VICTORIA — Un juez federal de Texas ratificó el viernes una pieza clave de la política de inmigración del presidente Joe Biden que permite la entrada en Estados Unidos de un número limitado de inmigrantes de cuatro países por motivos humanitarios, con lo que desestima un recurso interpuesto por estados con gobiernos republicanos que afirmaban que el programa suponía una carga económica para ellos.
Como una respuesta a la crisis migratoria que enfrenta el país, el gobierno federal permite desde fines de 2022 a ciudadanos de Venezuela y desde 2023 a naturales de Cuba, Haití y Nicaragua a solicitar la entrada a Estados Unidos por razones humanitarias para una estancia temporal de hasta dos años. Deben ser patrocinados por una persona con permanencia legal en el territorio.
El juez de distrito Drew B. Tipton, de Victoria, Texas, falló a favor del programa de permisos condicionales humanitarios, con el cual Estados Unidos admite hasta 30.000 solicitantes de asilo al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en conjunto.
No hay «ilegalidad» en el programa
Texas y otros 20 estados que presentaron la demanda argumentaron que el programa les obliga a gastar millones en atención médica, educación y seguridad pública para los inmigrantes.
El juez Tipton, dijo que «los demandantes no han demostrado que Texas haya sufrido un daño». «Esta corte no ve ilegalidad en el programa», agregó en su resolución.
Un abogado que trabaja para la fiscalía general de Texas en la impugnación ante la corte dijo que el programa “creó un sistema de inmigración alterno”. El Programa del «parole humanitario» permite el ingreso de 360.000 ciudadanos de los 4 países en un año.
Los defensores del gobierno federal replicaron que los inmigrantes admitidos a través de esta política ayudaban a paliar la escasez de mano de obra agrícola en Estados Unidos. Es muy probable que se apele la decisión.
Tipton fue designado por el expresidente Donald Trump, y falló contra el gobierno de Biden en 2022 sobre una orden que determinaba a quién priorizar para deportación.
Caos migratorio, un tema de campaña
La crisis migratoria es un tema clave en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 donde, salvo sorpresas, el republicano Donald Trump enfrentará al demócrata Biden que busca la reelección.
Trump y sus aliados, acusan a Biden de permitir una «invasión» en el país, en momentos en que los cruces irregulares desde México, principalmente de personas provenientes de América Latina, alcanzan cifras récord.
Biden responsabiliza a Trump de tratar de boicotear en el Congreso la aprobación de su plan para atender la crisis, y que busca dotar de más recursos y personal para seguridad fronteriza y procesamiento de pedidos de asilo. Pero Biden ignoró por tres años la crisis migratoria, los pedidos de ayuda de las ciudades afectadas por la ola de inmigrantes que se han convertido en carga pública.
Más de 9 millones de encuentros de migrantes registra la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) desde enero de 2021, fecha en que Biden asumió la presidencia.
«Estamos agradecidos de que este programa pueda seguir siendo una fuente de esperanza y alivio para cientos de miles de personas que enfrentan condiciones extremas en sus países de origen», dijo en un comunicado la presidenta de la ONG Global Refuge, Krish O’Mara Vignarajah.
Una medida similar de «parole» se ha aplicado a ciudadanos ucranianos que huyeron por el conflicto con Rusia.
Miles han ingresado
Desde que el programa comenzó a finales de 2022 hasta diciembre de 2023, 386.000 migrantes ingresaron a EEUU mediante ese sistema de ‘parole humanitario’ para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han recibido un permiso condicional humanitario y se les ha permitido ingresar a Estados Unidos, según cifras de las autoridades fronterizas.
Los haitianos han sido por mucho los que más han usado el programa: han llegado 138.000 personas de ese país. Después de ellos se ubican 86.000 venezolanos, 74.000 cubanos y 58.000 nicaragüenses.
Los migrantes deben presentar una solicitud en línea, llegar en avión y tener un patrocinador financiero en Estados Unidos. Si se aprueba su ingreso, pueden quedarse dos años y obtener un permiso de trabajo.