Nicolás Maduro ofrendó a Vladimir Putin con el envío a Moscú de dos colombianos que habían combatido a favor de Ucrania.
El 18JUL24 los colombianos Alexander Ante y José Medina partieron de Polonia y arribaron al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, en una escala de tránsito en su viaje desde Madrid a Bogotá. Según fuentes diplomáticas en Caracas, las prendas con diseño militar que portaban los dos pasajeros provocaron que fueran retenidos, interrogados, revisadas sus pertenencias y encarcelados. Según una fuente diplomática en Bogotá, sus funcionarios consulares en Caracas usando vías oficiales, solicitaron a la cancillería de Maduro información sobre los colombianos cuyas familias reportaban como desaparecidos en Venezuela. La cancillería chavista mantuvo silencio ante esas solicitudes hechas por vías diplomáticas. La muy activa embajada rusa en Caracas tampoco se comunicó con sus colegas colombianos para tratar el tema.
El 28AGO24 las agencias de noticias rusas informaron que Ante y Medina se encontraban presos en la prisión de Lefortovo en Moscú. Ese día un tribunal moscovita ordenó su detención acusándolos de servir como mercenarios para Ucrania, según reportó la agencia estatal rusa RT.
Todo indica que la dictadura chavista, sin mediar proceso judicial, procedió a encarcelar a los dos ciudadanos colombianos, notificar al gobierno ruso sobre su presencia en Venezuela y entregarlos a agentes para trasladarlos secretamente a Rusia.
Un número no precisado de militares colombianos en condición de retiro se han sumado a las fuerzas ucranianas luego de la invasión rusa. En general son incorporados al Batallón de Infantería No. 49 denominado informalmente como el “batallón carpathian sich”. Varios colombianos han muerto combatiendo como parte de ese batallón.
En la medianoche del 30-31AGO24, los usuarios de Internet en Brasil dejaron de poder acceder a la plataforma de X. Se trató de la más reciente y notoria, dado el impacto en una empresa global propiedad de Elon Musk, medida de altos jueces brasileños en lo que algunos califican como una “dictadura judicial”.
Por una sentencia individual del 30AGO24 suscrita individualmente por Alexandre de Moraes, uno de los once miembros vitalicios del Supremo Tribunal Federal, fue ordenada la suspensión del funcionamiento de X en Brasil hasta que un paquete de órdenes judiciales previas sean cumplidas, así como el pago de multas impuestas por el propio Moraes.
La sentencia, en su segundo punto decisorio, ordenó que las empresas Apple y Google de Brasil establezcan “obstáculos tecnológicos” para que los usuarios brasileños de los sistemas operativos IOS y Android puedan acceder a X. Igualmente esas empresas deberán retirar de sus tiendas virtuales la aplicación X así como varios aplicativos que despliegan servicios de VPN (“virtual private network”) que permiten evadir bloqueos de páginas. La sentencia ordena a los presidentes de las empresas brasileñas proveedoras de Internet a colocar obstáculos tecnológicos para inviabilizar la utilización del aplicativo X.
En su tercer punto decisorio, Moraes establece una multa diaria de R$50.000 (aproximadamente US$ 9.000), además de “sanciones civiles y criminales” a las personas naturales y jurídicas que utilicen “subterfugios tecnológicos” tales como el uso de VPN para continuar utilizando X.
Pocas horas después, Moraes emitió una segunda sentencia en la cual suspendió temporalmente la aplicación de las medidas contempladas en el segundo punto.
En todo caso, en Brasil desde la madrugada del 31AGO24 no es posible utilizar X, salvo mediante la utilización de aplicaciones de VPN lo cual convierte en criminal a quien lo haga, según la sentencia de Moraes.
La sentencia de Moraes explica que fue tomada porque X se negó a cumplir una sentencia del magistrado del 07AGO24 en la cual ordenaba el bloqueo de cuentas de usuarios a quienes vincula con unas “milicias digitales” y con el llamado “intento de golpe de Estado” del bolsonerismo. En su texto, Moraes menciona especialmente al periodista Allan dos Santos, asociado al bolsonerismo y quien debió salir al exilio en 2020 ante la persecución judicial de la cual es objeto.
Ante el inminente arresto de sus directivos en Brasil, el 17AGO24 Elon Musk anunció el cierre de las oficinas de X en Brasil y la salida del país de sus representantes legales. Esto originó que Moraes procediera a ordenar el bloqueo de las cuentas bancarias de las empresas asociadas a Musk en Brasil, incluyendo las de la empresa Starlink proveedora de servicios de Internet satelital. Starlink tiene una alta presencia en zonas amazónicas de Brasil y es proveedora de servicios de Internet para unidades del Ejercito brasileño en zonas de la Amazonía.
