Un panorama «negativo» en materia de derechos humanos se observó en El Salvador en 2020, en particular en los derechos a la vida, la integridad, la libertad, la justicia y la reparación, señala un informe presentado este martes (27.04.2021) en San Salvador.
El Informe Anual 2020: El Estado de los Derechos Humanos en El Salvador fue elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y señala que «el abuso de la fuerza letal por parte de agentes estatales siguió presentando indicadores arriba de lo aceptable, desde una perspectiva de derechos humanos» y que «el Estado continuó con patrones de un uso excesivo de la fuerza física por parte de los cuerpos de seguridad, violentando los derechos a la vida y la integridad». Además, se vulneró de «forma flagrante y sistemática» el derecho a la libertad a través de detenciones ilegales y arbitrarias, indica el documento.
Por otra parte, la violencia en el país generó miles de víctimas durante el 2020, lo que representa un «constante deterioro al derecho a la vida». El año pasado se contabilizaron 1.332 homicidios, lo que representó una tasa de muertes de 19,7 por cada 100.000 habitantes, un promedio mensual de 111 muertes y un promedio diario de 3,63, informó la entidad.
A lo interior, apunta el informe, «se suma un peligroso discurso contrario a los derechos humanos, a la armonía social y al Estado de Derecho del propio presidente (Nayib Bukele) quien, entre otras cosas, ha alentado públicamente al uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad». El organismo señala que en el Informe Anual 2019 se reflexionó sobre la necesidad de que todas las instituciones públicas y órganos estatales adoptaran un enfoque de derechos humanos para la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas y las leyes, pero, a un año de esta reflexión, se observa «con preocupación que eso no ha ocurrido».
El documento recomienda, entre otras cosas, que se utilicen los enfoques de derechos humanos, de inclusión y el diferenciado por población vulnerable en la formulación e implementación de todas las políticas públicas, especialmente las dirigidas a la seguridad pública. Llama a los altos funcionarios estatales, comenzando con el presidente, a abstenerse de emitir «discursos contrarios a los derechos humanos, en particular sobre el uso desmedido de la fuerza letal».
Un informe del Departamento de Estado de EE. UU. señala que «entre los problemas significativos de derechos humanos» registrados en El Salvador en 2020 se encuentran «denuncias de homicidios ilegítimos de presuntos miembros de pandillas y de otras personas por parte de las fuerzas de seguridad». De igual forma, apunta a «graves problemas con la independencia del poder judicial», «restricciones a la libertad de expresión y de prensa», y «graves actos de corrupción gubernamental».
Fuente: DW