CARACAS.- Un informe elaborado por varias ONG venezolanas y titulado «Crisis postelectoral y de Derechos Humanos 2024 en Venezuela» reveló la existencia de «terrorismo de Estado» en el país sudamericano, la persistencia de la persecución por motivos políticos y una «grave erosión» de la institucionalidad democrática, lo que lleva a concluir que en el país se ha instaurado «un régimen de excepción por la vía de los hechos».
El documento presenta un balance sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio con datos de más de 25 organizaciones que se amalgamaron bajo el nombre de «Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento».
Previo a la jornada comicial del 28 de julio, el informe da cuenta que 25 personas fueron detenidas por informar. Además, unos 58 sitios web fueron bloqueados. Adicionalmente, fueron procesadas 98 denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión.
De igual manera, el informe reportó que 169 personas fueron detenidas de forma arbitraria por razones políticas, entre esas personas destacaron a la activista Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano. Igualmente, se incluye que 49 personas fueron detenidas por suministrar bienes y servicios a la campaña del presidente electo Edmundo González Urrutia y que fueron sancionados 24 locales comerciales por prestar colaboración a las actividades de la campaña opositora.
También, resalta el informe, el caso de los seis opositores que tuvieron que refugiarse en la Embajada de Argentina en Caracas tras la «violación del derecho al asilo».
El día de las elecciones, según el informe, se documentaron varios incidentes que ocasionaron retrasos en la votación en los centros electorales. El texto indica que hasta las 6:00 pm de ese día la actuación del llamado «Plan República» fue «institucional». Sin embargo, a partir de esa hora los militares integrantes del operativo «recibieron órdenes de sus superiores para impedir la presencia de testigos y la verificación ciudadana».
De acuerdo al documento, el 28 de julio, en el contexto de los comicios, se registraron 20 situaciones lesivas al derecho de libertad de expresión e información y la ocurrencia de 86 actuaciones de grupos de personas armadas afectas al oficialismo en 17 entidades de Venezuela, que dejaron un saldo de ocho heridos de bala y una persona asesinada.
Destacó la coalición de ONG en su informe que «estos ataques no solo sugieren coordinación nacional, sino tolerancia por parte de las autoridades».
Represión masiva y feroz
Luego de la jornada comicial en la que la autoridad electoral de Venezuela declaró ganador a Nicolás Maduro sin contar con las actas que así lo validaran, se produjo una movilización popular en el país frente al desconocimiento por parte del régimen de la voluntad expresada por los venezolanos en las urnas.
Dicha movilización fue abordada por el régimen «mediante una combinación de métodos ‘duros’ y ‘blandos'», señala el informe.
«Para neutralizar a corto plazo las protestas, las autoridades ordenaron una represión masiva y feroz, en la que entre 24 a 26 personas habrían perdido la vida en el contexto de manifestaciones. Además, se determinó una cuota de personas a detener, de más de dos mil ciudadanos, para generar un efecto inhibitorio, generando condiciones para la extorsión masiva por parte de los funcionarios», dice el texto.
Y agrega que después del 31 de agosto, estos mecanismos «duros» fueron «complementados con mecanismos ‘blandos’, que incluyeron la aprobación de una ley contra las ONG, la anulación masiva de pasaportes, despidos por razones políticas, estímulo de la delación comunitaria a través de una aplicación tecnológica, revisión de teléfonos celulares en alcabalas y la divulgación de mensajes atemorizantes por parte de voceros gubernamentales».
Sostienen las ONG que Nicolás Maduro «ha sido el vocero principal de las estrategias de represión» que han sido «divulgadas públicamente» e incluyen «la fabricación de falsos positivos para deslegitimar las denuncias sobre violaciones al derecho a la vida en el contexto de las protestas, de manera coordinada a diferentes niveles del poder público, en conjunto con sus aliados».
Patrones en las detenciones
El informe reportó que hasta el 29 de agosto habían 1.590 detenidos en Venezuela en el marco de las protestas postelectorales. Los datos de las ONG revelaron, además, la existencia de patrones vinculados a las detenciones, como por ejemplo desapariciones forzadas de corta duración, impedimento para que los detenidos pudieran ser representados por sus abogados de confianza, la aplicación masiva de leyes contra el terrorismo, la realización de juicios sumarios a través de audiencias virtuales y la privación de libertad de adolescentes y personas con discapacidad.
Asimismo, se registraron 184 casos de actuaciones de civiles armados en los grupos conocidos como «colectivos».
Recomendaciones
El informe pide a la comunidad internacional mantener los esfuerzos de mediación y presión diplomática al régimen venezolano y que se incrementen las medidas de reconomiento individual a los responsables de violaciones de derechos humanos. También, pide que no se reconozcan los resultados electorales del Consejo Nacional Electoral hasta tanto no se haga una revisión verificada por técnicos independientes. Solicitan que los Estados parte del Estatuto de Roma promuevan que las violaciones reportadas en el informe se incluyan en el expediente del régimen de Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), entre otras recomendaciones.