El gobierno de EEUU y la dictadura venezolana encabezada por Nicolás Maduro han mantenido conversaciones y alcanzado un acuerdo en materia migratoria pero la Casa Blanca, en declaraciones exclusivas para este Informe, reitera que mantiene sus sanciones y no reconoce al régimen chavista.
En una entrevista del 01SEP23 con Carolina Chimoy de la agencia alemana Deutsche Welle, el encargado del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el colombo-estadounidense Juan González, describió el estado de las relaciones de su gobierno con el régimen chavista. González afirmó que EEUU “no ha dicho que no tenemos diálogos o intercambios con representantes de, de, de, de… Nicolás Maduro. De hecho, yo fui en marzo pasado [marzo 2022]. Tenemos al enviado especial Roger Carstens quien aboga por la liberación de americanos detenidos. Él tiene diálogos con ellos y si tenemos conversaciones en ciertos temas necesarios con ellos… pero el enfoque nuestro es apoyar los esfuerzos de la plataforma democrática…”. El tartamudeo de González al intentar calificar a la contraparte venezolana con la cual se reúnen, delataba las dificultades prácticas que el gobierno de EEUU tiene al momento de determinar cuál es el legítimo gobierno en Venezuela.
El 05OCT23 el Departamento de Estado emitió un comunicado en el cual informaba que EEUU “anuncia hoy que reanudará las repatriaciones directas de nacionales venezolanos que crucen nuestra frontera ilegalmente y no establezcan un base legal para permanecer”. El tema de los migrantes se ha convertido en un asunto político de alto impacto en EEUU y el gobierno Biden intenta atenderlo para frenar su impacto negativo con vista a las elecciones presidenciales del 2024.
Mientras amplía instrumentos legales para la permanencia de venezolanos y otras nacionalidades, el gobierno Biden igualmente está adelantando una política de expulsión de migrantes ilegales lo cual ha incluido a cubanos y ahora a venezolanos. En el caso de Cuba, EEUU reanudó los vuelos para repatriación de cubanos el 24ABR23 con base en lo acordado en la reunión sostenida en Washington el 12ABR23 entre enviados de la cancillería de Cuba y funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU.
Las palabras “repatriaciones directas” utilizadas en el caso venezolano dejaron al descubierto el asunto de las relaciones entre la Casa Blanca de Biden y el régimen chavista. Dado que los vuelos directos entre EEUU y Venezuela están suspendidos en razón de las sanciones impuestas al régimen venezolano, las “repatriaciones directas” implican la realización de vuelos directos a territorio venezolano desde EEUU lo que supone acuerdos previos entre el gobierno estadounidense y quien controla los aeropuertos de Venezuela.
El comunicado emitido por el Departamento de Estado utiliza una frase que inmediatamente desató la atención de quienes hacen seguimiento al asunto de las relaciones entre EEUU y Venezuela, muy especialmente entre quienes tienen intereses financieros en juego. El documento del Departamento de Estado afirma que “este anuncio sigue a la decisión de las autoridades de Venezuela de aceptar el regreso de ciudadanos venezolanos”. El portavoz del Departamento de EEUU, Matthew Miller, calificó como “autoridades de Venezuela” a la dictadura encabezada por Nicolás Maduro. El asunto de quién representa a Venezuela oficialmente, tema central en decenas de procesos judiciales en EEUU y Europa, nuevamente fue colocado en el escenario con el texto de Miller.
El anuncio del Departamento de Estado sobre deportaciones de venezolanos coincidió con la realización de un encuentro de los gobiernos de EEUU y México realizado el Ciudad de México el 06OCT23 denominado Diálogo de Alto Nivel de Seguridad. Uno de los temas tratados fue el de las migraciones que circulan por México hacia EEUU enfocado como parte de los problemas de seguridad fronteriza. La representación estadounidense estuvo encabezada por el secretario de Estado Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional el cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas, el fiscal General Merrick Garland quienes tuvieron como contraparte a sus homólogos mexicanos liderizados por la ministra de Exteriores Alicia Bárcena.
Durante la rueda de prensa posterior a las reuniones de trabajo, el asunto de las migraciones fue tocado por Blinken y Mayorkas. El encargado de la seguridad nacional de EEUU, ejemplificando luego de mencionar medidas acordadas para la seguridad fronteriza, dijo que “justo hoy, EEUU anunció su acuerdo con el país de Venezuela [with the country of Venezuela, sic] para repatriar a los ciudadanos venezolanos que no aprovechen las vías legales y, en cambio, lleguen de manera irregular a nuestra frontera sur y no califiquen para el alivio”. Luego, ante una solicitud de ampliación por parte de la periodista Eileen Sullivan de The New York Times, Mayorkas afirmó que “hemos tomado la determinación de que es seguro devolver a los ciudadanos venezolanos que hayan llegado a EEUU después del 31 de julio y no tengan una base legal para permanecer aquí. Y ahora hemos negociado con éxito un acuerdo [successfully negotiated an agreement, sic] con el país de Venezuela para repatriar a aquellos ciudadanos venezolanos que hayan llegado después del 31 de julio y no tengan una base para permanecer en los EEUU”.
