciones.
«Hay una serie de cosas que le hemos pedido que haga, que deje de reprimir a la disidencia, que publique las actas, lo que todavía no ha hecho, y que Venezuela vuelva a su senda democrática, algo que le hemos pedido que haga, pero no ha mostrado voluntad de hacerlo», dijo Miller en una rueda de prensa.
También, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay condenaron «de forma inequívoca y absoluta» la orden de detención contra González Urrutia, y denunciaron que se trata de «otro intento» del chavismo por «desconocer» los resultados de las elecciones presidenciales
HRW emplazó a los gobiernos internacionales a exigir la verificación independiente de los resultados de los comicios venezolanos y apoyar los esfuerzos internacionales para garantizar justicia.
Además, la organización dijo que recibió informaciones «creíbles» relativas a 24 asesinatos cometidos en el marco de las protestas postelectorales, entre ellos el de un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana. Según las autoridades, más de 2.400 personas han sido detenidas, mientras que la ONG Foro Penal habla ya de más de 1.500 «presos políticos».