Una cumbre ambiental diseñada por Gustavo Petro y Nicolás Maduro, que tendría lugar en Caracas los primeros días del mes de noviembre, debió ser suspendida ante la decisión de Lula da Silva de no asistir. La reunión que debió congregar a los mandatarios de Brasil, Bolivia, Ecuador (incluyendo al presidente electo Daniel Noboa) y de Colombia, con Maduro como anfitrión, fue sorpresivamente suspendida antes de que fuera anunciada públicamente.
Si bien el tema de la reunión sería el “cambio climático”, en medios diplomáticos de los países involucrados se estimó que el evento sería utilizado por Maduro para publicitar el conflicto por la Guyana Esequiba. Petro aspiraba obtener de ese evento una posición que lo convirtiera en vocero de los países amazónicos en la reunión de San Francisco 17NOV23 del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico a la cual el colombiano fue invitado como observador.
Luego de su visita a San Francisco el 17NOV23, la segunda a territorio estadounidense en menos de un mes, Gustavo Petro incluyó en su agenda una visita a Maduro el 18NOV23. En la agenda de Petro en Caracas a donde esta vez viajó con su esposa Verónica Alcocer, incluyó una recepción en la Quinta Colombia, la residencia oficial del embajador colombiano. Se trataría de la primera fiesta que un mandatario colombiano organiza y celebra en Caracas en más de una década. Pero Petro finalmente se marchó a Bogotá luego de su encuentro con Maduro en el Palacio de Miraflores, donde anunciaron que Colombia se asociaría para la explotación petrolera y gasífera en territorio venezolano.
El nuevo embajador de Gustavo Petro ante Nicolás Maduro, Milton Rengifo Hernández, ya habría creado una red de extrañas relaciones con altos jerarcas del régimen chavista. Luego de los escándalos por corrupción que acompañaron al anterior embajador colombiano en Caracas, Armando Benedetti, Petro envió como su embajador ante el régimen chavista a quien había sido su empleado en la Alcaldía de Bogotá y su “asesor jurídico” cuando ejerció como Senador. Sin experiencia diplomática previa, con sólo un curso rápido recibido en la cancillería colombiana, Rengifo llegó a Caracas el 09AGO23 para asumir la jefatura de la misión diplomática.
Desde entonces habría incorporado en la gestión cotidiana de la Embajada al venezolano Juan Carlos Churio quien sería familia directa de Jesús Rafael Suárez Chourio. El ahora general Suarez Chourio forma parte del alto chavismo desde cuando participó en el cuartelazo de 1992 encabezado por Hugo Chávez. Ya desde tiempos del gobierno de Chávez existe un largo historial de casos de corrupción que involucran al apellido Churio.
La protección de la Embajada de Colombia en Caracas habría sido puesta en manos de militares a cargo de Juan Carlos Churio. Algunos de los guardianes habrían sido previamente personal de la Casa Militar que protege a Maduro y su familia. Usualmente los escoltas de embajadores son personal de seguridad procedente del país del diplomático ya que sólo la protección externa de las edificaciones diplomáticas está en manos del país anfitrión y la sede diplomática en inviolable de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas El actual embajador colombiano se mueve en Caracas con escoltas que previamente fueron espalderos de Cilia Flores, portan armamento visible y están involucrados directamente en la seguridad interna de la sede diplomática según fuentes consultadas en Caracas y Bogotá. Según fuentes en Caracas, los militares venezolanos que ahora actúan dentro de la sede diplomática colombiana han incluso revisado los antecedentes del personal local (no diplomáticos) contratado y obligado al despido de algunos empleados. En medios diplomáticos de Caracas se estima que el embajador colombiano se muestra “torpe” en su “relaciones diplomáticas” pero ha logrado una comunicación directa con “el mundo militar” por intermedio de su amigo Churio quien gestiona incluso las reuniones entre el enviado colombiano y el jefe militar Vladimir Padrino.
“Una extraña agenda paralela” estaría adelantando el embajador de Petro, según la valoración de un veterano funcionario diplomático del gobierno colombiano basado en Bogotá pero que hace seguimiento a los vaivenes de las relaciones con Venezuela. Las instrucciones dadas a Milton Rengifo fueron “ampliar las relaciones con todos los sectores en Venezuela”, “lo mandaron a integrar a los dos países y llama la atención que se le ve muy entregado a algunos personeros de acá”, comentó un diplomático suramericano basado en Caracas.
