Los penalistas aceptaron la petición de la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno de prolongar la retención de la expresidenta transitoria porque, según las entidades, ella se podría fugar y podría obstaculizar el caso que tiene en su contra. Además, los jueces respaldaron la idea de un escape alegando que Áñez tiene un pasaporte vigente y los recursos necesarios para salir del país.
Dos meses más de prisión para la expresidenta interina Jeanine Áñez. Eso fue lo que resolvió este sábado 20 de marzo la sala penal del Tribunal Departamental de Justicia de Bolivia. En un inicio, la jueza Regina Santa Cruz había ordenado cuatro meses de cárcel preventiva mientras se resolvía el caso en contra de la exmandataria transitoria por acusaciones de sedición y terrorismo.
Los abogados de Áñez apelaron la decisión para que otro juez considerara dejarla en libertad. Fue así que el caso llegó a manos de la sala penal. Pero contrario a lo que solicitaba la defensa, los jueces no solo confirmaron la primera decisión sino que además modificaron el lapso de detención y lo ampliaron hasta los seis meses.
Esta extensión también aplica para dos de los exministros de Áñez, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, quienes también están siendo investigados por un supuesto golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales.
En su decisión, los jueces aceptaron el pedido de los representantes de la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría, quienes sostenían que se necesitaba más tiempo de cárcel ante el riesgo de que Áñez se fugara. Las entidades también pidieron la extensión alegando que la necesitaban para poder realizar todos los pasos de la investigación.
Un traslado de cárcel y una negativa a la hospitalización, lo último en el caso Áñez
La audiencia virtual en la que se impuso la nueva orden contra Áñez duró más de nueve horas y ocurrió poco después de que sus abogados presionaran para que a la expresidenta la trasladaran de la cárcel a una clínica por problemas de hipertensión. Aunque inicialmente un juez aceptó el traslado inmediato, luego la Justicia revirtió su propio fallo y respaldó la postura de la Procuraduría, que sostenía que los médicos especialistas la podían tratar dentro del penal sin que fuera necesario remitirla a un hospital.
Después de eso, cambiaron de cárcel a Áñez de manera inesperada en la madrugada del pasado sábado y la trasladaron del penal de Obrajes a la prisión Miraflores, ambos ubicados en La Paz. Mientras la exmandataria gritó ante las cámaras que la habían llevado allí engañada diciéndole que sí la iban a llevar al hospital, las autoridades argumentan el traslado diciendo que en Miraflores contará con los equipos que se necesitan para hacerle un seguimiento a su estado de salud.
Ante todas las vueltas que ha dado el caso de Áñez, uno de sus abogados habló sobre la última decisión. «No nos sorprende», puntualizó Luis Guillén, en referencia a la ampliación de la detención preventiva contra su defendida. Guillén admitió que estos procesos «tienen larga duración» y que en cierto modo llegan a ser «tortuosos» por todo el proceso que se debe seguir en el marco de la investigación.
¿Por qué investigan a la expresidenta interina de Bolivia?
Áñez y los dos exministros están siendo investigados por los cargos de «terrorismo, sedición y conspiración». Los tres están acusados de haber promovido un golpe de Estado en noviembre de 2019, en el marco de las elecciones que, según la Organización de Estados Americanos, tuvieron «irregularidades graves».
Evo Morales ganó las presidenciales de ese momento por un estrecho margen. Lo que siguió después varía según quién cuente la historia: unos hacen hincapié en que la fuerza pública retiró su apoyo al mandatario, y por ello Morales, con unos comicios cuestionados, optó por renunciar; mientras que otros defienden que en efecto hubo un golpe de Estado, que derivó en Áñez proclamándose presidenta interina.
Desde entonces, el país ha estado dividido en torno a si fue un golpe de Estado orquestado por la oposición de derecha, como asegura Morales; o una transición legal del poder, como argumenta la conservadora Áñez.
Por eso es que el caso judicial no ha estado exento de polémica en Bolivia. Por un lado, los seguidores de Evo Morales consideran que la investigación contra la expresidenta interina es un paso para hacer justicia por la muerte de más de 30 personas durante las protestas en noviembre de 2019.
Por otro lado, quienes respaldan a la política sostienen que la Justicia boliviana está politizando el caso y para ello recuerdan señalamientos pasados contra altos funcionarios, como que el fiscal general Fausto Juan Lanchipa figuró como militante del partido político de Morales –según denunció el medio Página Siete– o que en su posesión como procurador general, Wilfredo Chávez alzó su puño izquierdo como lo hacen los miembros del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
Es en medio de estas polémicas que continuará la investigación contra Áñez. Mientras, la exmandataria de transición seguirá recluida en la cárcel.
Fuente: France24