Mientras demócratas y republicanos de todo el país se disputaban el control del Congreso en las pasadas elecciones de mitad de mandato, los progresistas de Massachusetts y California continuaron con uno de sus pasatiempos favoritos: intentar aumentar los impuestos a los ricos. En Massachusetts, se presentó a los votantes una propuesta para añadir un impuesto del 4,00 % sobre los ingresos anuales superiores al millón de dólares, además del actual impuesto fijo del estado de 5,00 %. En California, la Propuesta 30 pretendía establecer un impuesto de 1,75 % sobre los ingresos anuales superiores a 2 millones de dólares.
La propuesta de Massachusetts fue aprobada, mientras que los votantes californianos rechazaron la Proposición 30. Los impuestos son perjudiciales, especialmente cuando penalizan a los que producen más valor en la sociedad. Pero algunos progresistas están empezando a abandonar la pretensión de que gravar a los ricos sirva para ayudar a alguien. Entonces, ¿qué se puede hacer para oponerse eficazmente a las subidas de impuestos? La respuesta puede estar en las diferencias entre California y Massachusetts y en cómo se presentaron a los votantes las respectivas subidas de impuestos.
La fiscalidad es, por su propia naturaleza, la confiscación violenta de la riqueza. Eso basta para invalidar cualquier propuesta de gravar un grupo o una actividad. Pero la teoría económica también nos enseña las consecuencias de los impuestos. Y esas consecuencias son lo suficientemente malas como para desestimar aún más el argumento de los impuestos más altos. A escala de toda la sociedad, gravar las rentas altas es especialmente destructivo. En muchos sentidos, la petición de aumentar los impuestos a las rentas altas podría entenderse mejor como una petición de aumentar los impuestos a los más productivos.
El hecho es que las empresas y las personas que actúan en el mercado libre no poseen la capacidad legal de adquirir riqueza por la fuerza, es decir, de cobrar impuestos. La única forma de ganar dinero en el mercado es ofrecer un bien o servicio por el que la gente decida pagar libremente. Al igual que las pérdidas y los recortes salariales significan que una empresa o un individuo no ha proporcionado suficiente valor a sus compradores, los beneficios y los altos ingresos son una consecuencia de proporcionar un valor real y tangible a los consumidores. Y al igual que un impuesto sobre los cigarrillos penaliza a los fumadores, un impuesto sobre las rentas altas penaliza a los que producen más valor para el mayor número de personas.
La pobreza es la condición humana por defecto. Y el motor productivo de un mercado libre basado en los derechos de propiedad privada es el único medio para que una sociedad salga de la pobreza. Utilizar los medios coercitivos del gobierno para redistribuir la riqueza existente no puede hacer que una sociedad mejore. De hecho, es una fuerza destructiva que deja a la sociedad más pobre. Se desalienta la producción futura y se desvían los recursos del sector privado. Incluso a nivel individual, cualquier beneficio que obtengan los pobres a través de los subsidios del gobierno se ve empequeñecido por los beneficios que han resultado y resultarán de la producción de bienes y servicios llevada a cabo en la búsqueda de beneficios.
Uno de los puntos en los que muchos librecambistas se equivocan es en abogar simplemente contra los llamados impuestos progresivos: tipos impositivos más altos para los ricos y más bajos para los pobres. Pero como señala Murray Rothbard en el capítulo 4 de Poder y Mercado, lo que importa es el nivel de impuestos, no la forma de la distribución. En otras palabras, si Massachusetts hubiera optado por pasar de un impuesto plano a uno progresivo, pero su método para hacerlo fuera reducir los impuestos a los que ganan menos, eso sería una mejora. El problema es aumentar los impuestos. El hecho de que sea sobre las rentas más altas sólo agravará el problema.
Curiosamente, algunos progresistas y socialdemócratas han abandonado el argumento de que gravar a los ricos supondrá algún beneficio tangible para la sociedad. En su lugar, argumentan que los multimillonarios no deberían existir. Aunque intentan enmarcar sus argumentos como apelaciones a la equidad, a menudo resultan más bien expresiones de envidia. A diferencia de los celos, la envidia es el deseo de empeorar la situación de todo el mundo para hacer frente a alguna injusticia percibida. Si ves el coche caro de tu vecino y quieres uno para ti, tienes envidia. Si quieres destruir el coche de tu vecino para sentirte mejor, eso es envidia. Es una emoción desagradable, pero forma parte de la condición humana.
