BOGOTÁ.- Los exjefes de Estado y de Gobierno pertenecientes a la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) emitieron un comunicado en el que expresan preocupación por el lenguaje agresivo, descalificador y estigmatizador utilizado por el gobierno de Colombia hacia periodistas y medios de comunicación a través de las redes digitales.
Este pronunciamiento por parte de IDEA, se produce en un contexto en el que continúan los asesinatos de periodistas, lo que ha llevado a la UNESCO y a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a pronunciarse al respecto.
En los últimos días, los diarios colombianos, han reaccionado rechazando los ataques del gobierno colombiano encabezado por su presidente Gustavo Petro.
El gobierno colombiano ha cuestionado a los propietarios, editores, periodistas y trabajadores de la revista «Semana» debido a un debate público sobre presuntos hechos de corrupción en la Presidencia de la República, que está siendo investigado por la de Justicia de Colombia. Otros medios también son hostigados.
«En fechas recientes han reaccionado ante dichos ataques los diarios El Tiempo y El Espectador, la misma Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a la vez que se cuestiona desde dicho gobierno a Caracol Radio. Sucesivamente, dado el debate público sobre presuntos hechos de corrupción en la Presidencia de la República que investiga la Administración de Justicia, se descalifica a los propietarios, editores, periodistas y trabajadores de la Revista Semana, con el evidente propósito, segúnlo muestra la experiencia regional, de regimentar los contenidos de la información e imponer al término una hegemonía comunicacional de Estado», subraya el pronunciamiento.
Estas acciones del gobierno de Gustavo Petro generan preocupación debido a la posibilidad de que se busque controlar los contenidos informativos e imponer una «hegemonía comunicacional estatal».
En este sentido, los exjefes de Estado y de Gobierno respaldan la doctrina establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares contra la libertad de prensa en Venezuela en 2009, donde se estableció que si bien las autoridades estatales pueden pronunciarse sobre asuntos de interés público, están limitadas en cuanto a la verificación razonable de los hechos en los que fundamentan sus opiniones.
Además, se destaca que como funcionarios públicos, tienen la responsabilidad de respetar los derechos fundamentales de las personas y evitar interferencias o presiones perjudiciales en los derechos de aquellos que contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento.
Los exjefes de Estado y de Gobierno hacen hincapié en que este deber de cuidado se vuelve especialmente relevante en situaciones de conflicto social, alteraciones del orden público o polarización social o política, debido a los riesgos que pueden implicar para ciertas personas o grupos en un momento determinado.
Al mismo tiempo señalan que la declaración busca llamar la atención sobre la importancia de preservar la libertad de pensamiento y expresión en Colombia, así como el respeto a los derechos fundamentales de los periodistas y la responsabilidad de las autoridades estatales en su rol de garantes de estos derechos.