MIAMI.- El Instituto Casla solicitó este jueves al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que emita órdenes de aprehensión contra el oficialista Nicolás Maduro y otros funcionarios de alto rango de la cúpula chavista al considerarlos responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Mediante un comunicado el organismo acusó al régimen chavista de ejercer represión sistemática generalizada contra opositores, manifestantes, periodistas y civiles que salieron a las calles a defender su voluntad soberana expresada el 28 de julio.
Enfatizó, a su vez, que la alarmante represión sistemática generalizada, la persecución, intimidación, detenciones arbitrarias, torturas, violación y cualquier otra forma de violencia sexual “no han cesado en Venezuela”.
La institución recordó que, tras los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, se han registrado más de 2500 personas detenidas, según datos oficiales de organizaciones. Los detenidos, en su mayoría, han sido sometidos a “desapariciones forzadas temporales, torturas físicas y psicológicas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, intimidación y amenazas”, por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del régimen.
Régimen se aferra al poder
El Instituto Casla considera que estas acciones regresivas contra los venezolanos que fueron condenadas de “terrorismo de Estado” por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), demuestran que el la dictadura chavista no está dispuesta a cesar la represión, sino a desatar su “furia” contra la población y la dirigencia opositora para perpetuarse en el poder.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, proclamó a Nicolás Maduro presidente electo de Venezuela para un próximo periodo, pese a no haber ganado los pasados comicios electorales. Dichos resultados han sido cuestionados de fraude por la oposición venezolana y la comunidad internacional.
En consecuencia, la oposición Venezolana, liderada por María Corina Machado, asegura que quien resultó ganador fue el abanderado de la Plataforma Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, con más del 60% de los sufragios.
“La represión y persecución sistemática generalizada continua, se agrava, no se detiene. Nicolás Maduro está dispuesto a continuar con los crímenes por el cual el Estado está siendo investigado, con tal de mantenerse en el poder, a costa de la vida de los venezolanos”, enfatizó.
En un informe emitido el pasado mes de julio, la organización denunció las irregularidades cometidas por el oficialismo desde que inició la contienda electoral en Venezuela y calificó el proceso como “las peores elecciones que ha podido seguir».
Entre las incidencias destacó las desventajas absolutas, la persecución sistemática, el acoso, intimidación, amenazas y encarcelamiento de opositores y miembros y gestos de mesa, así como distintas violaciones a la ley electoral venezolana durante el proceso electoral.
Orden de arresto contra funcionarios de inteligencia
El mes de julio, el instituto solicitó también a la CPI que emitiera órdenes de arresto contra cuatro funcionarios de alto rango de cuerpos de inteligencia y policiales venezolanos.
En la petición señaló a agentes de La Dirección General de Contrainteligencia Milita (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
La solicitud, según Casla, estuvo amparada en el Artículo 58 del Estatuto de Roma, que establece que en cualquier momento luego de haber iniciado la intervención, la Sala de Cuestiones Preliminares puede dictar una orden de aprehensión si tras examinar las pruebas se llega a la conclusión de que se ha cometido un crimen bajo su jurisdicción.
Argumentó en aquel momento tener múltiples casos de denuncias de víctimas, familiares y testigos que acusan a estos funcionarios de represión y persecución sistemática, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y persecución política que continúan sometiéndose en la nación suramericana.
Por lo que considera que estas personas han cometido crímenes graves y que “su arresto es necesario para impedir que sigan cometiendo crímenes o crímenes conexos”.
“El Instituto Casla lleva sendos expedientes con múltiples casos de denuncias de víctimas, familiares y testigos que han acusado y señalado a estas personas directamente, como parte de la represión y persecución sistemática que el Estado venezolano ejecuta contra la población civil y militar”, indica el comunicado.