La oposición venezolana nuevamente entra en el juego del chavismo, ya no se sabe si por costumbre o por conveniencia, pero independientemente de la respuesta, lo cierto es que este martes vuelve a ceder para iniciar otro intento de alcanzar un diálogo, cuyo propósito es beneficiar al régimen de Nicolás Maduro y sus secuaces. Es la misma historia que se ha repetido ya en quince ocasiones. Hoy la única diferencia de esta iniciativa con las anteriores radica en que el nuevo “mediador” es el presidente colombiano, Gustavo Petro.
Aquí el chiste se cuenta solo. La intervención de Gustavo Petro en estos asuntos, un hombre que en menos de un año ya se ha reunido cuatro veces con Nicolás Maduro y hasta es catalogado como el “relacionista público” de la dictadura, no parece dejar espacio de maniobras a la oposición, sino que la muestra cada día más desgastada por prestarse para estos jueguitos de pandilleros en el poder.
Aparte de ello, las recientes declaraciones del chavismo indican que, a pesar de la conferencia internacional que se anunció con bombos y platillos en Bogotá para el 25 de abril, desde el grupúsculo rojo no están dispuestos cambiar sus demandas, sino que por el contrario van directo a la yugular de la Plataforma Unitaria.
Y es que, el presidente de la Asamblea Nacional manejada por el chavismo, Jorge Rodríguez, no ha sido tímido en sus demandas. Es por ello, que este lunes reafirmó que desde su facción no se cederá un solo milímetro de poder, sino que por el contrario, van por más: los objetivos en el diálogo con la oposición, congelado desde noviembre pasado, es que se detengan procesos judiciales contra el país, como el que lleva adelante la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Esta es solo la punta del iceberg, en cuanto a sus demás peticiones. Rodríguez recalcó que el Ejecutivo “tiene cinco puntos que llevar a los efectos de fomentar el diálogo” y “de avanzar para que el panorama político, social y electoral transcurra dentro de condiciones de normalidad (…) Que las políticas de lawfare (persecución judicial), de ataques, a través de aventuras en tribunales de Estados Unidos o a través de la CPI se detengan porque afectan a nuestros líderes más importantes”.
Además de detener las causas judiciales en tribunales internacionales, el chavismo busca “el levantamiento de todas las sanciones” contra Venezuela y recuperar el dinero del país “que está robado, ilegalmente retenido o secuestrado” en el extranjero, así como el control sobre Citgo, la filial de la petrolera Pdvsa en EEUU. A ello, no puede olvidarse las pretenciones de obtener la excarcelación del colombiano Alex Saab, procesado en Estados Unidos por el delito de conspiración para lavado de dinero.
Por su parte, los políticos de la oposición están como perros rabiosos, peleando por sacar un mejor pedazo y hacerse con una candidatura de las primarias. Hablan de elecciones libres, de cómo sitiar al chavismo, pero lo cierto es que no hay manera de hacerlo, tan solo ver cuánto más puede aguantar la dirigencia antes de entregar poco a poco lo último con lo que se puede negociar, ante la falta de un mejor plan.
Esta nueva ronda para un “acercamiento” se vislumbra oscura para la oposición venezolana. Nadie tiene claro qué puede negociar si ya dio su brazo a torcer, al querer participar en unas elecciones con un CNE que fue elegido por el chavismo y que desde 2018 le han tachado de ilegítimo, pero que ahora será nuevamente el árbitro electoral, para bañar de legitimidad al régimen de Nicolás Maduro, y por consecuencia, ir abriendo el camino hacia los activos de Venezuela que se encuentran protegidos en el exterior.
Estos movimientos muestran a una oposición errática, que no toca los temas álgidos que necesita la ciudadanía en una mesa de diálogo, si es que de verdad pudiera concebirse ese concepto cuando se trate del chavismo. Sin embargo, lo que se puede notar acá es que la oposición venezolana vuelve a este laberinto que sigue manejando el grupúsculo rojo y ahora con menos armas y moviéndose entre agujas y cuchillos.