CARACAS.- Organizaciones no gubernamentales y políticas denuncian el incumplimiento de las normativas electorales por parte del régimen de Nicolás Maduro, desde el inicio de la campaña electoral en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio.
La campaña presidencial en Venezuela inició formalmente el pasado jueves 4 de julio, en un escenario polarizado que encabezan el candidato oficialista Nicolás Maduro, quien busca la reelección, y el abanderado de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia.
La Ley Orgánica de Procesos Electorales, el Reglamento General de la Lopre y la Ley Contra la Corrupción establecen los parámetros que deben seguirse con respecto a la propaganda electoral los días antes de los comicios, a los que deben apegarse los medios de comunicación social, funcionarios públicos y entes gubernamentales.
La ONG venezolana Voto Joven denunció el uso de cuentas institucionales en redes sociales para hacer propaganda electoral a favor de Nicolás Maduro, lo que demuestra la falta de condiciones, equidad y competitividad durante la campaña electoral para los comicios presidenciales, que se extenderá hasta el 25 de julio.
Durante una entrevista al medio venezolano Unión Radio, Wanda Cedeño, coordinadora nacional de la ONG Voto Joven, destacó los casos de algunos ministerios y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que incurrieron en violaciones a las leyes electorales, al publicar mensajes en las redes sociales que muestran apoyo al candidato del oficialismo.
Esta acción es considerada una violación directa al reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), que en su artículo 222 señala que “los organismos públicos nacionales, estadales o municipales no podrán realizar publicidad y propaganda electoral, y en tal sentido, difundir mensajes destinados a promover, auspiciar o favorecer determinadas candidaturas”.
“El funcionario público que, abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionada o sancionado con prisión de un (1) año a tres (3) años”, se lee también en el artículo 75 de la norma antes señalada.
Cedeño manifestó, además, que el régimen incurre en ciertas irregularidades relacionadas con el uso de recursos públicos a través de instituciones públicas, para impulsar la candidatura de Nicolás Maduro, lo que de acuerdo con las normativas vigentes constituye una violación de las disposiciones legales.
Recordó que estas advertencias fueron hechas por la misión de observación electoral de la Unión Europea durante las elecciones regionales y municipales celebradas en la nación suramericana en 2021, cuando exhortó al Poder Electoral venezolano a realizar una mayor capacidad de fiscalización frente a estas situaciones.
Ventajismo del régimen
Por su parte, desde el Movimiento al Socialismo (MAS) denunciaron el ventajismo, abuso de poder, utilización de medios públicos y recursos del Estado por parte de la dictadura chavista, cuando las normas electorales no permiten la propaganda electoral financiada con fondos públicos.
“Uno de los artículos de la gaceta electoral establece un máximo de tres minutos diarios de participación de los candidatos en los medios audiovisuales. Le pregunto al canal del Estado VTV si conoce esta disposición legal”, expuso la vicepresidenta del MAS, María Verdeal en rueda de prensa.
Verdeal advirtió que estas irregularidades en la campaña electoral podrían incrementarse aún más, debido al rechazo popular que tiene Nicolás Maduro, una situación de la que ellos están consientes que pone en riesgo su permanencia en el poder.
Instituciones públicas favorecen a Maduro
La ONG Laboratorio de Paz indicó que durante el inicio de la campaña electoral, “más del 50% de los perfiles en Instagram de las instituciones públicas estaban haciendo campaña por el candidato Nicolás Maduro, violando la normativa electoral”.
Laboratorio de Paz precisó, a su vez, que de 24 ministerios en que funcionan en Venezuela, el 58,8 % estaba usando sus perfiles institucionales para hacer campaña por el candidato Nicolás Maduro. Asimismo, destacó el uso de recursos públicos en propaganda proselitista a favor del candidato oficialista en sitios web de instituciones públicas, así como la movilización de transporte público para favorecer la campaña del candidato oficialista.
Mientras que Perkins Rocha, asesor del comando de campaña de María Corina Machado, denunció la inclusión de mensajes proselitistas en un video transmitido en canales nacionales del Estado de forma obligatoria, bajo el amparo del artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, TV y Medios Electrónicos.
Las distintas organizaciones insisten en que debería haber un control por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), al servicio del régimen, sobre el uso de recursos para la campaña electoral y exigen que cumpla su papel como ente fiscalizador.