En Brasil la máxima autoridad electoral la ejerce el Tribunal Superior Electoral el cual organiza las elecciones, las norma y funciona como sala judicial para los asuntos electorales. En su composición de siete miembros figuran tres magistrados del Supremo Tribunal Federal. En 2022 el Tribunal Superior Electoral estaba presidido por el magistrado Alexandre de Moraes quien fue el encargado de organizar y supervisar el proceso electoral presidencial de aquel año. El 20OCT22 el TSE aprobó una sentencia redactada por Moraes mediante la cual el órgano se adjudicó la potestad de ordenar el bloqueo de direcciones de Internet , la remoción de información de páginas de Internet y la suspensión de perfiles en redes sociales bajo el argumento de combatir la divulgación de “desinformación, caracterizada por la publicación contumaz de informaciones falsas o descontextualizadas sobre el proceso electoral”. La decisión puso en manos del presidente del TSE, es decir del propio Moraes, el poder para ordenar el cierre de páginas, el borrado de contenidos y la suspensión de cuentas. Esta decisión fortaleció la línea de actuación de Moraes, quien actuaba individualmente dejando a un lado el carácter colegiado del tribunal.
La actuación de Moraes contra militantes del bolsonerismo y contra prensa independiente hizo que cuentas en Instagram, Facebook, Twitter y Youtube fueron clausuradas masivamente mientras muchos de sus titulares fueron procesados judicialmente y encarcelados. Moraes impuso una censura previa a los medios de comunicación llegando a prohibir el uso de la expresión “amigo de dictadores” o “expresidiario” para referirse al candidato Lula da Silva. Por orden de Moraes a los medios de comunicación brasileños les quedó prohibido referirse a las relaciones del candidato Lula da Silva con Nicolás Maduro y Daniel Ortega.
El propio Jair Bolsonaro, por decisión del TSE del 30JUN23, fue inhabilitado hasta el año 2030 señalado de “abuso de poder” por haber realizado, cuando aún era Presidente y candidato a la reelección, una reunión con diplomáticos extranjeros en la residencia presidencial de La Alvorada el 18JUL22. Bolsonaro,en aquella reunión pública con los embajadores acreditados en Brasilia, se había quejado de la integridad del sistema electoral brasileño lo que le valió la actual inhabilitación para postularse.
El 13AGO24, el diario Folha de São Paulo publicó un reportaje basado en grabaciones de conversaciones entre funcionarios del Supremo Tribunal Federal de Brasil y del Tribunal Superior Electoral, ambos presididos por Moraes. Las grabaciones evidencian que la llamada “Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação” del tribunal electoral fue utilizada para elaborar expedientes contra bolsoneristas que serían utilizados en procesos abiertos por Moraes en el STF. La reacción de Moraes fue desestimar las acusaciones de irregularidades y abrir un proceso judicial a raíz de la filtración de las grabaciones.
Por cierto. Las sentencias contra Lula da Silva, políticos y empresarios a raíz del escándalo de corrupción revelado bajo el nombre de caso Lava Jato, han ido siendo dejadas sin efecto por los altos tribunales brasileños. Los altos magistrados, entre ellos Moraes, acusando al juez de la causa, Sergio Moro, de haber intervenido indebidamente en los procesos de investigación. El reportaje de Folha dejó al descubierto que Moraes ha intervenido indebidamente en procesos de investigación contra bolsoneristas a quienes el magistrado persigue por razones claramente políticas.
Hasta ahora la acción de Moraes contra el bolsonerismo ha resultado beneficiosa para Lula da Silva y los suyos en tanto el magistrado se ha encargado de neutralizar a Jair Bolsonaro y mantiene un cerco de amenaza judicial contra los opositores.
Aunque no suele mencionarse en los medios de comunicación, el número de presos políticos ha estado en aumento en Brasil a manos de los magistrados del STF. Filipe Martins, el joven asesor de asuntos exteriores de la Presidencia en tiempos de Jair Bolsonaro, fue detenido el 08FEB24 y permaneció en prisión por seis meses acusado de participar en el planeamiento de un intento de golpe de Estado que encabezaría Bolsonaro luego de perder las elecciones. Martins pudo abandonar la cárcel a principios del mes de agosto con serias restricciones. Moraes prohibió que Martins concediera una entrevista al diario Folha de São Paulo en otro caso de censura previa.