A lo largo de la historia, el mercado libre ha sido uno de los pocos ámbitos en los que el éxito podía medirse directamente. Por ello, los comerciantes y los empresarios han sido con frecuencia objeto de envidia, a pesar de producir toda la riqueza de la que la sociedad depende ahora. Pocas clases son más envidiosas que los intelectuales. Se perciben a sí mismos como más inteligentes que los comerciantes y, sin embargo, luchan en comparación para encontrar patrocinio para sus servicios académicos.
El ámbito político ha permitido a los intelectuales expropiar las compensaciones que creen merecer, al tiempo que les ha concedido los medios para actuar en función de su envidia hacia las clases empresariales. El fervor que se observa entre los profesores universitarios, los intelectuales públicos y los políticos ideológicos por gravar a los ricos y abolir a los multimillonarios es la interpretación moderna de este cliché histórico.
Entonces, si el acuerdo sobre la naturaleza destructiva de los impuestos no es suficiente para detener la presión de los impuestos más altos, ¿qué podría funcionar? Quizás la respuesta se encuentre en las recientes iniciativas electorales de California y Massachusetts. Ambas propuestas eran similares, con tipos impositivos ligeramente superiores para ingresos anuales de millones de dólares. En julio, casi dos tercios de los californianos apoyaron la subida de impuestos. Pero el día de las elecciones, la situación se invirtió y casi dos tercios votaron en contra. ¿Qué puede explicar este cambio?
Pues bien, durante esos pocos meses, una coalición de empresas, grupos de interés e incluso el gobernador Demócrata Gavin Newsom hicieron una agresiva campaña contra la Proposición 30. Su método era destacar el amiguismo que había detrás de la iniciativa. La subida de impuestos se vendía como una forma de ayudar al Estado a financiar su intento de abandonar los combustibles fósiles. En particular, la Junta de Recursos del Aire de California aprobó recientemente una propuesta para prohibir la venta de coches de gasolina para 2035.
En respuesta, la empresa de viajes compartidos Lyft gastó 45 millones de dólares en hacer lobby a favor de la subida de impuestos de la Proposición 30, ya que ayudaría a subvencionar los mayores costes que sus conductores tenían que afrontar al pasar a los coches eléctricos. Newsom y la oposición caracterizaron con éxito la propuesta como un intento de Lyft de utilizar el dinero de los impuestos en su propio beneficio, como puede verse en este anuncio.
Por el contrario, a los votantes de Massachusetts sólo se les dijo que el dinero recaudado con los nuevos impuestos financiaría la educación y el transporte. El mismo amiguismo estaba en juego, ya que los sindicatos que iban a beneficiarse presionaron a favor. Pero eso se ocultó detrás de un lenguaje vago sobre servicios que la mayoría de la gente está de acuerdo en que son buenos en abstracto. Mientras que los intelectuales de la clase de los ordenadores portátiles pueden estar movidos por la envidia, la mayoría de los votantes y contribuyentes están más interesados en no ser estafados. Y cuando se les presentó efectivamente la realidad de que el dinero de los impuestos se utilizaría para beneficiar a una empresa con conexiones políticas, gravar a los ricos cayó en desgracia.
Al mismo tiempo, parece que ha habido cierto recelo en California a la hora de infligir más impuestos a una clase rica que ya está huyendo del estado en respuesta a sus elevados impuestos sobre la renta. Es mucho más difícil para los gobiernos pisotear los derechos de alguien si puede recuperar sus derechos con sólo trasladarse cien millas al este. Un profesor de la Harvard Kennedy School dijo a Vox que la Proposición 30 tendría que ocurrir a nivel federal. Discursos como éste dan crédito al argumento de que la descentralización radical y los territorios de gobierno más pequeños ponen un límite a las infracciones del gobierno, como los impuestos. Imagínese que uno sólo tuviera que desplazarse ocho kilómetros.
Sabemos por la teoría económica que los impuestos tienen un efecto destructivo en la economía y, por tanto, en el bienestar de todos en la sociedad. El hecho de que los defensores de la subida de impuestos empiecen a aceptar esto y sigan presionando para que se suban los impuestos indica la necesidad de un cambio de argumento. El rechazo a una subida de impuestos a los californianos más ricos en estas elecciones respalda el argumento de que centrarse en el amiguismo e impulsar una descentralización radical es la forma más eficaz de limitar e incluso recortar los tributos impuestos a los ricos y a todos los demás.