El Ministerio Público de Bolivia anunció el martes el inicio de una investigación en contra de la expresidenta interina Jeanine Áñez, la acusa por las muertes de simpatizantes de Evo Morales en la crisis producida en 2019, tras el fraude electoral. En paralelo, un juez le negó nuevamente un pedido de libertad.
El fiscal general Juan Lanchipa explicó en rueda de prensa que el inicio de las investigaciones fueron admitidas después de que 20 personas realizaron denuncias sobre los “hechos luctuosos registrados en Senkata y Sacaba en noviembre de 2019 por los delitos de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte”.
Añadió que «en caso de que corresponda, se remitirá la correspondiente petición acusatoria a la Asamblea Legislativa Plurinacional para la posterior autorización de juicio de responsabilidades”.
Áñez ha pasado más de 100 días detenida en una cárcel de manera preventiva por otra investigación: un supuesto caso de terrorismo, sedición y conspiración cuando fue senadora, antes de asumir la presidencia. Desde marzo, la Fiscalía no ha concluido la primera investigación y tampoco ha presentado pruebas sobre el caso que incriminen a Áñez.
“No quiero escapar a los procesos, pero hemos llegado al punto de rogar por un cambio: cárcel por casa”, dijo Áñez en su audiencia antes de que el juez le negara el pedido de libertad.
Por el mismo caso, dos exministros y dos jefes militares fueron enviados a la cárcel mientras que el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, William Kaliman, está bajo arresto domiciliario.
El excomandante de la Fuerza Área de Bolivia, el general Gonzalo Terceros, declaró ante la Fiscalía que Morales y su entonces vicepresidente, Álvaro García Linera, amenazaron con que afines a su partido podían haber quemado La Paz porque buscaban salir a México. Posteriormente Morales se fue exiliado a Argentina y desde allí retornó al país el año pasado. Pero los casos de Morales y García fueron cerrados por las autoridades judiciales.
La oposición ha pedido que Morales sea incluido en la investigación, pero la justicia en Bolivia es parcializada a favor del presidente del MAS.
La crisis tras las elecciones de 2019 derivó en la renuncia de Morales y 36 fallecidos tras las protestas entre simpatizantes y críticos al exmandatario.
El caso ha generado una confrontación entre la oposición —que acusa a Morales de haber montado un fraude electoral en octubre de 2019 para reelegirse por cuarta vez— y su heredero político, el actual presidente, Luis Arce, cuyo partido Movimiento al Socialismo (MAS) acusa a opositores y militares de haber perpetrado un «golpe de Estado».
En tanto, en el país se espera la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI –Bolivia), conformado por seis expertos que arribaron al país el 23 de noviembre, quienes se reunieron con las familias de los fallecidos y exautoridades entre otros.
Fuente: Diario las Américas
Áñez ha pasado más de 100 días detenida en una cárcel de manera preventiva por otra investigación: un supuesto caso de terrorismo, sedición y conspiración cuando fue senadora, antes de asumir la presidencia. Desde marzo, la Fiscalía no ha concluido la primera investigación y tampoco ha presentado pruebas sobre el caso que incriminen a Áñez.
“No quiero escapar a los procesos, pero hemos llegado al punto de rogar por un cambio: cárcel por casa”, dijo Áñez en su audiencia antes de que el juez le negara el pedido de libertad.
Por el mismo caso, dos exministros y dos jefes militares fueron enviados a la cárcel mientras que el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, William Kaliman, está bajo arresto domiciliario.
El excomandante de la Fuerza Área de Bolivia, el general Gonzalo Terceros, declaró ante la Fiscalía que Morales y su entonces vicepresidente, Álvaro García Linera, amenazaron con que afines a su partido podían haber quemado La Paz porque buscaban salir a México. Posteriormente Morales se fue exiliado a Argentina y desde allí retornó al país el año pasado. Pero los casos de Morales y García fueron cerrados por las autoridades judiciales.
La oposición ha pedido que Morales sea incluido en la investigación, pero la justicia en Bolivia es parcializada a favor del presidente del MAS.
La crisis tras las elecciones de 2019 derivó en la renuncia de Morales y 36 fallecidos tras las protestas entre simpatizantes y críticos al exmandatario.
El caso ha generado una confrontación entre la oposición —que acusa a Morales de haber montado un fraude electoral en octubre de 2019 para reelegirse por cuarta vez— y su heredero político, el actual presidente, Luis Arce, cuyo partido Movimiento al Socialismo (MAS) acusa a opositores y militares de haber perpetrado un «golpe de Estado».
En tanto, en el país se espera la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI –Bolivia), conformado por seis expertos que arribaron al país el 23 de noviembre, quienes se reunieron con las familias de los fallecidos y exautoridades entre otros.
Fuente: Diario las Américas