Un juez de El Salvador ordenó la detención preventiva del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) por su presunta participación en un caso de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que ascendería a unos 350 millones de dólares, informó la fiscalía.
Según las autoridades migratorias, Sánchez Cerén dejó el país en noviembre del año pasado con destino a Nicaragua, por lo que el juez «ha resuelto librar oficio a Interpol» para que sea localizado y puesto a disposición de la justicia, declaró la fiscal Maricela Velásquez.
Además del exmandatario, el juez solicitó la captura de varios exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes (2009-20014) por los mismos delitos, cuatro de los cuales también se encuentran fuera del país, por lo que cursó sendos pedidos a Interpol.
Se trata de los exministros Lina Pohl (Medio Ambiente), Manuel Melgar (Justicia y Seguridad), Gerson Martínez (Obras Públicas) y José Guillermo López (Agricultura).
Otros cinco exministros -Cárlos Cáceres (Hacienda), Violeta Menjívar (Salud), y los exviceministros Calixto Mejía (Trabajo), Erlinda Handal (Tecnología) y Hugo Flores (Agricultura)- fueron detenidos el 22 de julio.
Cáceres, Mejía y Flores fueron recluidos en el penal La Esperanza, conocido como Mariona, al norte de San Salvador, informó la secretaría de Prensa de la Presidencia.
Menjívar y Handal fueron internadas en Cárcel de Mujeres, en Ilopango, al este de San Salvador.
«El señor juez conoció tanto de los imputados presentes como de los imputados ausentes, y su resolución fue decretar detención provisional para las diez personas procesadas», dijo a la prensa la fiscal.
«Caerán todos»
Los ilícitos habrían sido cometidos en el primer gobierno de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que encabezó Mauricio Funes, de quien Sánchez Cerén fue vicepresidente.
En 2016, Funes también huyó a Nicaragua, donde obtuvo asilo y luego la nacionalidad.
Según la fiscal Velásquez, el juez determinó que «existían elementos suficientes para considerar la existencia de los delitos de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero y activos».
«El FMLN tenía el mandato popular de acabar con la corrupción de ARENA (Alianza Republicana Nacionalista, derecha), pero decidieron unirse a ellos», dijo en Twitter el presidente Nayib Bukele.
«No vamos a cometer el mismo error. Todos los corruptos irán a la cárcel, los del pasado, los del presente y los del futuro, así sean de nuestro mismo partido. Caerán todos», añadió.
Por su parte, el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, rechazó la resolución del juez y lamentó que «se cerraron las posibilidades de desmontar la estructura de pruebas que desde el inicio se presentaron con una serie de irregularidades».
La detención provisional de los imputados es por el período de seis meses mientras la fiscalía aporta las pruebas incriminatorias y se depura el proceso que se inició el pasado jueves.
Los acusados «contribuyeron al desfalco que le costó más de 350 millones de dólares al Estado salvadoreño», dijo entonces el fiscal general Rodolfo Delgado.
«El dinero era entregado en casa presidencial (…) en forma mensual y constituía una adición al salario que por ley debían devengar por ejercer la función pública», explicó.
Delgado dijo que la investigación se inició en 2019 y es «una derivación» del caso denominado «Saqueo Público» de 2009-2014, cuando la Asamblea Legislativa aprobó 80,8 millones de dólares para un período de cinco años en concepto de «gastos reservados» de la presidencia.
Lo defraudado al final del período ascendió a 351 millones de dólares por las transferencias de fondos que fueron autorizados por el ministerio de Hacienda, sin la debida autorización del Congreso.
Fuente: Diario las Américas
Se trata de los exministros Lina Pohl (Medio Ambiente), Manuel Melgar (Justicia y Seguridad), Gerson Martínez (Obras Públicas) y José Guillermo López (Agricultura).
Otros cinco exministros -Cárlos Cáceres (Hacienda), Violeta Menjívar (Salud), y los exviceministros Calixto Mejía (Trabajo), Erlinda Handal (Tecnología) y Hugo Flores (Agricultura)- fueron detenidos el 22 de julio.
Cáceres, Mejía y Flores fueron recluidos en el penal La Esperanza, conocido como Mariona, al norte de San Salvador, informó la secretaría de Prensa de la Presidencia.
Menjívar y Handal fueron internadas en Cárcel de Mujeres, en Ilopango, al este de San Salvador.
«El señor juez conoció tanto de los imputados presentes como de los imputados ausentes, y su resolución fue decretar detención provisional para las diez personas procesadas», dijo a la prensa la fiscal.
«Caerán todos»
Los ilícitos habrían sido cometidos en el primer gobierno de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que encabezó Mauricio Funes, de quien Sánchez Cerén fue vicepresidente.
En 2016, Funes también huyó a Nicaragua, donde obtuvo asilo y luego la nacionalidad.
Según la fiscal Velásquez, el juez determinó que «existían elementos suficientes para considerar la existencia de los delitos de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero y activos».
«El FMLN tenía el mandato popular de acabar con la corrupción de ARENA (Alianza Republicana Nacionalista, derecha), pero decidieron unirse a ellos», dijo en Twitter el presidente Nayib Bukele.
«No vamos a cometer el mismo error. Todos los corruptos irán a la cárcel, los del pasado, los del presente y los del futuro, así sean de nuestro mismo partido. Caerán todos», añadió.
Por su parte, el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, rechazó la resolución del juez y lamentó que «se cerraron las posibilidades de desmontar la estructura de pruebas que desde el inicio se presentaron con una serie de irregularidades».
La detención provisional de los imputados es por el período de seis meses mientras la fiscalía aporta las pruebas incriminatorias y se depura el proceso que se inició el pasado jueves.
Los acusados «contribuyeron al desfalco que le costó más de 350 millones de dólares al Estado salvadoreño», dijo entonces el fiscal general Rodolfo Delgado.
«El dinero era entregado en casa presidencial (…) en forma mensual y constituía una adición al salario que por ley debían devengar por ejercer la función pública», explicó.
Delgado dijo que la investigación se inició en 2019 y es «una derivación» del caso denominado «Saqueo Público» de 2009-2014, cuando la Asamblea Legislativa aprobó 80,8 millones de dólares para un período de cinco años en concepto de «gastos reservados» de la presidencia.
Lo defraudado al final del período ascendió a 351 millones de dólares por las transferencias de fondos que fueron autorizados por el ministerio de Hacienda, sin la debida autorización del Congreso.
Fuente: Diario las Américas