Un juez federal en Louisiana bloqueó la suspensión ordenada a finales de enero por el presidente Joe Biden sobre nuevos arrendamientos de petróleo y gas en terrenos y agua federales.
El fallo del juez de distrito, Terry Doughty, ocurre tras una demanda presentada en marzo por el fiscal general de Louisiana, Jeff Landry, y funcionarios de otros 12 estados. El fallo de Doughty, que otorga una orden judicial preliminar a esos estados, indica que su sentencia se aplica en todo el país.
Los 13 estados dijeron que la actual Administración Biden pasó por alto estipulaciones legales requeridas para acometer tales demoras.
La moratoria se impuso después de que el presidente demócrata Joe Biden firmara el 27 de enero órdenes ejecutivas para revertir la independencia energética estadounidense lograda por primera vez por su predecesor, el ex presidente Donald Trump.
Biden cerró el oleoducto Keystone XL y sugirió a la gobernadora de Michigan que cerrara la línea 5 de la canadiense Enbrige, medidas que prometió durante su campaña contra la industria de los combustibles fósiles y que ha costado la pérdida miles de empleos respaldados por el sindicato.
La Casa Blanca eliminó también las sanciones impuestas por Trump al gasoducto ruso Nord Stream 2, lo que permitió a Rusia imponer una ventaja en el mercado energético.
Los abogados federales afirman que el período de notificación y comentarios públicos no se aplica a la suspensión, que las ventas de arrendamiento no son requeridas por ley y que el Secretario del Interior tiene amplia discreción en las decisiones de arrendamiento.
Aunque Landry y los partidarios de la demanda dijeron que la moratoria ya ha elevado los precios y ha puesto en peligro los trabajos de energía, la suspensión de Biden no impidió que las empresas perforaran en los arrendamientos existentes.
Una suspensión a largo plazo de las ventas de petróleo y gas frenaría la producción futura y podría dañar a estados como Louisiana, que dependen en gran medida de la industria del petróleo.
La demanda señala que los estados costeros reciben ingresos significativos de la actividad del petróleo y gas en tierra y en alta mar.
Detener los arrendamientos, argumenta la demanda, disminuiría los ingresos que pagan los esfuerzos de Louisiana para restaurar los humedales costeros, aumentaría los costos de energía y provocaría importantes pérdidas de empleos en los estados productores de petróleo.
Fuente: Diario las Américas
La moratoria se impuso después de que el presidente demócrata Joe Biden firmara el 27 de enero órdenes ejecutivas para revertir la independencia energética estadounidense lograda por primera vez por su predecesor, el ex presidente Donald Trump.
Biden cerró el oleoducto Keystone XL y sugirió a la gobernadora de Michigan que cerrara la línea 5 de la canadiense Enbrige, medidas que prometió durante su campaña contra la industria de los combustibles fósiles y que ha costado la pérdida miles de empleos respaldados por el sindicato.
La Casa Blanca eliminó también las sanciones impuestas por Trump al gasoducto ruso Nord Stream 2, lo que permitió a Rusia imponer una ventaja en el mercado energético.
Los abogados federales afirman que el período de notificación y comentarios públicos no se aplica a la suspensión, que las ventas de arrendamiento no son requeridas por ley y que el Secretario del Interior tiene amplia discreción en las decisiones de arrendamiento.
Aunque Landry y los partidarios de la demanda dijeron que la moratoria ya ha elevado los precios y ha puesto en peligro los trabajos de energía, la suspensión de Biden no impidió que las empresas perforaran en los arrendamientos existentes.
Una suspensión a largo plazo de las ventas de petróleo y gas frenaría la producción futura y podría dañar a estados como Louisiana, que dependen en gran medida de la industria del petróleo.
La demanda señala que los estados costeros reciben ingresos significativos de la actividad del petróleo y gas en tierra y en alta mar.
Detener los arrendamientos, argumenta la demanda, disminuiría los ingresos que pagan los esfuerzos de Louisiana para restaurar los humedales costeros, aumentaría los costos de energía y provocaría importantes pérdidas de empleos en los estados productores de petróleo.
Fuente: Diario las Américas