La periodista Sullivan igualmente pidió que los altos funcionarios estadounidenses explicaran “¿qué cambió en la perspectiva de EEUU sobre Venezuela?”, “¿ha cambiado las relaciones diplomáticas?” y ahora “¿tienes diferentes relaciones con ellos?”. No hubo respuesta a estas preguntas.
El secretario de Estado sintió la necesidad de relativizar las expresiones de su colega Mayorkas y complementó: “Y Eileen, solo para agregar una nota al pie de página, tenemos un compromiso férreo de brindar protección a quienes califiquen. Eso sigue siendo primordial en todo lo que estamos haciendo. Y, por cierto, también esperamos que todos los demás países del hemisferio hagan lo mismo, para asegurarnos de que están cumpliendo con sus propias obligaciones”.
El tema del tratamiento a los migrantes venezolanos quedó debidamente explicado, no así el asunto de las relaciones diplomáticas con el régimen chavista con el cual, según Mayorkas, se habría alcanzado un acuerdo.
En Caracas, mientras tanto, el régimen emitía un comunicado exaltando sus relaciones con EEUU y acusándolos, a su vez, de ser causantes de la migración venezolana “por la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo”. En el comunicado del régimen chavista del 05OCT23 se leía que “el Gobierno Bolivariano de Venezuela anuncia que, en el marco de las conversaciones sostenidas entre las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela y las autoridades de los Estados Unidos de América, ha suscrito un acuerdo sobre migración que permita la repatriación ordenada, segura y legal de ciudadanos venezolanos desde los Estados Unidos”.
Los voceros de EEUU no usaron la expresión “firmar” o “suscribir” pero según la doctrina más pura sobre el tema, cualquier acuerdo en derecho internacional es derecho, no necesita firma ya que se da como implícita.
Este Informe consultó a la Casa Blanca y al Departamento de Estado de EEUU sobre las implicaciones del comunicado calificando al régimen chavista como “autoridades venezolanas” y del hecho de haber negociado y alcanzado un acuerdo con “el país de Venezuela”.
Las preguntas enviadas al alto gobierno estadounidense fueron: ¿El gobierno de EEUU reconoce a Nicolás Maduro como autoridad de Venezuela?. ¿EEUU reconoce dos gobiernos en Venezuela, uno encabezado por Nicolás Maduro y otro por la presidenta de la Asamblea Nacional, Dinorah Figuera?. ¿El gobierno de EEUU firmó un acuerdo con el «gobierno bolivariano de Venezuela»?
Un vocero oficial del Consejo de Seguridad Nacional el 07OCT23 remitió sus comentarios a la consulta hecha a la Casa Blanca por el Informe Otálvora. Según el vocero, “nada ha cambiado en el reconocimiento. Nuestras sanciones contra Venezuela siguen vigentes y continuaremos haciéndolas cumplir. Seguimos apoyando firmemente el restablecimiento pacífico de la democracia, el retorno de elecciones libres y justas, y el respeto de los derechos y libertades de los venezolanos».
En relación al acuerdo alcanzado en materia de repatriación de venezolanos, el vocero de la Casa Blanca afirmó que “La acción es parte de un esfuerzo regional para abordar el desafío histórico de la migración irregular, y se limita solo a ese tema”.
El acuerdo entre EEUU y la dictadura venezolana pareciera emular el previamente alcanzado con Cuba sobre la misma materia. La diferencia es que oficialmente existen relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, mientras las relaciones con Venezuela están formalmente rotas pese a que mantienen conversaciones directas según confirman los voceros estadounidenses.
El 02NOV17, Nicolás Maduro suspendió de forma unilateral el pago de la deuda pública financiera que mantiene Venezuela. Algunas estimaciones colocan esta deuda en el monto de aproximadamente US$ 60 mil millones. Los tenedores de bonos de esta deuda basada en leyes de Nueva York tienen un plazo de seis años, que comenzó en 2017, para hacer reclamos relacionados con la falta de pago de esta deuda.
La Asamblea Nacional de Venezuela, electa en 2015 y que EEUU reconoce como la única instancia constitucional, aprobó el 08AGO23, una prorroga de cinco años en el plazo de prescripción de esos bonos. Tras esa decisión, el siguiente paso sería la firma de un acuerdo entre los representantes del estado venezolano reconocidos por EEUU y los acreedores. En varios documentos oficiales, incluyendo citaciones de tribunales de EEUU que procesan demandas contra el estado venezolano, se ha mencionado la existencia de un «Comisionado Presidencial para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela» como el representante designado por la Asamblea Nacional para representar a Venezuela en EEUU. Se desconoce el nombre de este “Comisionado Presidencial” designado por el “gobierno interino” encabezado por Dinorah Figuera y reconocido por EEUU. Este Informe infructuosamente consultó a la presidenta Figuera sobre este asunto.
El comunicado del Departamento de Estado del ‘05OCT23 sobre deportaciones de venezolanos calificando a Maduro como “autoridad” y las declaraciones del Secretario de Seguridad Nacional sobre un acuerdo alcanzado con Venezuela, desataron nuevas dudas sobre quién ejerce la titularidad de la representación oficial venezolana a los efectos de EEUU. Miles de millones de dólares estarían en juego…