EAGLE PASS.- Llegar desde Venezuela a EEUU le costó a Nerio dos meses y todo lo que tenía. Viajó sobre todo a pie y vio cómo otros migrantes agotados eran asaltados o abandonados para morir.
Como cada vez más venezolanos que buscan una mejor calidad de vida porque su país está tomado por la dictadura de Nicolás Maduro, Nerio emprendió un peligroso viaje que incluía viajar por la conocida selva de Panamá, el Tapón del Darién, y México, donde a menudo los migrantes sufren extorsiones y amenazas de funcionarios, con la esperanza de encontrar una vida mejor en EEUU.
“Sabemos que nadie quiere que lleguemos aquí”, dijo Nerio el mes pasado en Eagle Pass, Texas, una ciudad de 30.000 habitantes que es un destino frecuente de los nuevos migrantes venezolanos a EEUU. Nerio pidió que no se publicara su apellido por motivos de seguridad.
Los venezolanos superaron el mes pasado a los guatemaltecos y hondureños para convertirse en la segunda nacionalidad más habitual, después de los mexicanos, entre las personas detenidas en la frontera de EEUU. Entre ellos estaba Nerio, que viajaba con otra docena de personas que huían de la pobreza y la violencia en Venezuela.
Se estima que 6,8 millones de venezolanos han huido de su país desde que la economía se hundió en 2014, la mayoría a países de Latinoamérica y el Caribe. Pero la relativa fortaleza de la economía estadounidense desde la pandemia del COVID-19 ha hecho que los migrantes venezolanos también miren al norte. Además, las políticas estadounidenses y las tensas relaciones con el gobierno venezolano hacen muy difícil enviarlos de vuelta a casa.
Esas noticias han circulado en Venezuela conforme más amigos y familiares llegan a Texas y son liberados con citaciones para comparecer en cortes migratorias o bajo libertad condicional humanitaria.
“Esperemos que en unos pocos años, los problemas de los venezolanos se resuelvan para que podamos volver a nuestro país de origen, pero hasta entonces tenemos que ser migrantes y soportar lo que este viaje supondrá para nosotros”, dijo Nerio.
El efecto es visible en los titulares diarios. Unos 50 migrantes que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, envió la semana pasada a la lujosa isla de Martha’s Vineyard, en Massachusetts, eran venezolanos. También lo eran cinco de los seis hombres que agentes estadounidenses encontraron ahogados en el Río Bravo cerca de Eagle Pass a principios de septiembre.
José, que pidió ser identificado sólo por su segundo nombre por seguridad, estaba en uno de los dos vuelos de DeSantis. Caminó casi tres meses antes de cruzar el Río Bravo en una lancha hinchable y entregarse a la Patrulla Fronteriza.
Cuando se alojaba en un refugio de migrantes de San Antonio, José conoció a una mujer que prometía al menos tres meses de alojamiento, un empleo, atención médica y ayuda legal gratuita. Les dijo a los migrantes que irían a Washington, Chicago y otras ciudades “santuario” con medidas de protección de los inmigrantes.
“Nos imaginamos que ella era una persona muy importante, que tenía mucha influencia y nos podía ayudar realmente”, dijo José, que necesitaba llegar a Filadelfia para una cita obligatoria con autoridades de inmigración a finales de septiembre. “Le creímos. La ignorancia del inmigrante”.
Pero cuando llegaron a Martha’s Vineyard, un enclave conocido como destino de vacaciones del expresidente Barack Obama, «nadie nos estaba esperando, nadie sabía de nuestra existencia”, dijo José, de 27 años, en una entrevista telefónica desde una base militar en Cape Cod.
Una familia venezolana en Boston ofreció alojamiento y comida a José, que ganaba 20 dólares al mes recogiendo basura en Caracas y dejó atrás a sus dos hijos con sus abuelos. Informará al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) de su nueva dirección y trasladará su cita con la agencia a Boston.
“Ahora estamos libres, podemos ir a donde queramos”, dijo José. “Me siento bendecido por Dios”.
Venezuela tiene una de las mayores tasas de inflación del mundo y unos tres cuartos de la población viven con menos de 1,90 dólares al día, un estándar internacional de pobreza extrema. El salario mínimo mensual, que se paga en bolívares aunque la economía funciona con dólares, es el equivalente a 15 dólares. Mucha gente no tiene acceso a agua corriente limpia ni a electricidad. Todas estas aristas empeoraron desde que el tirano Maduro llegó al poder en 2013.
La pandemia hizo que los empleos escasearan aún más en Latinoamérica y el Caribe y convirtió a Estados Unidos en un lugar más atractivo para vivir. Al mismo tiempo, la tensa relación de Washington con Caracas hace muy difícil expulsar a los migrantes venezolanos dentro de una norma de la pandemia conocida como Título 42, y que emplean las autoridades para negar a la gente la oportunidad de pedir asilo con el argumento de impedir contagios de COVID-19.
Ante presiones del gobierno de Biden, México introdujo restricciones a los vuelos para limitar la inmigración venezolana solicitándoles visa para impedir llegar por esa vía a Estados Unidos, pero entonces muchos optaron por el peligroso viaje por tierra.
El año pasado también llegaron más migrantes de Cuba y Nicaragua a EEUU. En total, los migrantes fueron detenidos 203.597 veces en la frontera en agosto, o 2,15 millones de veces desde octubre, lo que superaba los dos millones por primera vez en un año fiscal del gobierno.
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió que EEUU intenta “utilizar políticamente el sufrir de un grupo de la población venezolana, que ante las sanciones y la guerra económica tomó una decisión personal de emigrar a otros lugares”.
En un acto televisado por medios estatales, el tirano afirmó que EEUU había tratado de destruir su país y acusó a Biden de “atacar a Venezuela, atacar a Cuba y atacar a Nicaragua”.
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