El expresidente Donald Trump, víctima de un visible e insólito hostigamiento por parte de la izquierda y la extrema izquierda, obtuvo esta semana una victoria frente al intento de sacar al líder republicano de la política estadounidense.
La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió la transferencia de documentación financiera del expresidente a un grupo de legisladores demócratas y de extrema izquierda, cuyo único objetivo es incriminarlo -sin evidencias- judicialmente y así sacarlo del escenario político del país. Y es que Trump se convirtió en el 2016 en el enemigo número uno de la izquierda, el llamado Estado Profundo y la extrema izquierda. Todos con claras intenciones de transformar y destruir las bases tradicionales y la economía de la nación estadounidense.
Una comisión de la Cámara de Representantes (baja), calificada totalmente de ilegítima por los republicanos e independientes, en manos de los demócratas, reclama desde 2019 los documentos enviados al departamento de Hacienda por Trump entre 2015 y 2020.
Después de muchos episodios, una corte federal de apelaciones finalmente autorizó la semana pasada a las autoridades fiscales a entregar estos documentos a la comisión, lo que podría haber ocurrido justo antes de las elecciones de medio mandato del 8 de noviembre.
Sin embargo, la Corte Suprema en Washington desestimó la acción de esa entidad judicial.
Sin embargo, esta extrema izquierda parece estar obsesionada con el expresidente y se vale del artilugio de la “justicia” como vela en su agenda radical. No es la primera vez, ni será la última, que se valgan de una camada de jueces y fiscales comprometidos hasta el tuétano para impulsar sus descabelladas estrategias.
Ahora, un juez de Manhattan anunció que designará un interventor independiente para el imperio de bienes raíces del expresidente Donald Trump, lo que restringiría la capacidad de la empresa para hacer acuerdos libremente, vender activos y cambiar su estructura empresarial.
El juez Arthur Engoron ordenó el interventor para la Organización Trump mientras preside una demanda en la que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, alega que Trump y su compañía engañaron rutinariamente a los bancos y a otros sobre el valor de activos como campos de golf y hoteles que llevan su apellido. El mismo discurso sin efecto, pero capaz de armar “bulla” política.
Engoron, en una orden de 11 páginas, prohibió a la Organización Trump vender o transferir cualquier activo no monetario sin avisar al tribunal y a la oficina de James con 14 días de antelación. El interventor, que aún no ha sido nombrado, estará a cargo de garantizar el cumplimiento de la orden y reportará inmediatamente cualquier violación a la corte y a los abogados de ambas partes.
La Organización Trump también debe, según la orden, dar al interventor acceso a sus declaraciones financieras, a valuaciones de activos y a otra información; debe proporcionar una descripción completa y precisa de la estructura de la empresa, y debe notificar al interventor con al menos 30 días de antelación cualquier posible reestructuración, refinanciación o venta de activos.
Por si fuera poco, la compañía de Trump también debe de pagar por los servicios del interventor.
Engoron es un enemigo declarado y su decisión de designar un interventor es el fallo más reciente que ha hecho contra Trump o sus intereses. Mientras presidía las disputas sobre las citaciones emitidas en la investigación de James, el juez declaró a Trump en desacato y le impuso una multa de 110.000 dólares después de que tardara en entregar documentos, y lo obligó a declarar. En ese testimonio, Trump invocó su protección de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación más de 400 veces.
La fiscal general del estado de Nueva York presentó este año una demanda civil contra Donald Trump y tres de sus hijos en la investigación sobre las prácticas fiscales de su empresa, la Organización Trump, reforzando la presión de la justicia sobre el expresidente estadounidense.
Letitia James, una funcionaria electa demócrata, ha indicado que busca 250 millones de dólares en reparaciones en nombre del estado de Nueva York, así como la prohibición de dirigir empresas para Donald Trump y sus hijos Donald Trump Jr, Ivanka Trump y Eric Trump.
El 45º presidente de Estados Unidos (2017-2021), que evalúa volver a postularse en 2024, aún no ha sido procesado penalmente en ninguno de estos casos.
En su red social Truth Social, el expresidente denunció «una nueva caza de brujas», acusando a James de persecución política. «Letitia James, que fracasó en su candidatura a gobernadora y no obtuvo casi ningún apoyo del público”
«Letitia James es la fiscal más corrupta de la historia de Estados Unidos», añadió su hijo Eric Trump, procesado como vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump.
«¡Una historia de dos sistemas de justicia: sí, ¡en la que los delincuentes quedan libres y los demócratas solo persiguen a sus oponentes políticos!», escribió por su parte la vocera de Trump Liz Harrington en Truth Social.
Trump ha criticado en reiteradas ocasiones la investigación de la fiscal demócrata, asegurando que mantiene una “cruzada” en su contra, y ha calificado a James como una “fiscal renegada” encargada de un caso que considera “vengativo y egoísta”
Letitia James no trabaja para la oficina del fiscal general, trabaja para el DNC… 49 días antes de su elección (la encuesta más reciente la empató con un republicano en el estado de Nueva York» dijo por su parte Erick Trump.
Entretanto el exfiscal general Bill Barr dijo que la demanda de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, contra el expresidente Trump y sus tres hijos, es un “golpe político”.
Pero los tentáculos demócratas llegan a Florida y el juez magistrado federal del estado del sol, Bruce Reinhart, que firmó la orden de allanamiento para la redada del FBI en Mar-a-Lago, residencia del expresidente Donald Trump fue donante a la campaña presidencial de Barack Obama en 2008 y había sido criticado previamente por representar a ex empleados de Jeffrey Epstein en relación con su escándalo de tráfico sexual.
Luego, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se opuso a publicar el documento judicial que expone los motivos que llevaron al FBI a registrar la casa de Donald Trump en Florida.
Varios medios de comunicación y congresistas pidieron al juez de Florida que publique esta declaración jurada que posibilitó el allanamiento de la mansión en Mar-a-Lago, el cual desató una tormenta política en un país ya de por sí dividido.
El allanamiento a la residencia de un expresidente de Estados Unidos no tenía precedentes.
Expertos señalan que existe un claro esfuerzo para inhabilitar la anticipada candidatura de Trump en las elecciones presidenciales de 2024 y un posible amedrentamiento de la oposición conservadora, así califican tanto líderes republicanos como partidarios de la administración Biden, el allanamiento de la residencia del expresidente Donald Trump en Palm Beach el lunes 8 de agosto.
El exjefe de contraterrorismo del FBI, Bill Mudd, dijo a CNN que el expresidente, Trump mantiene su autorización de seguridad y que tal práctica no es inusual en el gobierno. “Yo también tuve material clasificado en casa y nunca me preocupé de que irrumpieran en mi domicilio”, dijo.
El abogado venezolano Edgar López, quien ha estudiado casos de amedrentamiento contra opositores del régimen chavista en su país, confiesa ver ciertas similitudes con actos que precedieron la inhabilitación de al menos tres candidatos presidenciales, opositores a los mandatarios Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Trump aseguró que fue “un asalto a un oponente político a un nivel nunca visto» en su país. A su vez, calificó la actuación del FBI de «tercermundista».