Por cierto, el 17NOV23 se produjo en la zona fronteriza venezolano-colombiana, en la población de San Antonio del Táchira, un encuentro del ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino y su homólogo colombiano Iván Velásquez, en el cual acordaron diseñar en los próximos sesenta días, una “hoja de ruta a nivel ministerial en materia de Seguridad y Defensa”. El nivel de cooperación e interacción entre los militares de ambos países, diseñados y establecidos a principios de los años noventa fueron desarticulados con la llegada de Chávez al gobierno en 1999 y jamás han sido reactivados.
El proceso judicial por narcotráfico contra Nicolás Maduro, anunciado por EEUU el 26MAR20 durante el gobierno de Donald Trump, comenzó a sonar nuevamente en la capital estadounidense.
Los senadores republicanos Jim Risch (Idaho) y Chuck Grassley (Iowa), ambos con posiciones relevantes en el comité de relaciones exteriores y en el comité judicial respectivamente, enviaron el 15NOV23 una carta dirigida a dos altos funcionarios del gobierno Biden reclamando “que nos informe antes del 26 de noviembre de 2023 qué acciones legales, si las hubo, tomó para buscar el arresto y la extradición de Nicolás Maduro durante sus viajes internacionales desde enero de 2021”. Los destinatarios de las cartas de los senadores fueron el fiscal General (Departamento de Justicia) Merrick Garland y el secretario de Estado Antony Blinken.
En su misiva, Risch y Grassley refieren que Maduro ha viajado a México y Brasil, países que mantienen tratados de extradición con EEUU. Según los senadores “el hecho de no hacer cumplir la acusación estadounidense contra Nicolás Maduro prolonga la crisis de inmigración ilegal y drogas ilícitas que amenaza la seguridad de EEUU y del hemisferio occidental en general”.
Risch ha sido en el pasado reciente, particularmente crítico contra la línea del gobierno Biden hacia Venezuela. En enero de 2023, cuando un sector de la oposición venezolana decidió disolver el gobierno interino de Juan Guaidó, Risch apuntó su dedo hacia la diplomacia de Biden: “El fin del gobierno interino de Venezuela es una noticia terrible para los intereses de EEUU y el futuro del pueblo de Venezuela. Las políticas de la administración Biden tuvieron mucho que ver con este resultado, y nos preocupa aún más que la administración parezca lamentablemente no estar preparada para las consecuencias diplomáticas, legales y de seguridad” declaró el 05ENE23 en un texto emitido junto al representante por Texas Michael McCaul, quien lideraba la representación republicana en el comité de asuntos exteriores de la Cámara.
La venganza de Lula da Silva contra Jair Bolsonaro y contra quienes lo procesaron judicialmente por casos de corrupción sigue adelante. En un proceso judicial iniciado ante el Tribunal Superior Electoral por el PT, el partido de Lula, Bolsonaro fue inhabilitado para competir en nuevas elecciones presidenciales hasta 2030. El PT acusó a Bolsonaro de haber realizado un acto en el presidencial Palacio de la Alvorada en el cual reunió al cuerpo diplomático acreditado en Brasilia para exponerle sus consideraciones sobre “fallas” y “falta de transparencia” del proceso electoral brasileño. Por esa acusación, el 30JUN23 Bolsonaro fue condenado a ocho años de inhabilitación política. Posteriormente, el 31OCT23 el Tribunal Superior Electoral nuevamente emitió sentencia inhabilitando por ocho años a Bolsonaro, esta vez acusándolo de haber utilizado los actos oficiales del 07SEP22 para hacer propaganda electoral.
La más reciente acción punitiva de Lula contra Bolsonaro fue iniciada por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente IBAMA dependiente del Ministerio del Medio Ambiente encabezado por la dirigente izquierdista Marina Silva. El 14NOV23 el Ministerio Público Federal, a partir de la denuncia del IBAMA, abrió un proceso judicial contra el expresidente Bolsonaro acusándolo de haber molestado a una ballena jorobada, entre el 16-17JUN23, en la región de São Sebastião en el estado de São Paulo. El gobierno Lula acusa a Bolsonaro de haberse aproximado en una moto acuática a 15 metros de la ballena… No es broma. El proceso fue publicado en el Diario Oficial del Ministerio Público Federal de Brasil el 17NOV23.