Transcurrido un mes de las votaciones en Venezuela del 28JUL24, de la proclamación de Nicolás Maduro por sus autoridades electorales como triunfador, y de la divulgación de las actas electorales que demuestran la derrota de Maduro y el triunfo de Edmundo González Urrutia, el “tema Venezuela” nuevamente ha escalado espacio en la agenda internacional. Decenas de gobiernos se han pronunciado a favor de la causa democrática venezolana, algunos de ellos como Argentina reconociendo a González Urrutia como “presidente electo”, aunque un grueso número de gobiernos se limitan a reconocer que EGU obtuvo la mayoría de votos pero sin proceder a reconocerlo formalmente como nuevo Presidente.
Pero al contrario del año 2019 cuando masivamente fue desconocido el segundo gobierno de Maduro y reconocido por varias decenas de gobiernos el interinato de Juan Guaidó, con imposiciones de sanciones a empresas y jerarcas del régimen, en esta ocasión salvo las declaraciones de apoyo a la causa democrática venezolana, no se vislumbran acciones internacionales sobre el régimen. En general la posición internacional es la de hacer llamados a que “las partes” negocien una improbable “transición pacífica”. El comunicado más relevante a nivel internacional, suscrito el 16AGO24 en Santo Domingo con motivo del segundo gobierno de Luis Abinader, fue suscrito por Argentina, Canadá, Chile, República Checa, Costa Rica, Ecuador, España, EEUU, Guatemala, Guyana, Italia, Marruecos, Países Bajos, Reino Unido, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Unión Europea, a los cuales posteriormente se unieron Australia, Ucrania, Kosovo, Nueva Zelanda, Bosnia Herzegovina, Macedonia del Norte y Georgia. Las gestiones de EEUU y de Uruguay han logrado esta amplia representación. En el documento, estos gobiernos aseguran que “el momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela”. No más…
El 29AGO24 se produjo en Bruselas la reunión informal anual de ministros de Exteriores de la Unión Europea. Al término del encuentro, que incluyó la intervención vía Internet de Edmundo González Urrutia, el alto representante de la UE Josep Borrell dejó saber que los ministros habían decidido que “puesto que no hay verificación y tememos que nunca la habrá, no podemos aceptar la legitimidad de Maduro como presidente electo”. Maduro, a quien la UE como entidad (no así los países miembros que la conforman) no reconoce como Presidente electo desde 2019, “seguirá siendo presidente de facto”, en palabras de Borrell quien descartó incrementar el número de jerarcas del régimen sancionadas por la UE. Borrell igualmente descartó que la UE pudiera romper relaciones con Venezuela, afirmando que “hay muchos casos en el mundo que no les reconocemos legitimidad democrática, pero existen y tienen el control del territorio, y tenemos embajadas en Venezuela, tenemos embajadas en Nicaragua. ¿Cree usted que reconocemos la legitimidad democrática del señor Ortega? No, pero tenemos embajadas y nos relacionamos, claro, con muchos países con los cuales no reconocemos que ese gobierno sea un gobierno legítimo en el sentido de elegido democráticamente por ciudadanos”.
El 12AGO24, el Informe Otálvora consultó a la Casa Blanca de EEUU sobre el estado de los contactos con el régimen chavista. En específico se preguntó si luego de las votaciones del 28JUL24 en Venezuela, funcionarios de la Casa Blanca habrían mantenido conversaciones directas con el régimen venezolano, ejemplificando con posibles contactos entre el responsable del Hemisferio Occidental Daniel Erikson con el jerarca chavista Jorge Rodríguez.
En la respuesta a la consulta del Informe Otálvora, atribuible a una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, especifican que “no comentamos sobre asuntos diplomáticos privados. Dicho esto, estaríamos dispuestos a dialogar de buena fe con los representantes de Maduro si estuvieran interesados en respetar la voluntad de los venezolanos y regresar a las normas democráticas”.
El 23AGO24 un portavoz del Departamento de Estado, consultado por el Informe Otálvora, afirmó que “de acuerdo con nuestra política, el Departamento de Estado no anticipa ni comenta públicamente sobre posibles consideraciones de sanciones”. Este Informe había solicitado información sobre “acciones específicas que tiene previsto tomar el gobierno de EEUU y sobre la opción de “volver a imponer sanciones al sector del petróleo o el gas mediante la eliminación de las licencias actuales”. Igualmente se consultó al portavoz acerca de si “EEUU seguirá recibiendo solicitudes de licencias petroleras para hacer negocios con la empresa estatal venezolana”. El vocero se abstuvo de comentar estos tópicos y sugirió consultar al Departamento del Tesoro.
Consultado el Departamento de Estado sobre sus contactos con los líderes opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, el portavoz afirmó que “como se ha dicho públicamente anteriormente, mantenemos contacto con la oposición democrática de Venezuela junto con otros socios en Venezuela y en toda la región”.